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| 11/19/2011 12:00:00 AM

La Cámara tiembla

Ya dos representantes han perdido la investidura por tener familiares en alcaldías. En la plenaria se habla de que 14 podrían perder la curul. ¿Qué está pasando?

Desde febrero varios congresistas no duermen tranquilos. En ese mes, el Consejo de Estado expidió un fallo con el cual perdió la curul Noel Ricardo Valencia, elegido representante a la Cámara 11 meses atrás por el departamento de Risaralda.

La decisión era muy clara: cuando Valencia ganó las elecciones, su esposa, Luz Betancur, era la alcaldesa del municipio de Dosquebradas de ese departamento. Y la Constitución prohíbe que sean elegidos congresistas quienes durante el año anterior a la fecha de las elecciones tengan parientes que ejerzan algún tipo de autoridad política o civil.

La noticia cayó como un balde de agua fría en el Congreso. En parte porque, según algunos congresistas, el Consejo de Estado estaba cambiando la jurisprudencia que existía sobre el tema. Y en la plenaria de la Cámara, incluso, comenzaron a hablar, con lista en mano, de que por lo menos 14 congresistas iban a perder la curul.

No era para menos. Cualquiera que tuviera un tío, un hermano, un sobrino o hasta el suegro, en un cargo que ordene gasto en una alcaldía, en una secretaría o incluso en cualquier dirección del gobierno nacional, estaba expuesto a no pasar al escrutinio del Consejo de Estado.

Cuando la tranquilidad estaba volviendo al Capitolio, de repente, la semana pasada, se conoció otro fallo similar: Libardo García Guerrero, representante a la Cámara por Magdalena, perdió su investidura porque fue elegido cuando su padre, Libardo García Nassar, era alcalde de Fundación, Magdalena. La sentencia del alto tribunal dice que además de la prohibición que plantea la Carta, "el vínculo de parentesco existente entre el demandado y el alcalde de Fundación, fue decisivo en la votación obtenida para alcanzar la curul, si se tiene en cuenta que gran parte de los votos obtenidos provino precisamente del referido municipio, donde alcanzó la mayor votación del departamento".

Ahora, entonces, se abrió de nuevo el gran interrogante sobre qué puede pasar con por lo menos diez casos más que, según la lista que circuló en la Cámara, pueden haber incurrido en la misma inhabilidad. Hay algunos casos más evidentes.

Mónica Anaya Anaya, representante a la Cámara por Magdalena, por ejemplo, fue elegida cuando su esposo, Enoc Guzmán, era alcalde de Tenerife. Ella ya tiene demandada su elección y el pasado 4 de noviembre tuvo audiencia pública. En su caso, como en el de Libardo García, la Procuraduría conceptuó que no deberían despojarla de su investidura. 

Otros casos son los de Issa Eljaudé Gutiérrez, quien fue elegido congresista también por Magdalena cuando su hermano, Juan, era director de un hospital público. Y el de Héctor Vergara Sierra, representante por Sucre, cuya elección fue demandada por existir inhabilidad al momento de la elección porque su padre era secretario privado del alcalde de Sincelejo, Antonio Paternina Samur. La mamá de Sierra, además, es prima del alcalde Paternina.

Los demás nombres no han salido a relucir. Tal vez porque para tratar de salvar su investidura muchos están escondiendo debajo de las piedras cualquier pariente que tengan en gobiernos locales o en el nacional.

Curiosamente, la inhabilidad no aplica para el Senado. El argumento, que para muchos es debatible, es que por el hecho de que los senadores se eligen por circunscripción nacional, un alcalde puede no tener mucha influencia sobre la votación del elegido. Sería el caso de Nora García Burgos, cuyo hijo, Marcos Daniel, es el actual alcalde de Montería.

Libardo García argumentó que él se presentó como candidato a la Cámara porque la jurisprudencia anterior del Consejo de Estado lo permitía. Y el alto tribunal fue tajante al responderle que no se guiara por la jurisprudencia de la sección quinta sino por la de la sala plena del mismo.

El tema queda abierto justo ahora, cuando en la Cámara de Representantes deben debatir aspectos tan cruciales para el Consejo de Estado como el de la reforma a la justicia.
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