Viernes, 31 de octubre de 2014

| 2013/02/05 00:00

La carta de los congresistas de EE.UU. a Santos

Les preocupa la inseguridad de los líderes de restitución de tierras en Chocó.

Marcha de respaldo a la Ley de restitución de tierras, en Necoclí, Antioquia, el 11 de febrero del 2012. Foto: Daniel Reina / SEMANA

Siete congresistas demócratas del Congreso de Estados Unidos le enviaron una carta al presidente Juan Manuel Santos el pasado 1 de febrero para expresarle su gran preocupación por las amenazas que enfrentan los líderes de los procesos de restitución de tierras en Colombia.

Los casos que preocupan a los congresistas Henry ‘Hank’ Johnson, James McGovern,  George Millar, Sam Farr, Rosa DeLauro, Barbara Lee y Janice Schakowsky son las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó, ubicadas en Chocó. También le escriben al Gobierno sobre la seguridad de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP), que acompaña a las poblaciones mencionadas.

“Se nos ha informado sobre el aumento del riesgo en contra de los líderes de estas comunidades y del censo de los miembros del comité de Curvaradó y de la cuenca del río Jiguamiandó, quienes están buscando la restitución de tierras de los territorios de propiedad colectiva como parte de su Plan de Acción para la Restitución Administrativa”, explica la carta.  

Además, aseguran que 45 líderes están amenazados en estos momentos, incluidos miembros de zonas humanitarias y zonas de biodiversidad.

De igual manera, los congresistas citan 12 ejemplos que ocurrieron entre el 11 de octubre del 2012 y el 22 de enero del presente año. “Los siguientes hechos se nos han reportado desde diferentes fuentes, por lo que parece haber un patrón, y por los cuales le instamos respetuosamente la intervención de los ministros apropiados al más alto nivel”.

Allí, los demócratas registran amenazas y ejecuciones por parte de grupos paramilitares, intimidaciones por declaraciones respecto a la ocupación ilegal para las plantaciones de palma de aceite y hasta señalamientos del teniente coronel Cortés Rojas del Batallón Selva 54, quien dice que los pobladores que se opusieron a la construcción de bases militares estaban bajo la influencia de las FARC.

También pidieron de manera enfática investigar sobre los asesinatos del líder de la restitución de tierras Manuel Ruiz y su hijo Samir, en marzo del 2012 (ver el relato de sus muertes). Los otros casos para los que solicitan especial atención son las amenazas contra la líder afrocolombiana Maria Ligia Chaverra (ver historia de esta mujer) y el activista Enrique Petro.

Dentro de los requerimientos para el Gobierno y sus ministerios, los congresistas hablaron de desmantelar por completo los grupos paramilitares, investigar amenazas y asesinatos y encontrar a los responsables. También le solicitaron el Ejecutivo “apoyar públicamente la labor legítima de las organizaciones de derechos humanos y el importante rol que estas organizaciones desempeñan en búsqueda de alternativas pacíficas al conflicto y, especialmente, terminar la campaña de difamación en contra del CIJP”.

La misiva, firmada por los siete congresistas, iba con copia a la Embajada de Estados Unidos en Colombia, a la Fiscalía General de la Nación, a los ministerios del Interior y de Justicia, a la Unidad Nacional de Protección y a la Vicepresidencia de la República.

A propósito de esta carta, la oficina de Washington en América Latina (WOLA, Washington Office on Latin America) asegura que es posible que la escalada violenta contra la comunidad de la cuenca del río Cacarica en Chocó esté ligada a la operación Génesis, en la que militares y paramilitares desplazaron cientos de afrodescendientes en el 2007 y torturaron hasta la muerte a Marino López (ver relato completo), cuyo caso está actualmente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Además, WOLA asegura que ha monitoreado recientes hechos de los procesos de restitución de tierras en Colombia y que seguirá haciéndolo hasta que cesen las amenazas.

Leer carta completa.

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