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| 5/14/2015 9:41:00 AM

La carta de los consejeros de Estado a su presidente

En una misiva los magistrados le aclaran que no apoyaron la idea de una constituyente para la justicia.

No ha terminado de pasar la tormenta que produjo la propuesta de la cúpula de la justicia de hacer una constituyente y archivar el proyecto de equilibrio de poderes del Gobierno.

Semana.com conoció una carta que le enviaron los consejeros de Estado a su presidente, Luis Rafael Vergara, en la que se declaran sorprendidos por la postura de la Comisión Interinstitucional de la Justicia y le recuerdan que ese asunto “nunca -en ninguna oportunidad- ha sido contemplado por nuestra corporación”.

Como se recordará, la semana pasada el fiscal, Eduardo Montealegre, y los presidentes del Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura enviaron un documento al Congreso argumentando sus reparos y advirtiendo los posibles vicios de forma que podría tener el proyecto. Agregaron que este no ayudaba a construir la justicia que se necesitaba para la paz. Ambas cosas fueron interpretadas por los congresistas como una amenaza de que el proyecto podría ser tumbado cuando pasara por las altas cortes.

Sin embargo, inmediatamente los integrantes de la Corte Suprema manifestaron su desacuerdo con la postura asumida por su presidente, Leonidas Bustos. En una votación 17-1 lo desautorizaron y aclararon que la firma de él no representaba la posición de esa corporación.

Pero hasta ahora un movimiento similar no se había registrado en otra corte, en especial en el Consejo de Estado, en donde hubo un gran malestar interno por la firma que estampó el presidente Vergara en el documento. En un principio se dijo que Vergara tan solo se había sumado a la voluntad colectiva de esa reunión y que incluso el documento no se había debatido en su totalidad. Sin embargo, los miembros de esa Comisión han aclarado que esa versión no es cierta y que sí hubo tiempo para hacer comentarios y ajustes. Lo que sí se sabe es que el fiscal llevó ya un borrador del documento.

Los consejeros de Estado debatieron mucho internamente cómo procederían frente a su cabeza. Decidieron que no iban a hacer algo tan público como la Corte Suprema para preservar el honor y la unidad de esa corporación. Entonces durante varios días redactaron entre todos una carta que circuló por correo electrónico para comentarios.

El tono de la misiva es muy cordial, pero el contenido es duro. Le recuerdan que al representar la institución no puede dar opiniones sueltas, sino que estas deben ser consultadas en sala plena. “No desconocemos, por supuesto, su calidad de único vocero de la corporación. En todo caso, de la manera más comedida, hacemos ver la necesidad de someter a consideración de la Sala Plena iniciativas de trascendencia tan evidente como la que se anunció por la Comisión Interinstitucional, con tantas implicaciones institucionales y políticas”.

Y aunque hacen un listado de sus reparos al proyecto de Acto Legislativo, al final reconocen respetuosamente la labor del Congreso. “Afirmamos nuestra confianza en que la rama legislativa sabrá valorar el sentido, el propósito y los contenidos concretos de nuestra participación en esta trascendental coyuntura. En sus manos está archivar el proyecto de marras o aprobar con sobriedad y valor republicanos y democráticos solo aquello que esté bien estructurado y que tenga sentido de grandeza y de país”.

Así las cosas, Vergara una vez recibió la carta, asumió un tono más conciliador. Tanto que asistió a la audiencia de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes para debatir de cara con los congresistas la reforma. A ese acto legislativo aún le quedan dos debates en los que seguramente las altas cortes todavía darán mucho de qué hablar.

Este es el texto completo de la carta:

Bogotá, mayo 7 de 2015
 
Doctor
LUIS RAFAEL VERGARA QUINTERO
Presidente
CONSEJO DE ESTADO
E.            S.            D.
 
Apreciado señor Presidente:
 
Nos sorprendió la postura de la Comisión Interinstitucional relativa a una Constituyente Limitada para reformar la Justicia, asunto que nunca -en ninguna oportunidad-,   ha sido contemplado por nuestra corporación.
 
No desconocemos por supuesto su calidad de único vocero de la corporación. En todo caso, de la manera más comedida, hacemos ver la necesidad de someter a consideración de la Sala Plena iniciativas de trascendencia tan evidente como la que se anunció por la Comisión Interinstitucional, con tantas implicaciones institucionales y políticas.
 
En tales circunstancias, nos vemos en la obligación de declarar que no estamos de acuerdo, en absoluto, con la iniciativa de convocar una constituyente.
 
De otro lado, reiteramos que nos atenemos al contenido crítico y propositivo del documento relativo al proyecto llamado “equilibrio de poderes”, aprobado por el pleno de la corporación y difundido desde mediados de abril. En particular, hacemos énfasis en lo siguiente:
 
1.       El proyecto es reactivo y coyunturalista. En caso de aprobarse dejaría de todos modos una deuda pendiente con la Nación: una auténtica, integral y multinivel reforma a la Justicia de cara a los intereses de la ciudadanía. Una misión justicia debe prepararla con rigor y acuciosidad.

2.       Contiene elementos que podrían salvarse como la mayor exigencia de requisitos para ser Magistrado, las inhabilidades para ocupar cargos en las otras ramas del poder público y excluir del conocimiento de la acción de tutela a la institución encargada de la competencia disciplinaria. Apoyamos la supresión de la función relativa a elaborar ternas para las Contralorías en cuanto consideramos que tal competencia debe retornar a los cuerpos colegiados de origen popular en ejercicio de confianza responsable.

3.       Contiene asuntos innecesarios: el Consejo de Estado, haciendo interpretación sistemática de la Constitución, fijó jurisprudencia en relación con el llamado “yo te elijo, tú me eliges”, que hace innecesaria la precisión que se intenta en relación con el artículo 126 superior. No obstante la prohijamos en el entendido de que lo que abunda no daña.

4.       Habiéndose desarrollado desde el paradigma de poner en la picota a todos los Magistrados de Alta Corte sin distinción, la reforma contiene, como no, errores garrafales que rechazamos con la misma enjundia con la que nos oponemos a los desbordes de imaginación que pululan en los últimos días, en particular la fementida idea de una Constituyente. Nos oponemos a cualquier desnaturalización de la cooptación. De hecho y bajo el liderazgo suyo, señor Presidente, ya ha sido aprobada en primera vuelta la reforma al Reglamento interno que evitará los bloqueos en la elección de Magistrados. Nos oponemos a que so pretexto de acabar con malas prácticas –por lo demás claramente prohibidas en nuestra actual Constitución- se concentre el poder en el Ejecutivo.

5.       Contiene una sana iniciativa que nosotros mismos reclamamos, a saber la de que los Magistrado de Alta Corte contemos con un juez efectivo, pero debemos distanciarnos con toda claridad de cualquiera que sea la forma que al fin de cuentas tome el llamado Tribunal -o Comisión- de Aforados: No aceptamos responsabilidad alguna por lo que prevemos no será la solución que satisfaga la necesidad real a la que dice apuntar.

6.       Es correcto escindir la función disciplinaria y reformar la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. No presionamos al Congreso, ni cabildeamos, pero en cumplimiento de nuestra competencia constitucional hemos señalado fórmulas juiciosas y elementales para hacer bien esa tarea, fórmulas que no han sido tenidas en cuenta.

7.       Llama la atención que en una reforma de “equilibrio de poderes” no se haya abordado la regulación de eventuales desbordamientos en el ejercicio de las facultades y competencias conferidas a los órganos de control.
 
Podemos entender, pero no avalar, la escalada de errores y la manera como a cada problema se pretende contestar con actitudes de vindicta y a cada equivocación se responde con una más grande. El Ejecutivo y el Congreso, claro está, pueden detener esta escalada perversa de errores. Afirmamos nuestra confianza en que la rama legislativa sabrá valorar el sentido, el propósito y los contenidos concretos de nuestra participación en esta trascendental coyuntura. En sus manos está archivar el proyecto de marras o aprobar con sobriedad y valor republicanos y democráticos solo aquello que esté bien estructurado y que tenga sentido de grandeza y de país.
 
Con reiteración de aprecio y afecto, suscribimos sus colegas y amigos, los Consejeros de Estado:
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