15 mayo 2013

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La carta desesperada del defensor del Pueblo

CÁRCELESJorge Armando Otálora le pide al presidente buscar soluciones al penoso hacinamiento carcelario.

La carta desesperada del defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo envió una carta al Presidente de la República en la que pidió “medidas legislativas extraordinarias” para afrontar la crisis carcelaria.

El Defensor del Pueblo envió una carta al Presidente de la República en la que pidió “medidas legislativas extraordinarias” para afrontar la crisis carcelaria.

Foto: SEMANA / Cárcel El Bosque en Barranquilla

Desde que llegó al cargo, el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, se ha dedicado, entre otras cosas, a recorrer las cárceles del país, en donde se vive una dramática crisis. Fue a La Guajira y encontró en sus cárceles un desbordado hacinamiento. Luego fue Antioquia, y el panorama era aún más
aterrador. Y ni qué hablar del drama que viven las tres principales cárceles en Bogotá.

En todos los tonos, el defensor ha advertido sobre este fenómeno, y al parecer, no hay una solución efectiva a la vista. Por eso, en un nuevo intento desesperado, Otálora le envió una carta con tono de urgencia al presidente de la República, Juan Manuel Santos, en la que le pide una “reunión de alto gobierno” y “medidas excepcionales” para afrontar la crisis carcelaria.

En la misiva, el defensor habla de “una tragedia social de efectos impredecibles” que se vive en las prisiones del país.

En lo que va corrido del año, han sido varios los organismos de control que han pedido medidas urgentes para enfrentar el hacinamiento carcelario, que según la Defensoría, alcanza el 54,5 por ciento, es decir, 41.289 personas de sobrecupo.

Para Otálora, urgen medidas para enfrentar “la más grave situación que haya enfrentado el sector penitenciario en toda su historia”, en particular, la concesión de beneficios para delitos de bajo impacto.

Otras entidades, como la Procuraduría General de la Nación y la Personería de Bogotá, han emitido alertas por la constante violación de los derechos fundamentales que se vive en las cárceles de la capital y de todo el país.

Al mismo tiempo, la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, en un debate de control en el Congreso, defendió las medidas del gobierno y explicó que está ejecutando “doce pasos” para “mejorar el sistema penitenciario y carcelario”.

Según la ministra, las medidas más importantes son las de nombrar nuevos jueces de ejecución de penas para resolver las peticiones de libertad de los reclusos y, con ello, descongestionar las prisiones; y la de reformar el Código Penitenciario y Carcelario para brindar “mayores beneficios de libertad”.
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