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| 8/5/2013 12:00:00 AM

La carta que envió el procurador a Santos

Ordóñez le pidió al presidente incluir a los niños víctimas del conflicto en el acuerdo al que llegarían el Gobierno y las FARC.

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EFE
La Procuraduría recomendó este lunes incluir la problemática de los niños víctimas del conflicto armado en el posible acuerdo al que lleguen las negociaciones de La Habana.

El procurador general, Alejandro Ordóñez, hizo esta petición en una carta dirigida al presidente Juan Manuel Santos, con base en el informe Los niños y los conflictos armados, presentado en el Consejo de Seguridad de la ONU el pasado 15 de mayo, entre otros estudios.

En un listado de diez recomendaciones, Ordóñez destacó la urgencia de incorporar "la problemática de la victimización de los niños en el conflicto en el Acuerdo General de La Habana y en los pactos que eventualmente se suscriban entre el gobierno nacional y las FARC".

También solicita que este tema se tenga en cuenta en otros procesos "que eventualmente se adelanten en el futuro con otras organizaciones al margen de la ley", en alusión a las posibles conversaciones entre la segunda guerrilla del país, el ELN y el gobierno de Santos.

El jefe del Ministerio Público resaltó que las acciones de responsabilidad u omisión del Estado en la defensa de los derechos fundamentales de la infancia pueden tener consecuencias en instancias internacionales.

Por eso, solicitó al Ejecutivo darles prioridad a las políticas que protegen la integridad y la libertad de los niños frente a los grupos armados, que en medio siglo de conflicto han sido víctimas de delitos como el reclutamiento forzoso y la violencia sexual.

La Procuraduría se centrará, por su parte, en evaluar desde este momento y hasta el primer semestre del 2014, las acciones perpetradas por las FARC y el ELN, agregó el comunicado del ente.

Entre las recomendaciones figura la revisión del Plan Integral para la Promoción de Niños y Adolescentes con Oportunidades (PIP), la articulación de las políticas de infancia con los gobiernos regionales y municipales de zonas de conflicto, garantías de no repetición y el cumplimiento del Código de la Infancia y la Adolescencia en la Ley de Víctimas.

También invita a la "investigación integral, así como la sanción de los perpetradores, facilitadores o encubridores de graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH) contra niños y niñas" y a la acción efectiva de las autoridades del Sistema de Bienestar Familiar.
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