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| 5/1/2005 12:00:00 AM

La casa en el aire

Miles de viviendas construidas con subsidios del Inurbe deben tumbarse y volverse a levantar. Sus propietarios no tienen quién les responda.

El sueño cumplido de 14.601 familias de tener casa propia está a punto de quedar en el aire. El mismo Estado, que hace menos de 10 años les ayudó a construirlas entregando 66.000 millones de pesos en subsidios, hoy piensa que es mejor tumbarlas por la seguridad de quienes las habitan. La razón: fueron mal construidas, sin la estructura mínima para soportar un sismo, y muchas de ellas están en riesgo de colapsar. Esta ingrata responsabilidad hace parte de un capítulo inédito de las graves irregularidades que se cometieron en el Inurbe, la entidad que hasta hace unos años fue la punta de lanza de la política de vivienda para los más pobres, y que a pesar de encontrarse en liquidación, como en el pasado, vuelve a ser centro de escándalo. A finales de los años 90 y hasta 2002, en especial bajo el gobierno de Andrés Pastrana, el país fortaleció el programa de subsidios de vivienda. En ese momento la gerencia del Inurbe estaba a cargo de Iván Rodrigo Alvarado, quien autorizó el pago de centenares de obras dispersas en 20 departamentos, pero que en su mayoría se concentraron en la Costa Atlántica. Parte de los dineros entregados fueron administrados por personas inescrupulosas, que no sólo engañaron a los beneficiarios de los subsidios, al no cumplir con los requisitos mínimos exigidos de estabilidad de sus obras, sino que además ayudaron a políticos que conquistaron votos con promesas de vivienda. Las irregularidades salieron a flote cuando varios constructores empezaron a reclamar pagos pendientes ante el Inurbe. Como la entidad ahora se encuentra en liquidación, tuvo que revisar si efectivamente los proyectos estaban terminados como se había acordado. Descubrieron urbanizaciones enteras sin ninguna clase de estructura. Incluso recibieron denuncias de casas que se caían cuando había fuertes vientos. Por eso se pidió un concepto a la Comisión Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo Resistentes, la única entidad que por ley es la idónea para evaluar este tipo de situaciones. Luego de 1.253 visitas presentó su informe. El resultado: se arreglan o se tumban. SEMANA investigó cuáles de las más de 100 constructoras que realizaron proyectos de estas características fueron las que más subsidios y dinero administraron (ver tabla), y visitó urbanizaciones hechas por las cinco firmas más comprometidas en este caso. La situación que encontró es dramática. Casas agrietadas, otras al borde de barrancos y con los tejados sostenidos con piedras para que no se los lleve el viento. En otros casos, lotes desolados con escombros que evidencian que ahí, hace poco, hubo una obra. (Ver recuadros). Pero además de los evidentes problemas de estabilidad, muchos de estos inmuebles no cumplen con requisitos mínimos de habitabilidad. Casas que entregaron sin puertas ni ventanas, con pozos sépticos insuficientes y sin vías de acceso son algunas de las condiciones en las que tienen que vivir quienes recibieron los siete millones de pesos que en promedio el gobierno daba de subsidio por vivienda. Se calcula que de este valor, el 30 por ciento debía haberse invertido a las estructuras de las casas. La responsabilidad de lo sucedido es compartida con los alcaldes de los municipios donde se construyeron estas casas. Ellos eran los encargados de dar los permisos necesarios y hacer seguimiento para que los trabajos quedaran bien. Además, en muchos casos ayudaron a la gestión de los subsidios y a la promoción de los proyectos. Según Jorge Alberto Serna, gerente liquidador del Inurbe, "se creó una camarilla en torno a estos recursos". SEMANA encontró casos tan desconcertantes como la adjudicación de 10.000 millones de pesos en subsidios a una organización que sólo tenía cinco meses de haber sido creada, con muy poco capital y que compartía el mismo domicilio de otra que ya había incumplido. Este es el caso de la Asociación de Vivienda de Interés Social (Asovis) y de Fundación para el Desarrollo Social (Fundeso). O el de un constructor, William Rizcala, que por el mal manejo de los subsidios tenía orden de captura, pero aun así continuaba firmando las solicitudes de nuevos subsidios, y se los entregaban sin ningún reparo. La Contraloría General y la Fiscalía están al tanto de lo ocurrido y ya adelantan sus investigaciones. Pero más allá de estas necesarias acciones legales, lo que se preguntan los habitantes de estas casas, que conocen del riesgo en el que están, es ¿qué hacen ahora? Es previsible que gran parte de estos constructores no van a responder por su trabajo, y ya el Inurbe en liquidación les informó a 105 alcaldías para que cumplan con el concepto de la Comisión de Sismo Resistencia. Cualquiera que sea el escenario, para miles de familias su sueño de tener casa va a quedarse sólo en eso, en un sueño.
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