La casa en el aire

La recuperación de esa joya arquitectónica llamada Villa Adelaida, mandada a construir por el educador Agustín Nieto Caballero en 1917, se ha convertido en una verdadera guerra. Primero fue la batalla entre el Ministerio de Cultura y el Distrito por quién tenía, realmente, la competencia para definir el uso de suelos del predio. Una vez la Ministra y el Alcalde lograron conciliar sus posiciones y acordaron la aprobación de un proyecto común, saltaron la comunidad y la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá en contra del acuerdo pactado, con el argumento de que no se ceñía a la legislación vigente y que era desastroso para la ciudad.

El domingo pasado, la batalla tomó un curso inusitado. Algunos concejales sacaron a la luz pública los antecedentes non sanctos del español Manuel Abajó, el mayor propietario de la casa y del proyecto, y aseguraron que la Ministra y el Alcalde estaban privilegiando sus intereses por encima de los intereses de la comunidad. Así que, en cuestión de meses, se pasó de una pelea jurídica a una técnica y, finalmente, a una política disfrazada de penal. El único debate que tiene lugar es qué le conviene más a la ciudad ¿llevar a cabo el Plan Especial de Protección propuesto por el Ministerio y avalado por el Distrito

, ¿dejar que cualquier curaduría apruebe una construcción más grande como la permite la norma que rige la UPZ de la zona? ¿o dejar que la casa termine abandonada a la suerte del tiempo?

Lo único que es claro y que lamentablemente no ha sucedido es que la decisión final se tiene que basar en lo que es mejor para Bogotá, y no en el pasado judicial del dueño del predio. A menos que la Fiscalía descubra que la casona fue comprada con dineros ilícitos o que el proyecto urbanístico presentado fue producto del tráfico de influencias, no tiene por qué ser la reputación del propietario el factor determinante en este proceso.

Si el predio fue comprado con dineros calientes, hay que aplicarle la ley de extinción de dominio. Y si tuvieron lugar sobornos o tráfico de influencias, hay que enjuiciar a los culpables. Pero ninguna de estas cosas ha sucedido, o por lo menos no parece demostrable. Manuel Abajó compró Villa Adelaida en 1979 y sus problemas con el narcotráfico sucedieron casi 10 años después. En todo caso, independientemente del origen de los recursos, han transcurrido cerca de 30 años y es imposible probar cualquier cosa.

En cuanto al tráfico de influencias, nadie se imagina a la ministra Elvira Cuervo y a Luis Eduardo Garzón, alcalde de Bogotá, aceptando presiones indebidas. La Ministra de Cultura heredó este proyecto de su antecesora, María Consuelo Araújo, y después de estudiarlo, se entusiasmó y decidió seguir adelante. Todo indica que no tenía conocimiento de los antecedentes de Abajó, pues en las escrituras no figuraba su nombre, sino los de un señor Barbaruza, quien tenía el 61 por ciento. Los otros socios eran personas y empresas de la más alta respetabilidad en Colombia, como Delima, la cual acabó metida en este baile, en condiciones perfectamente legales, por cuenta de una dación en pago que recibió del grupo Holguín cuando quebró. Al Alcalde le pasó algo parecido y después de negociar con Elvira Cuervo y llegar a un acuerdo con ella sobre un proyecto intermedio, se puso la camiseta. Lo único cierto es que ni siquiera los más feroces críticos del centro comercial Villa Adelaida han puesto en tela de juicio la integridad de ninguno de los dos.

En todo caso, a comienzos de junio, las dos entidades decidieron aprobar la construcción de un hotel de siete pisos con un máximo de 70 habitaciones que se haría sobre la carrera quinta para asegurar la integridad de la casa y su visibilidad. Entre las carreras séptima y quinta se construiría una vía peatonal, y a los lados, un complejo comercial de dos pisos de altura y 3.900 metros cuadrados. Descartaron la construcción de supermercados, autoservicios y teatros porque su uso implicaría una alta concentración de público que afectaría el plan de movilidad de la zona.

Pero las acusaciones de los concejales hicieron que, el miércoles pasado, justamente cuando los vecinos de Villa Adelaida hacían una protesta colectiva por la aprobación del proyecto de construcción y recuperación del predio, el Ministerio emitiera un comunicado frenando la decisión. En la carta, Elvira Cuervo rechazó los señalamientos del domingo anterior y anunció que el Ministerio, previa consulta con el Distrito, decidió no expedir el Plan especial de protección. Una propuesta que pretendía reducir la edificabilidad de los 17.720 metros cuadrados que permite la norma de la UPZ a 8.838 metros, más los sótanos, y que fue hecha pública semanas antes de que se revelaran los antecedentes penales del dueño del predio.

La principal inconformidad de la Sociedad de Mejoras y Ornato, la comunidad y el Concejo es por el área comercial aprobada que, según se ha dicho, atraería multitudes y generaría un caos en el tránsito de las vías de la zona. "Ni el barrio, ni las casas, ni la infraestructura vial aguantan una edificación de esas magnitudes", dijo a SEMANA la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá.

El argumento de quienes sostienen la versión de que con la aprobación del proyecto se pretende privilegiar a los dueños de Villa Adelaida es que para ellos, un establecimiento de este tipo produce mayores ganancias. Mientras que el metro cuadrado para vivienda sería de 3.600.000 pesos y el de oficinas de seis millones, el de comercio oscila entre los 20 y los 30 millones de pesos.

La Ministra, sin embargo, en el comunicado del miércoles reafirmó que el único interés que animó al Ministerio y a la Alcaldía en relación con la casona fue la protección del bien y su articulación con la dinámica social y económica del sector, establecida en estudios técnicos, jurídicos y financieros.

Por esta última decisión, a la Ministra le ha tocado palo porque bogas y palo porque no bogas. Primero, por impulsar un proyecto en un terreno de un hombre que resultó ser cuestionado y luego, por desmontarlo. Ella reconoce que su primera decisión tenía un origen técnico, y la segunda, un origen político. En otras palabras, que ella creía en ese proyecto, pero no al costo de su honorabilidad.

El bien de la ciudad

La restauración de Villa Adelaida, que actualmente está casi en ruinas, cuesta cerca de 4.000 millones de pesos, una cifra cercana a la que invierte el Ministerio de Cultura en los 1.064 bienes de interés cultural de todo el país.

La Ley de cultura obliga a los propietarios de los bienes culturales a mantenerlos en buen estado, pero en la práctica no se aplica. Si la persona no tiene los recursos económicos, no puede, y si los tiene, no se va a meter la mano al bolsillo si no puede obtener algún tipo de retribución. Por eso es que el Plan especial de protección propuesto para este predio permitía construcciones aledañas con otros fines. Pero también impedía que se desarrollara toda el área que la norma distrital admite, con el fin de evitar que el bien cultural pierda su carácter. De ahí salió la propuesta de permitir a los dueños construir un área con fines comerciales que es más rentable, para compensarlos por los casi 10.000 metros cuadrados que no pueden explotar.

Los concejales, ni cortos ni perezosos, han explotado políticamente el tema. Alegan que esa compensación sería demasiado alta, les piden a las autoridades distritales competentes que, más bien, reglamenten las normas de compensación y busquen una fórmula con la que el propietario mantenga en buen estado el bien cultural y se le dé otro predio donde pueda construir. Este planteamiento tiene algo de ingenuo y utópico, pues no hay nada más fácil que ser generoso con plata ajena. Argumentan, además, que la localidad de Chapinero tiene ya 17 centros comerciales y que, a escasas cuadras, se va a construir el centro comercial Quinta Avenida que también ha desencajado el ánimo de los vecinos por el traumatismo que puede causar en el tránsito de la carrera quinta.

Los vecinos dicen estar dispuestos a pagar un impuesto de valorización para la adecuación de un parque en el lugar. A pesar de que Planeación va a estudiar esta iniciativa, también tiene algo de utópico, pues una cosa es ofrecer y otra es girar los ocho o 10 millones de pesos que se requerirían por propietario.

Después de la decisión del Ministerio de Cultura de abandonar el proyecto, queda abierta la alternativa de construir un edificio más grande del propuesto y un área comercial hasta de 500 metros cuadrados vendibles, como permite la UPZ. En esa eventualidad, los vecinos también tendrían que poner plata, alrededor de dos millones de pesos en valorización. A pesar de que esta cifra es sustancialmente inferior a la anterior, la experiencia de otras iniciativas parecidas ha demostrado que el entusiasmo por girar el dinero dura muy poco. En todo caso, de todas las opciones esta es la peor, pues implica una mole más grande, un mayor costo para los vecinos y nada de parque.

Ante esas perspectivas, lo más conveniente sería no entender la recogida de velas del Ministerio de Cultura como una decisión definitiva. Ésta fue el producto de una decisión política, basada en el susto de un escándalo. Superada la tormenta inmediata, es necesario volver a pensar en la ciudad y no en el debate político que acabó por hundir el proyecto. Es conveniente entender la situación actual como una pausa y volver a barajar de nuevo.

Si el proyecto en el cual creyeron en un momento dado la Ministra de Cultura y el Alcalde es el mejor, no hay que descartar su resurrección. Habría que hacerle algunos ajustes para evitar que afecte la movilidad de la zona. Por otra parte, si el más conveniente es el que proponen la comunidad y la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá, que se haga ese. Si se puede llegar a una transacción entre ambos, mejor aun. Lo que ha quedado claro es que, de todas las fórmulas posibles, la única que no parece tener ninguna utilidad fue la que se produjo la semana pasada como consecuencia del escándalo.