La casa en el aire

Desde hace un año, el destino de una de las últimas casas de familia que quedaban en las fronteras del Parque El Virrey era motivo de controversia en la sociedad bogotana. Sus propietarios, los herederos de Carlos Pérez Norzagaray, uno de los hombres más influyentes del país durante medio siglo, pidieron hace más de 13 meses que la mansión fuera excluida de la lista de bienes de interés cultural de la ciudad y, excepto la presidenta de la Sociedad de Mejoras y Ornato, Elsa Koppel, los miembros del Consejo Asesor de Patrimonio de la ciudad le dieron el visto bueno a la solicitud.

Los argumentos de la propietaria y su familia para sacar la casa de la lista de bienes patrimoniales fueron dos: Primero, que al estar sola en una manzana rodeada de edificios de hasta ocho pisos, la residencia, demolida el pasado 26 de diciembre, no hacía parte armónica de un contexto urbano que soporta una mayor densidad. Y, segundo, que no era representativa de la obra del arquitecto italiano Bruno Violi, quien empezó a construir la casa a finales de los años 50.

Específicamente, Planeación Distrital, representada en 2007 por el funcionario Fernando Penagos, argumentó en ese entonces que “el lenguaje arquitectónico del predio objeto de discusión no tiene elementos característicos de Violi y que, si bien es cierto es de su autoría, no se puede contar como una de sus buenas obras”. Por su parte, Fernando Restrepo, delegado de la Academia Colombiana de Historia, señaló que “una casa rodeada de edificios se puede volver algo antiestético”.

A ambos discernimientos se sumó el hecho de que, según criterios económicos, si la construcción seguía siendo patrimonial, la ciudad dejaría de percibir recursos por valorización y servicios públicos, dado que los bienes de interés cultural son catalogados como de estrato 1. Por eso, Planeación decidió quitarle el estatus de conservación a la vivienda en diciembre de 2007 y abrirle camino, así, a su demolición.

Fue entonces cuando comenzaron las reacciones de sectores conservacionistas y de los vecinos. Los primeros, encabezados por la Sociedad de Mejoras y Ornato, argumentaron que el inmueble sí contaba con los criterios de calificación con los que se declaró patrimonio: ser representativo de una etapa de la historia urbana de Bogotá y ser un ejemplo culturalmente importante de un tipo de edificación.

Los vecinos, bajo el liderazgo de Carlos Lleras Figueroa, nieto del ex presidente liberal y constructor de Palos Verdes, uno de los edificios colindantes a la casa, pusieron el grito en el cielo. Los vecinos señalan entre otras cosas que no fueron consultados por el Consejo Asesor de Patrimonio como obligan las normas y que –cuando compraron sus apartamentos– las normas de la ciudad les garantizaban una vista sobre el Parque El Virrey al limitar con un predio de conservación y los obligaron a dejar mayores aislamientos entre los edificios y la vivienda.

También dicen que detrás de la decisión del Consejo Asesor de Patrimonio y Planeación Distrital hay numerosas irregularidades.

Los propietarios de la casa consideran que no sólo se cumplió con los trámites legales para excluirla y demolerla sino que, además, no puede ser argumento el que los constructores hayan vendido la vista, pues eso significaría que tendrían derecho no sólo a vender su edificio, sino también la casa.

Los políticos también han reaccionado. El concejal del Polo Democrático Fernando Rojas realizó un debate en el que señaló que le parecía absurdo que la misma familia que en 1997 solicitó la inclusión de la casa, después de muerto su propietario pidiera que le quitara el estatus patrimonial. El senador Juan Manuel Galán, por su parte, envió un comunicado para denunciar que los propietarios de la casa estaban demoliéndola silenciosamente desde adentro.

Esta denuncia fue confirmada por la alcaldesa de Chapinero, quien selló la obra a finales de octubre por considerar que la demolición se estaba haciendo sin licencia. Por este hecho, la alcaldesa impuso a los propietarios una multa de 47 millones de pesos.
El sábado 13 de diciembre, cerca de 300 vecinos del barrio La Cabrera, donde está ubicada la casa, marcharon contra su demolición convocados por el grupo de Facebook ‘Salvemos la casa Pérez Norzagaray’ y por la página web ‘Casa Símbolo’. Pero su protesta no tuvo eco.

El 24 de diciembre, el Departamento de Prevención de Desastres dijo que para evitar riesgos de derrumbe, el inmueble se debía reconstruir o demoler totalmente. Dos días después, una cuadrilla de obreros la demolió hasta las 6 de la tarde, cuando la alcaldesa de Chapinero volvió a sellar la obra porque no estaba en firme la resolución que autorizaba la demolición de la casa.

¿Qué sigue? Este año los vecinos han presentado tres tutelas, 63 recursos de reposición, 57 recursos de apelación, una denuncia por prevaricato contra funcionarios de la Alcaldía. Hasta el momento, todas las instancias gubernamentales y les han dado la razón a los Pérez. Pero, a pesar de que desde el 26 de diciembre la casa ya no existe, todo indica que la polémica va para largo.