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| 9/26/1994 12:00:00 AM

A LA CAZA DE PUYO

Los dos años de seguimiento a las cuentas y negocios de Fabio Puyo, que permitieron dictarle orden de captura, servirían de argumento para una novela policíaca.

A PRINCIPIOS DE 1992, EN LA oficina de Investigaciones Especiales de la Procuraduría se había comenzado a acumular un montoncito de denuncias anónimas en contra del ex gerente de la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá, Fabio Puyo Vasco. Había de todo: desde escritos absurdos hasta acusaciones concretas sobre la adquisición de una gigantesca finca en Fusagasugá poco después de su retiro de la Energía, pasando por señalamientos que, por lo que contenían, parecían más bien fantasiosos, pues hablaban de lujosos apartamentos en París y costosas obras de arte.

Mientras tanto, un farragoso expediente sobre las irregularidades administrativas cometidas por algunas de las administraciones de la Energía -entre ellas la del propio Puyo- en relación con el accidentado proyecto hidroeléctrico del Guavio, estaba a punto de quedar listo. Pero había un problema: en el campo disciplinario, la mayoría de esas violaciones a las normas estaban prescritas.

La verdad es que ni los anónimos ni el proceso administrativo prometían llegar muy lejos. Pero el lunes 2 de marzo sucedió algo que había de cambiar la historia de este asunto: a partir de ese día, el gobierno le impuso a los colombianos un racionamiento de energía eléctrica que cubría primero dos y luego cuatro horas al día y que duraría 14 meses. Aparte de un inclemente verano y de numerosos errores de planeación en el sector eléctrico, el gran culpable del apagón era el atraso en la terminación de la hidroeléctrica del Guavio. Los colombianos estaban indignados y querían que los responsables de esas demoras fueran puestos en la picota pública.

Los primeros en comprenderlo fueron el procurador, Carlos Gustavo Arrieta, y el propio presidente de la República, César Gaviria. Arrieta divulgó en abril el informe administrativo sobre el Guavio y aunque advirtió que la cuestión disciplinaria había prescrito en casos como el de Fabio Puyo, anunció que abriría contra él y contra otros cuatro ex gerentes de la Energía, investigaciones por enriqueeimiento ilícito. En mayo, Gaviria señaló directamente a Puyo y a otro ex gerente, Javier García Bejarano, y pidió que avanzaran contra ellos las averiguaciones judiciales. Para entonces, la oficina de investigaciones especiales de la Procuraduría estaba ya entregada a esa tarea. Cinco grupos de investigadores fueron creados -uno para cada gerente- con abogados, contadores y peritos que tenían la misión de esculcarle a los ex funcionarios hasta el más recóndito de sus bolsillos.


LOS PRIMEROS PASOS

Los sabuesos de la Procuraduría se movilizaron. Pidieron en la Empresa de Energía los registros salariales de los ex gerentes y revisaron sus declaraciones de renta. En la Oficina de Instrumentos Públicos, establecieron qué inmuebles poseían y verificaron esta información en las oficinas de Catastro. Fueron a la Cámara de Comercio en busca de las distintas sociedades donde tuvieran participación. En las oficinas de Tránsito pidieron copias de las tarjetas de propiedad de sus vehículos. En los bancos y corporaciones de ahorro fotocopiaron extractos, cheques y recibos de consignación. En algunos casos, como el de Puyo, extendieron las averiguaciones a las esposas y empresas familiares. Y cuando detectaron importantes bienes muebles, pidieron al Instituto Agustín Codazzi que los avaluara.

Pero los investigadores eran conscientes de que el asunto no se limitaba a las propiedades y movimientos bancarios en Colombia. En el caso de Puyo, varias de las denuncias -que ya para entonces habían dejado de ser un montoncito- hablaban de bienes en el exterior. El rumor más repetido era que Puyo poseía un lujoso apartamento en el barrio 16 de París. En este punto, la Procuraduría comenzó a sentir que no contaba con los recursos ni la versatilidad suficientes para extender sus pesquisas al extranjero. Los funcionarios encargados del caso Puyo intentaron averiguar lo del apartamento parisiense por varias vías, incluida la Policía francesa, pero el asunto no parecía sencillo. De pronto, en una de las reuniones periódicas que Arrieta sostenía con los investigadores, se le ocurrió hacer uso de una vieja norma según la cual los funcionarios consulares colombianos pueden cumplir misiones investigativas cuando las autoridades judiciales de su país así se lo soliciten.

Para sorpresa de la Procuraduría, el consulado tenía registrada la dirección del apartamento de Puyo, como la de muchos otros colombianos residentes en la Ciudad Luz. Con base en esos datos fue posible confirmar que él era el propietario y calcular su valor.

Pero este golpe de suerte no se repitió en otros casos. Por el contrario Puyo daba la impresión de estar en capacidad de demostrar millonarios ingresos en el exterior, fruto de asesorías pagadas en dólares. El 3 de diciembre, nueve meses después de iniciada la investigación por enriquecimiento ilícito, el ex gerente hizo ante la Procuraduría una exposición libre con un detallado inventario sobre sus bienes. A partir de entonces y con la ayuda de sus abogados, comenzó a seguir el proceso paso a paso.

"En un momento dado -le dijo a SEMANA una fuente vinculada a la investigación- nos sentimos abrumados con tanta documentación aportada por Puyo, en la cual se destacaban numerosos certificados de ingresos de empresas extranjeras que explicaban buena parte de su fortuna. La verdad es que la investigación estaba, en esos momentos, al borde del naufragio".


A MANOS DE LA FISCALIA

Lo que no sabían entonces los investigadores era que justamente ese cúmulo de certificados le abrirían a la investigación nuevos frentes que, a la larga, harían renacer la esperanza de la Procuraduría en la obtención de resultados. Arrieta se reunió por aquellos días con el director del DAS, Fernando Brito, y con el comandante de la Policía, general Miguel Gómez Padilla, para analizar cómo podían obtenerse mayores informaciones sobre los negocios de Puyo en el exterior, y en especial cómo podían verificarse las informaciones que el propio investigado había aportado.

La respuesta estaba en la Policía Internacional, la famosa Interpol, con la cual el DAS ya tiene un largo historial de cooperación, que se intensificó desde cuando asuntos como el narcotráfico y el terrorismo aparecieron, con sus características de delitos sin fronteras. Pero los resultados de las tareas investigativas de la Interpol todavía tardarían un tiempo.

Para fines de 1992 la investigación en Colombia estaba prácticamente concluida, y había sido adicionada con algunos datos parciales sobre negocios de Puyo en el exterior. Durante los tres primeros meses de 1993, los investigadores trabajaron en una serie de tres borradores con las conclusiones de las pesquisas, hasta que en mayo, Arrieta aprobó un documento definitivo, que remitió a la Fiscalía General para que iniciara la investigación penal. En cuanto a los certificados de ingresos anexados por los abogados de Puyo, la Procuraduría consideraba que buena parte de ellos no constituían prueba clara de representar ingresos reales, por cuanto no estaban respaldados por libros contables de las empresas que supuestamente le habían pagado servicios a Puyo. El informe de la Procuraduría concluyó que en el período investigado, 1982-1987, el patrimonio del ex gerente de la Energía se había incrementado sin justificación clara en más de 1.000 millones de pesos de entonces.

Los abogados del investigado tenían lista para entonces la batería de defensa. Aparte de los certificados de ingresos que habían aportado a la Oficina de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, le dijeron al fiscal del caso, César Vélez, que podrían presentar los testigos -nacionales y extranjeros- que sustentarían con sus declaraciones los certificados de ingresos.

Fue así como desfilaron por la Fiscalía un francés, un venezolano y varios colombianos, quienes uno a uno declararon haber pagado a Puyo distintas sumas en pesos o dólares, por diferentes negocios que iban desde asesorías a empresas pesqueras y constructoras, hasta comisiones por compra-venta de ganado. Para cuando concluyó esta parte del proceso, el fiscal del caso contaba con numerosos testimonios que confirmaban los negocios locales e internacionales de Puyo, y por ende, justificaban buena parte de los ingresos. Una vez más, como había sucedido en un momento dado en la Procuraduría, el proceso parecía haberse empantanado en la Fiscalía.

LAS DUDAS

Para principios de 1994, el ambiente en la Procuraduría -que por orden de Arrieta sigue de cerca el proceso por medio de agentes del Ministerio Público- era de preocupación. Las investigaciorles de la Interpol estaban fluyendo con lentitud y más lento aún avanzaba el proceso. "Una vez más -recordó una fuente de la Procuraduría- creímos que el asunto iba camino de la impunidad".

En abril, el Procurador se reunió con el fiscal general, Gustavo de Greiff, para tratar el caso, en momentos en que se cumplía un año de la investigación penal y dos de que se hubiera iniciado la indagación de la Procuraduría sobre enriquecimiento ilícito. De Greiff compartió con Arrieta la preocupación y tomó cartas en el asunto.

A partir de entonces los investigadores avanzaron en dos nuevas direcciones: Fiscalía y Procuraduría comenzaron a allegar la información local y de la Interpol sobre los ingresos de Puyo en Colombia y el extranjero, y entró en escena el Superintente de Sociedades, Sergio Quiroz, que colaboró para precisar qué había detrás de los movimientos de dinero de las empresas nacionales en las cuales Puyo tenía participación.

Para darle agilidad al asunto, la Fiscalía designó una comisión de seis fiscales para investigar el conjunto de asuntos relacionados con el caso Guavio, pero en especial el asunto Puyo, y semanas después puso en manos de uno de sus hombres estrella, el fiscal Néstor Armando Novoa, todo el proceso.

En este último período, el Ministerio Público avanzó considerablemente en la controversia de las pruebas y testimonios presentados por Puyo, con lo cual logró propinarle a la defensa los golpes más duros que ha recibido su estrategia.

Uno de los testigos claves presentados por el ex gerente de la Energía era el representante de una firma pesquera con actividades en las islas antillanas de St. Marteen, Guadalupe y Martinica, quien aseguró que durante tres años, le pagó a Puyo 3.000 dólares mensuales más comisiones sobre ventas, por su asesoría. El testigo argumentó que no presentaba registros contables de esos pagos porque en esas islas francesas del Caribe no era obligatorio llevar contabilidad y porque después de tres años hay prescripción de la misma. Sin embargo, esta declaración quedó sin piso al allegar los investigadores documentos del gobierno francés que demostraban que sí es obligatorio llevar contabilidad y que ésta debe conservarse por 10 años.

Otro testigo fue un venezolano quien aseguró que él y su socio en una firma pesquera con sede en Cumaná, habían pagado a Puyo importantes sumas en dólares entre 1985 y 1988, por asesorías. Este andamiaje también se vino abajo cuando el socio del testigo presentó su propia declaración, donde negaba que Puyo hubiera sido asesor de la compañía y aportaba información que demostraba que los comprobantes de pago presentados por la defensa eran falsos.

Algo similar sucedió con varios testigos colombianos que dijeron, en declaraciones que estuvieron plagadas de contradicciones, que le habían pagado a Puyo comisiones por compraventa de ganado y vehículos. Así también, el contador de una importante empresa extranjera con sucursal en Colombia, desvirtuó el argumento de la defensa en el sentido de que Puyo había recibido pagos por 300.000 dólares de parte de esa firma. El contador aseguró que nada de eso estaba en sus registros contables y por su parte la Supersociedades demostró que años antes del pago, la empresa había entrado en liquidación.

La investigación también cuestionó uno de los elementos claves que Puyo había aportado como prueba de ingresos en el exterior. Según el ex gerente, un ciudadano español le habría pagado una asesoría con 12 grabados de Picasso, que él habría vendido después obteniendo una gran utilidad. La Fiscalía duda que el negocio se haya realizado, pues el certificado del español no refiere fecha, ni motivo del pago.

Uno de los pocos casos en los cuales Puyo presentó documentos que resistieron la controversia de la Procuraduría fue el certificado de estudios de La Sorbona, que sustentaría la beca que recibió para vivir y seguir cursos de historia en París. En un principio, la Interpol no halló registros del diploma en los archivos de La Sorbona, pero luego éstos aparecieron y se demostró que, al menos en este punto, Puyo había dicho la verdad. Pero esa parece haber sido la excepción a la regla.


LA DEFENSA

Hasta aquí, el panorama parece bastante oscuro para Fabio Puyo. Los más de 1.000 millones de pesos que la Procuraduría presenta como crecimiento injustificado de su patrimonio, han sido en buena parte explicados por el sindicado con documentos y testimonios que se han venido abajo. Pero aunque parezca increíble, desde el punto de vista jurídico Puyo no está del todo perdido. Sus abogados, los penalistas Luis Bernardo Alzate y Nóder Agudelo, y el propio Puyo, han construido una argumentación con la cual prometen dar una dura batalla en lo que resta del proceso.

Para empezar, Puyo y sus abogados aseguran que más de la mitad de los 1.100 millones de pesos se explican por las ganancias obtenidas en la construcción de los edificios Mercurio y Venus, en el norte de Bogotá, que realizaron sociedades de Puyo en 1987. La defensa argumenta que el valor de esos edificios -alrededor de 600 millones de pesos de entonces- no fue el dinero que esas sociedades invirtieron en la construcción de las dos obras, sino el valor comercial que el Agustín Codazzi dio a éstas en un avalúo posterior. En consecuencia, Puyo no tendría que explicar esos 600 millones, sino una cifra muy inferior, correspondiente a la inversión real, al valor de costo de los dos edificios, que según la defensa obtuvo por medio de préstamos.

Este punto produjo hace un par de meses uno de los momentos más candentes de las diligencias de la Fiscalía con respecto al caso. En efecto, cuando los expertos del Agustín Codazzi fueron llamados a declarar por el Fiscal encargado del asunto, Puyo y sus abogados se hicieron presentes para controvertir la prueba. El propio Puyo -que es entre otras cosas abogado- se encargó de contrainterrogar a los expertos del Codazzi con el fin de que reconocieran que los avalúos que habían hecho correspondían al valor comercial de los dos edificios y no al valor de costo, o sea a la inversión que en su construcción hicieron sus sociedades. Según la defensa, Puyo desbarató esos testimonios.

Como puede verse y a pesar de lo que se pueda pensar por cuenta del auto de detención dictado por la Fiscalía el jueves pasado a Puyo -horas después de que éste saliera del país- no todo está definido en este proceso. La Fiscalía y la Procuraduría han avanzado mucho más de lo que se creyó hace un par de años. Pero aún no es seguro que hayan derrotado al ex gerente. El capítulo final de esta novela -llena de episodios policíacos- todavía no se ha empezado a escribir. En él habrá de definirse si por primera vez en la historia de Colombia, un importante ex funcionario público se va a la cárcel en un proceso por enriquecimiento ilícito, o si por el contrario el caso Guavio confirma la regla de impunidad que ha marcado desde hace años la lucha contra la corrupción en el país.
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