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| 3/19/2014 12:00:00 AM

La Comisión Interamericana se extralimitó

Con su solicitud de medidas cautelares para el alcalde Gustavo Petro, la CIDH se extralimitó en sus funciones

No es equivocado pensar que el país en que más trabajo tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es en Colombia (CIDH): es el país del cual llegan más solicitudes de medidas cautelares, es al que más se conceden y el Estado que más las respeta.

Por eso el caso del alcalde Gustavo Petro provocó una especie de corto circuito en esa historia de mutuo respeto. ¿Por qué pasó? ¿Quién tiene la razón?

El caso, de por sí, era distinto a todos los que hasta ahora se han presentado desde Colombia ante la Comisión. Hasta ahora, los que acudían a la CIDH eran personas o comunidades en riesgo de muerte o que tenían amenazas inminentes contra su integridad física.

En esos casos el Estado ha aceptado atender la solicitud de la CIDH de brindar protección especial a magistrados que han sido amenazados, a comunidades despojadas como la de Jiguamiandó, y a líderes políticos como Piedad Córdoba.

Sin embargo, pedir protección especial por unos derechos políticos eventualmente vulnerados, como en el caso del alcalde Petro, implicaba dar un paso más allá. Y así lo dejó entrever la canciller María Ángela Holguín al explicar una de las razones de por qué no se acepta la solicitud.

Si el presidente Juan Manuel Santos hubiera aceptado la petición de la CIDH, habría abierto una puerta de consecuencias incalculables. El efecto menos grave sería que muchos de los destituidos por la Procuraduría podrían decidir saltarse la justicia colombiana y llevar su caso directamente ante la CIDH.

Pero, en el fondo, al solicitar las medidas cautelares lo que estaba haciendo la Comisión era poner en tela de juicio todo el ordenamiento interno colombiano. La decisión de destitución había sido tomada por una autoridad competente en el país (el procurador), amparado en la Constitución, que le permite destituir e inhabilitar a mandatarios locales, y en la ley, el Estatuto Disciplinario, que le daba permiso para sancionarlo por fallas de planeación.

Y a eso se le suma que en Colombia se le habían dado todas las garantías jurídicas al alcalde. La 'tutelatón' -con la que Petro y sus seguidores trataron de atajar el fallo del Procurador que lo destituyó- no sólo fue estudiada por tres de los tribunales de Bogotá (el Penal, el Contencioso y el Administrativo), sino por dos de las altas cortes: el Consejo de Estado y el Consejo de la Judicatura.

Ninguna de estas instancias le negó sus derechos. Lo único que le dijeron al alcalde en el veredicto final era que la tutela no era el mecanismo idóneo para apelar la decisión del procurador, sino que debía interponer una acción de nulidad.

Incluso, el mismo Consejo de Estado se encargó de dejar claro que si presentaba esa demanda de nulidad, podía pedir que le otorgaran medidas especiales cautelares para que no tuviera que salir de la Alcaldía mientras se conocía el fallo de ese alto tribunal. Es decir, seguía teniendo garantías.

Sin embargo, Petro prefirió no interponer la nueva demanda porque, según le contaron fuentes de la Alcaldía a SEMANA, estaba convencido de que le iban a conceder las medidas cautelares de la CIDH. Y en efecto, prefirió ese camino.

Por eso, no es coincidencia el hecho de que una vez se conoció, al final del día del martes, que el Consejo de Estado negó las últimas 25 tutelas que quedaban vivas de la ‘tutelatón’ de Petro, la CIDH se pronunció al filo de las 11 de la noche de ese mismo día para pedir las medidas cautelares.

El anuncio cayó como un balde de agua fría en un sector importante del país porque ningún otro caso en Colombia, como este de Petro, había sido revisado por tantos y tan variados juristas.

A eso se sumó que el hecho de que Petro no le hubiera dado la oportunidad a la justicia colombiana de seguir estudiando su caso –vía la demanda de nulidad- y la manera sincronizada como la CIDH se pronunció, si bien podían ser movidas entendibles, despertaron suspicacias en sectores del país.

Expertos en derechos humanos como Álvaro Tirado pusieron en tela de juicio la solicitud. “La Comisión se extralimitó”, dijo. “Las medidas han sido muy positivas, han salvado a mucha gente, pero la comisión entró de fondo sobre el asunto cuando hay un procedimiento especial”. Tirado, que fue miembro de la Comisión, se refería a que en esa instancia, para conceder medidas urgentes, no se debe entrar en análisis de fondo como los que esbozó en su decisión sobre Petro. Y en ese cuestionamiento coincidieron otros expertos consultados por Semana.com.

Algunos han comparado el caso de Gustavo Petro con el de Leopoldo López, el venezolano que hoy está detenido y que cuando era candidato a la Alcaldía de Caracas fue inhabilitado para ejercer funciones públicas, lo cual lo sacó de la contienda política. En el 2011, la CIDH falló a su favor y ordenó al estado venezolano restituirle sus derechos políticos.

Sin embargo, lo que no se ha dicho es que en el caso de López, la decisión no fue tomada por una autoridad competente en el ordenamiento interno de ese país. En cambio, en el caso de Petro, la Procuraduría sí lo es.

Por no hablar de la diferencia que puede haber en un sistema político restringido, como el que tiene Venezuela hoy, con las garantías que se tienen en el ordenamiento colombiano.

Una cosa es que haya que reformar el estatuto disciplinario –que el propio Gustavo Petro como congresista aprobó- para evitar que un alcalde pueda ser destituido por equivocaciones y sólo pueda ser destituido por faltas realmente graves como corrupción. Y otra, muy distinta, que en Colombia se estén coartando las libertades políticas que es el mensaje que deja la solicitud de la Comisión Interamericana.
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