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| 2/27/1995 12:00:00 AM

LA CLARIDAD EMPIEZA POR CASA

Con la investigación de la masacre de Trujillo el gobierno busca demostrar que en Colombia sí hay sanción para la violación de los derechos humanos por agentes del Estado.

EL LUNES 26 DE SEPTIEMbre del año pasado a la Casa de Nariño llegaron noticias desalentadoras procedentes de Washington. En la tarde, en una reunión de urgencia a la que fueron convocados tres ministros, el presidente Ernesto Samper fue enterado de la gravedad de la decisión que acababa de ser aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), que tiene su sede en la capital estadounidense.
El organismo internacional envió un documento de 10 páginas en el cual informó que al término de una sesión de cuatro horas, en la que hubo votación unánime, el Estado colombiano fue hallado responsable de la muerte de 107 campesinos y un sacerdote en hechos ocurridos a finales de marzo y comienzos de abril de 1990 en el municipio de Trujillo. en el Valle del Cauca.
La Cidh criticó muy duramente a la Procuraduría y a las justicias penal y penal militar por permitir que la masacre quedara en la impunidad. Al mismo tiempo, anunció que el caso sería enviado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que delibera en Costa Rica, donde muy seguramente se produciría un veredicto condenatorio.
"El Estado -dice el documento de la Cidh- es responsable porque las instancias penales y disciplinarias fallaron contra la realidad procesal, lo que impidió la búsqueda de los responsables de un delito de lesa humanidad".
El jefe del Estado y sus asesores entendieron que Colombia tendría muy pocas opciones de ganar si el pleito llegaba al foro interamericano y, por el contrario, la Nación se vería obligada a pagar una multimillonaria indemnización y enfrentada a un posible boicoteo económico. Para el gobierno, que recién había asumido las riendas del país, la posibilidad de una condena por temas relacionados con los derechos humanos tendría connotaciones de catástrofe, pues por aquellos días todavía estaba en el ojo del huracán el escándalo de los narcocasetes.
Al término de la reunión no había dudas sobre lo que se tenía que hacer: era necesario buscar a los miembros de la Comisión Interamericana en Washington y convencerlos de que no enviaran el caso a Costa Rica. A cambio, el gobierno colombiano se comprometería a reabrir la investigación, hallar a los responsables de la masacre y negociar una indemnización con los familiares de las víctimas.
En la primera semana de octubre, delegados de la Cancillería y de la Consejería para los Derechos Humanos llegaron a un acuerdo con la Comisión Interamericana. De esta manera el gobierno quedó obligado a integrar un grupo en el que estuvieran representadas todas las instituciones interesadas en el caso y, lo más importante, a respetar y ejecutar las conclusiones y recomendaciones finales.
Así, Samper expidió el decreto 2771 para integrar una especie de Comisión de la Verdad, la primera en su género en Suramérica, compuesta por representantes de 19 entidades estatales, gubernamentales y no gubernamentales. El 13 de octubre llegó a Bogotá el expediente 11007 -número de radicación del caso en Washington- y el 14 se realizó la primera sesión.

LOS RESPONSABLES
De inmediato el análisis se centró en establecer la responsabilidad de cuatro miembros del Ejército y de la Policía acusados de permitir la movilización del grupo paramilitar que incursionó en Trujillo, con el fin de retener a supuestos auxiliadores del ELN
Se trata del mayor del Ejército Alirio Urueña Jaramillo, entonces jefe de operaciones del Batallón Palacé, con sede en Buga, quien hoy continúa en servicio activo como jefe de inteligencia de la VI Brigada, en Ibagué. También fueron vinculados el mayor Alvaro Córdoba Lemus, comandante de la Policía en Tuluá; el teniente José Berrío Velásquez, comandante de la Policía en Trujillo, y el sargento Luis Aníbal Alvarez, adscrito a la institución en Tuluá.
Los uniformados fueron absueltos el 22 de diciembre de 1992 por la procuradora para los Derechos Humanos, Tahí Barrios, quien acogió los argumentos de la defensa y los declaró inocentes de los cargos que les había formulado esa misma dependencia en julio de 1990.
No obstante, la Comisión criticó la conducta de la Procuraduría, que desestimó numerosas pruebas que, según ella, permitían señalar al menos la posible responsabilidad del mayor Urueña. El análisis sostiene, igualmente, que el militar ordenó la detención ilegal de 16 campesinos, que descasaban en sus hogares en las noches del primero y 2 de abril de 1990. Posteriormente, dice el documento conocido por SEMANA, el oficial "presuntamente dispuso que los citados retenidos fueran torturados cuando fueron conducidos a la finca de propiedad de Diego Montoya Sierra, e inclusive haber participado activamente en ello, ordenando luego sus muertes, para posteriormente arrojar los despojos mortales al río Cauca".
En consecuencia, en una de sus conclusiones, la comisión especial para el caso Trujillo se muestra muy preocupada porque los miembros de la fuerza pública involucrados en los hechos continúen todavía en servicio activo. Y en el caso específico del mayor Urueña, sugiere que el gobierno lo llame a calificar servicios.

EL TESTIGO: ¿LOCO?
Establecida para ellos la presunta responsabilidad de miembros de las Fuerzas Armadas en la masacre, los 19 representantes de la comisión enfilaron baterías hacia el caso de Daniel Arcila Cardona, un ex soldado que con el paso del tiempo se convirtió en informante y guía del Ejército en la región. Tras la cadena de asesinatos y el hallazgo de los 107 cadáveres flotando en el río Cauca, incluido el del sacerdote Tiberio de Jesús Mafla, Arcila decidió entregarse y denunciar que detrás de los asesinatos masivos estaban los oficiales ya mencionados, que actuaban, según él, en complicidad con reconocidos narcotraficantes de la región. Así, durante año y medio, Arcila se convirtió en testigo clave del proceso. El hombre relató descarnadamente la forma como los campesinos eran sacados de sus casas por hombres armados y luego conducidos a las fincas La Beatriz y Los Delirios, donde posteriormente eran torturados y salvajemente mutilados. Después, según su testimonio, aparecían flotando en el río Cauca.
No obstante , algunas contradicciones detectadas en sus testimonios, hicieron que las autoridades dudaran de la lucidez mental del testigo. Entonces, por orden del Juzgado Tercero de Orden Público, Arcila fue enviado al Instituto de Medicina Legal, donde le practicaron un examen que concluyó que el testigo padecía serios trastornos. De esta manera los procesos penal y disciplinario quedaron en el aire y la Justicia Penal Militar archivó las investigaciones adelantadas hasta ese momento. Todo ello parecería normal si no fuera porque, en abril de 1991, pocos días antes de que le practicaran un nuevo examen siquiátrico, Arcila desapareció de su casa y hasta hoy no se conoce su paradero.
La Comisión Especial tiene sus propias conclusiones. Según éstas, Arcila fue víctima de un montaje, el cual contó con la negligencia de los jueces que adelantaban la investigación. Sobre este aspecto en particular, la Comisión solicitó que se inicie investigación contra el entonces juez Tercero de Orden Público, el juez 16 de Instrucción Penal Militar, el médico legista y los funcionarios de la Procuraduría que avalaron los resultados del examen siquiátrico.
La Comisión terminó de deliberar el pasado miércoles y elaboró un documento de más de 200 páginas. Ahora hay que esperar a que la Procuraduría desarchive el expediente y que la Fiscalía encuentre alguna irregularidad en el proceso penal, porque éste hizo tránsito a cosa juzgada.
Cuatro meses después de instalada la primera comisión encargada de encontrar la verdad perdida, queda la sensación de que al menos en este caso el gobierno decidió tomar el toro por los cuernos en materia de derechos humanos, y que la comisión inicial será seguida por otras que investiguen no sólo los desafueros de los militares sino los atropellos atribuidos a la guerrilla.


QUE LOS organismos internacionales de derechos humanos pongan sus ojos sobre la barbarie que caracteriza a algunas de las incursiones guerrilleras es otra de las estrategias emprendidas por el Estado colombiano en el exterior.
Por esa razón acaba de ser publicada una cartilla que contiene un pormenorizado recuento de los hechos que rodearon la muerte de dos pequeños estudiantes y 11 miembros de la Policía en una emboscada ocurrida el 2 de noviembre del año pasado en el departamento del Cauca. -
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