Lunes, 1 de septiembre de 2014

LA COLOMBIA DE LOS 90

| 1990/09/10 00:00

LA COLOMBIA DE LOS 90

Documento del Centro de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, basado en un seminario realizado en la Universidad de California. El texto completo saldrá publicado en el No.10 de la Revista de Estudios Políticos.

Es sorprendente que los colombianos estemos enfrentados a escenarios políticos tan disímiles para los próximos años y que todos tengan, en la visión de distintos analistas, un nivel de posibilidades equivalente. Esta incertidumbre no cobija solamente a los medios académicos, sino a la opinión pública en general, pues no existe suficiente claridad con respecto a las perspectivas institucionales del país en la próxima década.

Cuatro son los escenarios posibles para la Colombia de los años noventa, de acuerdo con las discusiones realizadas en diciembre pasado en un seminario desarrollado en la Universidad de California, Estados Unidos, con la participación de académicos colombianos y norteamericanos: a. Una polarización extrema con tendencia hacia la guerra civil; b. Un continuismo conflictivo acompañado de soluciones intermedias; c. Una recomposición autoritaria de derecha y un aumento del poder militar; d. Una apertura democrática con mecanismos de incorporación de nuevas fuerzas políticas al juego electoral.

El primer escenario considerado tiene muy pocas probabilidades, a diferencia de los otros tres que merecen una reflexión detenida. Por ello, haremos un mayor énfasis en su análisis. En relación con la recomposición autoritaria intentaremos delinear un perfil de la derecha colombiana a fin de dilucidar su potencialidad como actor político y, por tanto, su capacidad para imponer una salida autoritaria a la crisis nacional. Y con respecto a la cuarta opción, mediante un breve análisis de la coyuntura actual, intentaremos vislumbrar las posibilidades de una salida democrática a la actual crisis que vive el país.

GUERRA CIVIL
En un documento conocido con el nombre de Santa Fe II, elaborado por un lobby de intelectuales ligados a la derecha republicana de los Estados Unidos entre ellos el ex embajador en Bogotá, Lewis Tambs, se plantea este escenario catastrófico como destino ineluctable del país. Esta es una perspectiva que comparten muchos miembros del medio académico norteamericano.

Es, sin embargo, la opción menos probable. Si entendemos por guerra civil un conflicto bipolar en el cual se enfrentan dos polos definidos (gobiernooposición), que buscan acumular el poder político y militar indispensable que les permita resolver a su favor el conflicto e imponer un proyecto de sociedad, estamos lejos en Colombia de tal situación.

En el país lo que tenemos es un conflicto multipolar y desvertebrado, en donde se presentan diversos actores inmersos en la violencia: narcotrafico, paramilitarismo, grupos de autodefensa, sicarios, guerrilla, ejército, delincuencia organizada y difusa. En una situación tal, ninguno de los actores involucrados en el conflicto estratégico por el control o conservación del Estado (guerrillagobierno), tiene la capacidad para acumular el suficiente poder para doblegar a su adversario. La "insurgencia crónica" ha sido una de nuestras constantes en las últimas tres décadas. E igualmente la fragmentación y debilidad del Estado, y su ya prolongada pérdida del monopolio de las armas.

Por otra parte, un conflicto bipolar implica que existan actores estructurados y, por el contrario, lo que se evidencia en el país es un profundo fraccionamiento de los sectores enfrentados. Es el caso del movimiento guerrillero, por ejemplo, que unificado hace poco más de dos años en torno de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolivar, hoy se encuentra con un grupo integrado a la vida civil (M-19), tres en proceso de negociación (EPL, Quintín Lame y el PRT) y dos en confrontación con el Estado (FARC y ELN). Este es también el caso del propio Estado, fraccionado por diversas visiones del manejo del orden público, no siempre coincidentes. Incluso un actor aparentemente desprovisto de visión estratégica, pero con un alto poder desestabilizador como el narcotráfico, se encuentra igualmente fraccionado debido al enfrentamiento entre los carteles de la droga.

Un tercer elemento que juega en contra de la guerra civil como escenario posible es la ausencia de una violencia de carácter nacional, como sí es el caso, por ejemplo, de El Salvador, en donde se presentan dos polos claramente diferenciados, provistos de estrategias globales y con una actividad que copa la geografía nacional.

En Colombia lo que presenciamos es la existencia de múltiples conflictos regionales, de una abigarrada geografía de la violencia. Aun cuando existan actores que disponen de estrategias nacionales, como las Fuerzas Armadas, el resto o son grupos regionales (tales como el movimiento Quintín Lame) o sólo disponen de una precaria presencia global. En cada región en conflicto agudo varían los actores enfrentados, los intereses en juego y las alianzas locales. Incluso los movimientos guerrilleros sólo pueden ser considerados en su dimensión regional, así tengan como objetivo una estrategia de poder nacional.

La guerrilla colombiana no ha podido alcanzar un nivel de representación política que le permita polarizar nacional o socialmente al país, a diferencia de los grupos insurgentes en Cuba y Nicaragua. En estos dos países, tanto el movimiento 26 de Julio como el Frente Sandinista de Liberación Nacional alcanzaron un alto nivel de representación política gracias a la existencia de un adversario extemo (dimensión nacional),ligado estrechamente con una dictadura repudiada (dimensión antidictatorial). En Colombia, la guerrilla ha logrado a lo sumo niveles de representación de intereses locales o adhesiones por razones ideológicas.

Finalmente, es importante señalar que en Colombia, a diferencia de la otra nación sudamericana que sufre una crisis similar, el Perú, la crisis política no ha coincidido hasta el momento con una crisis económica de las mismas dimensiones. La relativa estabilidad de nuestra economía le ha permitido al sistema político absorber muchas tensiones sociales. En cambio, en el Perú la crisis está asumiendo modalidades catastróficas por la confluencia de ambos factores. Y, de otra parte, en el país, a diferencia de El Salvador, la guerrilla no ha logrado afectar significativamente la economía, a pesar de los actos de sabotaje económico del Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra nuestros recursos naturales. El crecimiento económico ha continuado a pesar del clima de violencia y, salvo que el país entrara en una probable recesión profunda en los próximos años, el factor económico no lo hemos considerado como una variable determinante de los escenarios posibles.

Existe, sin embargo, un factor que podría jugar a favor de este escenario catastrófico: la creciente criminalización de las naciones andinas debida al tráfico de drogas y la decisión norteamericana de enmarcar este tráfico en el dominio de su seguridad nacional. El intento de hacer de Colombia el "Vietnam de la lucha contra las drogas", por parte de las administraciones Reagan y Bush, ha tenido y podrá seguir teniendo un efecto profundamente desestabilizador, si el nuevo gobierno colombiano no introduce serias rectificaciones en la cuestionada política antidrogas actual.

CONTINUISMO CONFLICTIVO
El segundo escenario contemplado es el de una vía continuista con algunos ajustes limitados. Existen muchos factores que actúan a favor de esta opción. El más importante es la carecterizada inercia nacional de los últimos años, que se ha expresado, por ejemplo, en la ausencia de medidas tendientes a un ajuste significativo del rumbo nacional, a pesar del creciente deterioro de la vida del país en múltiples planos. Esta inercia nace de la ausencia de un liderazgo consolidado y de un propósito nacional que convoque y movilice a los colombianos.

La experiencia de los úItimos años muestra unos partidos tradicionales profundamente fraccionados e inmersos en una crisis palpable de liderazgo, así como a unos mandatarios que no han podido contar con un partido de gobierno para el desarrollo de sus gestiones. Con la solo excepción de los primeros años del cuatrienio belisarista en que se creó una opinión pública sensible y movilizada en tomo de la paz, en Colombia no ha exisitido un solo propósito nacional que convoque al país. ¿Cómo, entonces, buscar un rediseño en nuestro entorno político, si no existen ni quién lo lidere ni quién cuente con la legitimidad suficiente para ganar la adhesión ciudadana? ¿Podrá ser la Asamblea Constitucional el marco de esa causa común nacional hoy ausente?

Por otra parte, en el corto plazo puede influir en esta perspectiva continuista el poder estabilizador que tiene en Colombia el ritual electoral y ante todo la designación de un nuevo mandatario. El presidente electo goza siempre de un cierto margen de autonomía y de expectativa ciudadana, al menos en los inicios de su mandato. Suponiendo que el nuevo mandatario, César Gaviria, tuviese una visión de índole continuista podría empeñarse con algun éxito en imponer esta vía. Finalmente, puede de igual modo, jugar a favor de esta opción una asamblea constitucional bajo control de la clase política tradicional, que aproveche esta institución con el objetivo de buscar su relegitimación, gracias a unas innovaciones formales a nuestra Carta fundamental.

Pero existen igualmente factores que van en contravía de esta perspectiva. En primer término, la degradación persistente del conflicto colombiano, en la medida en que hemos ido pasando imperceptiblemente de una guerra de insurgencia-contrainsurgencia a una situación de terror y contraterror, donde se han ido desdibujando las motivaciones políticas de la confrontación. A esta situación se añade de la superposición creciente de las múltiples violencias que sufre el país, el "fuego cruzado" de que habla Enrique Santos Calderón en el título de su obra.

Colombia, más que a El Salvador, en donde existe una cierta racionalidad en el conflicto bipolar guerrillaEstado, se asemeja al Líbano, país en el cual la multiplicidad de conflictos superpuestos de índole religiosa, política y étnica conllevan la total pérdida de transparencia. Sin duda, desde la públicación del informe Colombia: Violencia y democracia en 1987 hasta hoy, todos los indicadores cuantitativos tienden a mostrar un deterioro preocupante: tasas de criminalidad e impunidad, número de homicidios, población carcelaria, etc.

En esta tensión continuismoconflicto, en donde el propio continuismo ahonda los factores de fricción al mantener sin resolver las múltiples contradicciones que atraviesan nuestra sociedad, creemos que es poco viable mantener sin rectificaciones más o menos profundas el rumbo actual del país. Por ello, consideramos que una reformulación política se impondrá tarde o temprano en los próximos años.

RECOMPOSICION AUTORITARIA
El tercer escenario posible que mencionamos es el de una recomposición autoritaria del Estado, como respuesta a la crisis que sufre el país. En muchos estamentos de la sociedad colombiana (hacendados, oficiales de las Fuerzas Armadas, sectores empresariales y políticos), existe una percepción creciente sobre la ingobernabilidad de nuestro sistema político, sobre la fragilidad de las instituciones para enfrentar los múltiples desafíos que soporta, y coinciden en la necesidad de un gobiemo de mayor autoridad para superar el caos actual.

Los hechos ocurridos en el país en los últimos meses nos llevan a formular una serie de interrogantes iniciales: ¿Estamos en presencia de un compló de extrema derecha? ¿Se presenta hoy un sector de esos rasgos ideológicos interesado en desestabilizar políticamente el país.

Existe un factor que puede favorecer esta hipótesis y es el creciente dislocamiento del Estado en el manejo del orden público interno. En los últimos años se ha ampliado el abismo entre la cúpula civil del Estado y los altos mandos militares, en torno al manejo del orden público. Para los primeros, el narcoterrorismo se ha constituido en el principal adversario, dada su inmensa capacidad desestabilizadora, mientras que la guerrilla tiende a ocupar un plano secundario o es susceptible de neutralización mediante la política de paz. Para los segundos, por el contrario, en el marco de la visión maniquea que los alimenta ideológicamente, la amenaza comunista continúa siendo el desafío central que debe enfrentar nuestro Estado, mientras que el narcotráfico o es una mera actividad delincuencial o es simple y llanamente un eficaz aliado en la guerra de contrainsurgencia. Los nombres de los narcotraficantes Gonzalo Rodríguez Gacha y Fidel Castaño, adalides de la lucha anticomunista y fieles aliados de los mandos militares en sus zonas de actividad, son el mejor testimonio de esta preocupante dislocación del Estado. Esos dos oscuros personajes constituyen, ademas, una preocupante evidencia del aporte no desdeñable del narcotrafico en la gestación de una extrema derecha en el país.

Este es uno de los principales elementos que podría conducir a una crisis estatal, en la medida en que las perspectivas que manejan sus agentes no coincidan sobre un tema de tanta prioridad. Una quinta columna intema tiene un efecto devastador en la unidad de criterios y acciones gubernamentales.

Pero, más allá de estos conflictos en el marco del Estado, la consolidación de este escenario requiere que exista en el país un grupo de derecha organizado y con un proyecto común. En los últimos años han aparecido en todo el continente grupos de intelectuales de derecha que, apoyados por sectores empresariales o partidos conservadores, se han dedicado a poner en cuestión de esquemas políticos y económicos tradicionales en esta parte del mundo.

En buena medida, la emergencia de estas corrientes a nivel internacional ha respondido a necesidades de orden económico. En Europa y los Estados Unidos se ha buscado romper con los moldes heredados de las corrientes keynesianas y su visión del Estado benefactor, mientras que en América Latina se ha buscado superar los desajustes heredados de movimientos populistas o de costosas dictaduras militares.

En Colombia, por el contrario, donde en términos generales ha existido unanimidad de las élites en tomo del modelo de desarrollo económico implantado en el país hace ya varios lustros, de claro corte neoliberal, la emergencia de grupos de derecha tiene connotaciones casi exclusivamente de orden político.

Más que una derecha doctrinaria que sólo se halla en proceso de conformación o de recomposición, en Colombia existe una extrema derecha punitiva nacida de la violencia contemporánea. La derecha doctrinaria, cuyos últimos representantes (Laureano Gómez, Gilberlo Alzate, Jorge Leyva) desaparecieron hace ya varios lustros, ahogó su proyecto histórico en el holocausto de la violencia. La derecha cavó su propia tumba. "Pensamiento de vencidos, pensamiento vencido", como diría Simone de Beauvoir. Generosos, los colombianos no dejaron morir en Madrid, como a tantos otros dictadores de triste recuerdo del continente al principal responsable del holocausto. Le permitieron, por el contrario, ser uno de los gestores del Frente Nacional.

El "síndrome de la violencia" actuó, sin embargo, como un factor inhibitorio para volver a actuar a rostro descubierto. La vieja derecha se desdibujó en el panorama político. Y como hemos dicho, la nueva derecha civilista, que hoy se mueve con fuerza en América Latina, apenas se esboza en Colombia.

Nuestra tesis es, pues, que mientras en América Latina, tras el colapso de los regímenes de seguridad nacional, emerge una nueva derecha que asume su papel a la luz del día y en el terreno de la disputa democrática, en Colombia ésta asume la modalidad del terrorismo en clara contravía a los procesos democratizadores que vive el continente.

Sus orígenes se encuentran en el prolongado y desgarrador conflicto que ha vivido el país en la última década. Por una parte, los excesos criminales de la guerrilla que mediante el secuestro y la extorsión ha generado, en parte como reacción, la configuración de grupos paramilitares y de autodefensa en diferentes zonas del país. Por otra parte, el colapso de la rama jurisdiccional que ha facilitado la emergencia de distintas modalidades de justicia privada y que ha llevado a múltiples élites regionales (Valle del Cauca, Antioquia, Risaralda) a estimular "operaciones de limpieza" para disminuir las tasas de criminalidad. Y finalmente, la nefasta doctrina de la Seguridad Nacional, que, pese a las afirmaciones contrarias de los mandos militares, sigue alimentando ideológicamente a nuestras instituciones castrenses. Esta doctrina, cuyo ideario es contrario a nuestras instituciones democráticas, tiene como eje el obsoleto conflicto EsteOeste y sus bases son la llamada geopolítica de las fronteras ideológicas, la idea del "enemigo interior" y la noción de "guerra total".

En un contexto como el colombiano, caracterizado por un conflicto multipolar y difuso, las extremas derechas sólo se presentan como aparatos, es decir, como organizaciones sin reales raíces sociales y sin que el país se sienta ni convocado ni movilizado. Se trata pues, de una derecha de la retaliación o de los privilegios, en medio de confusas u oscuras justificaciones. Derecha raquítica en el plano ideológico, pero poderosa en su capacidad desestabilizadora.

En el conflictivo contexto del país estas fuerzas de extrema derecha pueden jugar un papel extremadamente arriesgado para la continuidad de nuestras instituciones democráticas. Este es el caso de múltiples dirigentes políticos, tanto liberales como conservadores, locales o regionales, comprometidos hoy con complejas redes de violencia en sus zonas de influencia y que atentan contra políticas de interés estratégico para el país, como la paz y la reconciliación nacional.

Numerosas preguntas, sin respuesta todavía, plantean los últimos acontecimientos del país. ¿Se halla hoy esta derecha punitiva en proceso de centralización? ¿Dispone de un proyecto estructurado tendiente a crear un vacío de poder? ¿Tiene esa extrema derecha coincidencias limitadamente funcionales con el narcoterrorismo o, por el contrario, coincidencias estratégicas, es decir, se trata de una narcoderecha?
Sin entrar a considerar otros factores, podríamos afirmar que la ausencia de una derecha institucionalizada produce el mismo vacío que la ausencia de una izquierda democrática: ante la inexistencia de unos canales de representación política, se expresan a través de modalidades extremistas. Tanto el Movimiento de Salvación Nacional como la Alianza Democrática M-19, en la medida en que permitan organizar a las viejas y a las nuevas derechas, así como a la izquierda civilista, pueden servir de factores estabilizadores de nuestro sistema político.

En conclusión, la persistencia sin atenuantes ni controles de las actividades de la derecha punitiva pueden conducir al país por la vía del despeñadero, del vacío institucional, de la degradación persistente del conflicto. Pero, de otra parte, la emergencia de una derecha organizada y con amplio juego político puede conducir a un aislamiento de los sectores ultraderechistas o incluso a su integración y canalización.

MODERNIZACION DEMOCRATICA
Finalmente, una cuarta opción sería la modernización democrática del Estado, con sistema de incorporación de nuevas fuerzas al sistema político.

Existen factores en contra y a favor de esta opción. En cuanto a los primeros se halla la enorme resistencia que presentan los sectores partidarios a ultranza del statu quo, quienes se oponen a cualquier renovación política e incluso generacional. El genocidio sufrido por la Unión Patriótica es, sin duda, el mejor ejemplo de la rigidez y de la resistencia que existen en nuestro medio para la ampliación del espacio de la disputa democrática, así como de la incapacidad (y en muchos casos complicidad) del Estado para controlar estos sectores.

A este clima de intolerancia se añade la propia incapacidad demostrada en décadas por la izquierda para construir un movimiento urbano, moderno y alternativo. En Colombia, la izquierda se militarizó desde muy temprano al asumir como eje estratégico de su acción la actividad insurgente, precipitando al país en una polarización ideológica extrema.

Por ello, lo más civilizador en términos políticos para el país es la conformación de una izquierda democrática fuerte, que permita despolarizar el conflicto, que sirva de colchón para amortiguar las tensiones que vive la sociedad colombiana, y que ejerza una presión democratizadora. Esta es, sin duda, la función que está llamada a cumplir la Alianza Democrática M-19, tal como quedó definido en su reunión plenaria del 20 de junio, donde se proyectó su trabajo hasta las próximas elecciones y se aprestó a integrar a otras organizaciones, ante todo a los grupos guerrilleros que se hallan en proceso de reincorporación.

Además de esa posibilidad que jugaría a favor de una perspectiva democrática en Colombia, otros factores favorables podrían ser la reincorporación a la vida civil de nuevos insurgentes, así como de movimientos de autodefensa del Magdalena medio. En cuanto hace a los primeros, las negociaciones que se adelantan actualmente con el Ejército Popular de Liberación (EPL), el grupo indigenista Quintín Lame y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), parecen andar por buen camino. La materialización de estos acuerdos podría contribuir a ahondar los objetivos del proceso de paz, que de una u otra manera se inscriben en el proceso internacional de distensión EsteOeste y en el impacto de la perestroika en el movimiento revolucionario mundial.

En cuanto hace a la desmovilización y entrega de las armas por parte de los grupos de autodefensa, éste podría ser el comienzo del desmonte de los grupos paramilitares en el país, que han sido los responsables de los principales genocidios perpetrados en los años más recientes.

Ahora bien, los resultados de las pasadas elecciones nos permiten ser moderadamente optimistas con respecto a la posibilidad de una salida democrática a la crisis nacional. Estos resultados no son sorprendentes si tomarnos en consideración los cambios vividos por el país en los últimos años, que crearon el piso sobre el cual se asientan estos hechos. En especial, el ascenso en la movilización y la participación ciudadanas que se ha acompañado de una ampliación de una cultura democrática y participativa en sectores cada vez más extensos de la población. Este proceso de democratización parainstitucional que ha contemplado el país en la última década, tiende a incidir en forma creciente en la vida política. Su impacto está a la vista.

Alfonso López Michelsen, quien ha acostumbrado al país a sus pequeñas fórmulas sintetizadoras de la coyuntura política (quién no recuerda su "¿si no es Barco, quién?", se refirió a las elecciones de marzo como una "pequeña revolución política". Su diagnóstico fue totalmente acertado, no sólo si se piensa en los comicios de marzo, sino también en los sorprendentes resultados dos meses después en las elecciones presidenciales.

Analicemos inicialmente por separado ambos episodios, que nos permitan plantear algunas conclusiones generales.

En las elecciones de marzo se dieron tres hechos de gran significación para el futuro. Por una parte, la escogencia del candidato liberal mediante el voto popular. Por otra parte, la sorprendente votación obtenida por el M-19 a sólo dos días de su desmovilización y reincorporación a la vida civil. Y por último, el éxito de la llamada "séptima papeleta" impulsada por el movimiento estudiantil, que le abriría paso al decreto gubernamental que condujo a la aprobación en el mes de mayo de la anhelada asamblea constitucional que el país demandaba.

En estos tres hechos se estaba incubando la "pequeña revolución". No sólo en cuanto al cambio de los hábitos políticos mediante la democratización en la elección del candidato liberal y la votación por la "séptima papeleta" sino, y ante todo, debido a la materialización de un proyecto de izquierda democrática que entraba a disputarle a los partidos tradicionales su legitimidad en los centros urbanos. La izquierda abandonaba su marginalidad tradicional como "retaguardia armada de los colonos", para buscar un apoyo en capas de la población que no se sienten representadas en los partidos tradicionales, ni en los movimientos insurgentes, ni en la izquierda comunista.

Estos hechos alentadores se presentaron, sin embargo, en un clima de violencia sin antecedentes en el país. Tres candidatos presidenciales asesinados en escasos ocho meses ponen de manifiesto que, entre las fuerzas dispuestas a desestabilizar el país y las fuerzas comprometidas con una salida democrática a la crisis nacional, no se hajugado todavía la úItima partida.

Las tendencias más pronunciadas presentadas en el mes de marzo se confirmaron en las elecciones presidenciales del 27 de mayo. En primer término, la votación de la Alianza Democrática M- 19 se amplió hasta el punto de colocarse encima del candidato social conservador Rodrigo Lloreda. A este hecho se añadió la significativa votación proveniente desde la derecha en apoyo al candidato del Movimiento de Salvación Nacional, Alvaro Gómez Hurtado. O sea que entre el partido liberal y el partido social conservador, se colocaron dos fuerzas que podrán ser la base de una ampliación del espectro político colombiano en esta década.

Por otra parte, más de cinco millones de colombianos votaron en favor de la asamblea constitucional, base de una posible renovación democrática de nuestras instituciones. Finalmente, la introducción del tarjetón y la presencia de la televisión de lleno en el debate electoral, no sólo condujeron a un comienzo de saneamiento de nuestro sistema electoral sino, ante todo, a la posibilidad de que fuerzas políticas sin un aparato de índole nacional pudieran llegar con sus ideas y con sus votos a todo el país.

Si las tendencias observadas en la conducta electoral se mantienen (ante todo la diversificación del espectro político), así como las reformas introducidas en las técnicas electorales (el tarjetón, el voto en recinto cerrado y en secreto) y en los mecanismos de consulta popular para la escogencia de los candidatos presidenciales, el sistema político colombiano habrá sufrido un sismo en favor del último escenario que hemos presentado.

Estas innovaciones políticas, que pueden producirse en el marco mismo de nuestra democracia, sin los traumatismos de una ruptura constitucional o de una revolución, tienen como ejes los tres aspectos señalados. En primer término, que se consoliden en el país nuevas fuerzas políticas, desde una derecha civilista hasta una izquierda democrática que nos permitan despolarizar el conflicto que vive el país; es decir que esta ampliación del espectro político no sólo lleve a un mayor aislamiento tanto de la derecha punitiva como de la izquierda ultrarradical, sino que amplíe las opciones en juego en el sistema electoral. O sea, que nos hallemos ya firmemente encaminados hacia la superación del bipartidismo o al menos hacia un bipartidismo imperfecto, en donde al lado de los dos partidos mayoritarios se presenten otras fuerzas menores pero con arraigo nacional.

En segundo término, que las innovaciones introducidas en las técnicas electorales le permitan al país comenzar a superar los métodos espurios de movilización electoral: la compraventa de votos y la ausencia de autonomía del elector. En otras palabras, que el fenómeno del voto de opinión que hasta las elecciones sólo operaba en los centros urbanos, y entre sectores de buena información política, altos niveles de escolaridad e ingresos medios o altos, se expandan hacia poblaciones intermedias e incluso hacia las zonas rurales. La autonomía política del elector es la base para la superación de los "feudos podridos", el caciquismo y el clientelismo.

En tercer término, en cuanto hace a la consulta popular como una suerte de primarias a la colombiana para escoger el candidato de un partido, sin duda el mecanismo más idóneo para iniciar la democratización de los partidos y por tanto del régimen político en su conjunto. Efectivamente, en Colombia debido a la persistencia de partidos de cuadros, más apropiados para una democracia censitaria del siglo XIX que para una democracia moderna, la designación de los candidatos era asunto de notables en convenciones cerradas. Ante la presión ciudadana para ampliar sus márgenes de participación y decisión a todos los niveles, esos mecanismos de designación eran a todas luces obsoletos. Hoy podemos estar viviendo un comienzo serio de la siempre postergada modernización de nuestros partidos políticos.

Finalmente, la aprobación de la asamblea constituyente puede abrir el espacio necesario para materializar los cambios democráticos que el país requiere, mediante un acuerdo pluralista y nacional.

En conclusión, podríamos afirmar que a pesar del clima de violencia que acompañó tanto los comicios de marzo como los de mayo, en estas elecciones se presentó una serie de hechos (ampliación del espectro político, aprobación de la asamblea constitucional, etc.), que permiten pensar que existen nuevas fuerzas y nuevos recursos políticos para enfrentar con mayor optimismo el futuro.

Pero para alcanzar esta situación es indispensable que el próximo gobierno le introduzca cambios al esquema barquista gobierno-oposición. Existen cuatro opciones con respecto a este esquema: una, la continuista, que se fundamentaría en el mantenimiento de un gobierno de partido; dos, una regresiva, mediante la reconstitución del Frente Nacional, es decir, de un gobierno bipartidista; tres, el esquema gobierno-oposición actual pero amortiguado mediante unos "acuerdos sobre lo fundamental", sea con las dos fracciones conservadoras (el partido social conservador y el Movimiento de Salvación Nacional), o más ampliamente, incluyendo la Alianza Democrática M-19; y, finalmente, el desmonte del esquema en favor de un gobierno de amplia coalición nacional para enfrentar la crisis.

Una real recomposición democrática sólo será posible si se acompaña de mecanismos eficaces de inserción de nuevas fuerzas al sistema político. Por ello, tanto la continuidad del esquema como una eventual recomposición frentenacionalista serían muy negativas para estos propósitos.

CONCLUSION
Como habrá podido observar el lector, ni el golpe militar como eventual salida autoritaria, ni la revolución política se han comtemplado en el abanico de las opciones probables a lo largo de nuestro análisis. Una crisis política de envergadura no se puede descartar jamás totalmente del horizonte. Pero, suponiendo que la situación actual no sufra un terremoto semejante, nos parece inapropiado plantear esas dos opciones que han sido las predilectas de múltiples analistas, tanto extranjeros como nacionales. Para éstos, Colombia sólo tiene por delante dos perspectivas: o una "salvadorización" (guerra civil) o una "uruguayización" (militarización progresiva).

En cuanto hace al golpe militar, ni el contexto latinoamericano en el cual se vive un proceso global de democratización, ni el colombiano en donde no existe una tradición militarista de control directo del Estado, aparecen como favorables para una mayor opción. Y con respecto a la revolución política, es evidente que tras un estudio de auge y crecimiento en los ochenta, el movimiento insurgente que persiste en la guerra vive hoy una etapa de regresión, aislamiento y crisis.

Sin embargo, la necesaria

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