La compleja trama del proceso contra 'Pacho' Santos y José Obdulio

Quien “impute falsamente a otro una conducta típica, incurrirá en prisión de 16 a 72 meses de prisión”. De esta manera el Código Penal Colombiano describe el delito que se conoce como calumnia. Según la Ley, la sanción que acarrea se puede pagar por fuera de la cárcel por ser una pena menor.

Por la posible comisión de ese delito, el ex vicepresidente Francisco Santos y el ex asesor presidencial José Obdulio Gaviria deberán responder ante la justicia, luego de que esta semana se conoció la noticia de que el Juez 25 Penal de Bogotá, con Funciones de Control de Garantías, aceptó una imputación de cargos formulada por la Fiscalía. A la diligencia no asistieron ni Gaviria ni Santos, sino que enviaron a sus apoderados.

El apoderado de Gaviria arguyó que el ex asesor presidencial no acudió a la diligencia porque “siente algo de temor”, y el apoderado de Santos porque, en criterio del ex vicepresidente, la pretensión de quienes exigen su presencia en la audiencia es “exhibirme ante los medios de comunicación como culpable”.

Los representantes de los sindicatos del  Sindicato de Trabajadores de las Empresas Municipales de Cali (Sintraemcali), el Sindicato de Trabajadores de Empleados Universitarios de Colombia (Sintraunicol) y el Sindicato de Trabajadores de la Empresa de Teléfonos de Bogotá (Sintrateléfonos) fueron los que pusieron en aprietos a los ex funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe. ¿La razón? Tanto Santos como Gaviria dieron declaraciones en las que relacionaron estos sindicatos con “el terrorismo”.

El origen del entuerto

La historia comenzó el 9 de julio del 2007, cuando integrantes de los sindicatos colombianos asistieron al XI Seminario Internacional Problemas de la Revolución en América Latina, en Quito, Ecuador. El seminario es un encuentro de organizaciones de izquierda de todo el mundo, en el cual participan, desde hace 14 años, representantes de partidos comunistas y de movimientos sindicales y populares.

La invitación al seminario, según Jorge Iván Vélez, presidente de Simtraemcali, la recibió por cuenta del Centro de Estudios Sociales, Migración, Arte, Cultura y Desarrollo Popular (CEMAPE). El encuentro se celebró en la Facultad de Filosofía de la Universidad Central de Ecuador.

Vélez asistió, junto con el vicepresidente del sindicato, Albert Quintero, entre otras personas. “El objetivo nuestro era aprovechar la presencia de varios sindicatos del mundo para hacer cabildeo, pues estábamos en el proceso de escisión de las empresas municipales de Cali”, dijo Vélez a Semana.com.

Según el sindicalista, el día 11 de julio, es decir, dos días antes de que terminara el seminario, él y Quintero se devolvieron para Colombia.

El 19 de julio del 2007, el entonces vicepresidente, Francisco Santos, hizo una rueda de prensa en la que ante varios medios de comunicación pidió que los delegados de los sindicatos explicaran si habían firmado una declaración en la que apoyaban la lucha armada.

“Que expliquen al país si el apoyo y la firma de un documento de encuentro de organizaciones de izquierda en Quito, Ecuador, que se realizó entre el 9 y el 13 de julio, acto donde estuvieron presentes las FARC y el ELN y donde se apoya la lucha armada, representa el pensamiento de estos sindicatos”, pidió Santos.

En una entrevista con Yamid Amat en CM&, el vicepresidente dijo: “Eso aquí en Colombia no pasa, es una apología del terrorismo”.

La noticia fue titulada en la página de la Presidencia así: “Tres sindicatos firman declaración que apoya el terrorismo en Colombia”.

“Firmar un apoyo a la lucha armada, al terrorismo, le hace mucho daño al sindicalismo democrático de Colombia… Son estos señores -los que firmaron esto- quienes son culpables de poner en riesgo el sindicalismo”, agregó Santos en su denuncia.

El reclamo del entonces vicepresidente se refería una declaración que firmaron las organizaciones participantes en el seminario. La declaración decía:

“Nos apoyamos en todas las formas de lucha que permitan la acumulación de fuerzas para la revolución, que golpeen al enemigo y acerquen el triunfo de nuestros objetivos, entendiendo que sólo el uso de la violencia organizada de las masas permitirá dar los golpes definitivos para derrotar la dominación burguesa - imperialista y conquistar el poder”.
 
Lea la declaración aquí:

Y, efectivamente, dentro de las organizaciones participantes aparecen los nombres del “Frente Internacional Ejército de Liberación Nacional” y “Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC-EP”.

La declaración está publicada en varios blogs de partidos de izquierda como el del Movimiento Popular Democrático y en el del Partido Comunista Marxista Leninista de Ecuador. Sin embargo, en algunos no aparecen los nombres de los sindicatos en la lista de participantes.

El entonces presidente Uribe dijo, dos días después: “No puede ser que nos frustren la aprobación del TLC acusándonos de no proteger a los sindicalistas, y que simultáneamente vayan algunos a Quito a firmar una declaración política de apología del terrorismo.”
 
Lea la declaraciónaquí:

Vélez aseguró que en ningún momento él ni los demás sindicalistas que viajaron con él firmaron ningún documento. “Nosotros, incluso, viajamos antes de que acabara el seminario, como consta en los tiquetes de los vuelos de avión”, dijo.

En una columna de El Tiempo titulada “Todo pecado empieza siendo pensamiento”, José Obdulio Gaviria escribió: “¿Por qué van ciertos colombianos a aquelarres como los de Quito? ¿Será que se les cae un diente y el ratón Miguelito les pone los pasajes debajo de la almohada? ¡No! Van porque pertenecen a la cofradía universal del terrorismo, interactúan con sus colegas del mundo”.

Por expresiones como estas fue que los sindicalistas decidieron emprender acciones legales contra Gaviria y Santos, quienes son investigados por la justicia ordinaria.

Quintero cree que las declaraciones de los dignatarios tenían el propósito de desprestigiar la actividad sindical, en un momento en que las violaciones a los derechos humanos eran tenidas en cuenta por Estados Unidos para no aprobar el TLC.

Vélez, por su parte, considera que las pruebas indican que los funcionarios se equivocaron con sus apreciaciones y “nunca podrán demostrar lo que dijeron”.

El seminario sí expidió el documento en el que aparecieron los nombres de los sindicatos. Sin embargo, Vélez contó a Semana.com que él pidió a los organizadores del encuentro en Quito que retiraran los nombres de los sindicatos porque ellos no habían suscrito ninguna declaración y que tampoco sabían que en el encuentro participarían las FARC ni el ELN. Esta es la razón por la que en algunos blogs no aparecen los nombres de Sintraemcali, Sintraunicol y Sintrateléfonos.

Las amenazas

Tras las denuncias de los funcionarios del Gobierno, los sindicalistas arguyen que recibieron amenazas. En un correo con fecha del 9 de agosto remitido por un grupo denominado “Águilas Negras” a las asociaciones sindicales, dice que “los que fueron a Quito, las juntas directivas de Sintraemcali, Sintrateléfonos y Sintraunicol, Fecode Anthoc y la Uneb y todos los guerrilleros que están apertrechados, son declarados objetivo militar y tienen 30 días para abandonar el país”.

Vea el facsímil del correo aquí.

Según Quintero, “algunos compañeros ya se fueron. Pero nosotros decidimos quedarnos para seguir denunciando las injusticias contra los empleados, y los intentos de privatización”.

“Si ante todo el país dicen que apoyamos la guerrilla, ¿por qué no nos dan la cara? Si argumenta temor, ¡cuánto más nosotros que no tenemos protección del Estado!”, reclamó Vélez.

Por esta razón, el Observatorio Internacional de Abogados decidió acompañar el proceso y recordarle a la comunidad internacional, a través de diversos contactos con embajadas, pero también al Estado colombiano, que tiene la responsabilidad en torno a su seguridad”, según indicó el francés Emmanuel Molina esta semana.

Las aclaraciones del seminario

Una de las inquietudes que surgieron en el momento de la publicación de la declaración del seminario fue por qué las FARC, el ELN y el Ejército Popular de Liberación (EPL) aparecen en la declaración, al lado de organizaciones legales.

El 24 de julio del 2007, Ciro Guzmán Aldaz, director nacional del Movimiento Popular Democrático (partido de Ecuador), en una comunicación dirigida a los sindicatos aclaró que los nombres de las organizaciones que aparecen en la declaración son de las que presentaron ponencias, y los sindicatos nunca lo hicieron.

Agrega: que "delegados de las FARC y el ELN nunca fueron acreditados al seminario”, sino que las ponencias fueron leídas por ecuatorianos; y que la declaración “no fue suscrita por ninguna organización de Colombia, porque dos de ellas, Sintrateléfonos y Sintraemcali, se retiraron dos días antes” (del encuentro).

Ver documento aquí.

Las respuestas de Santos y Gaviria

Santos dijo al diario El Tiempo que el proceso que lleva la justicia en su contra por calumnia “está lleno de aberraciones”. Mencionó que una de ellas fue el relevo de la fiscal Ángela María Buitrago. "El otro fiscal, sin revisar el proceso, realiza la imputación de cargos", dijo. Y, en su criterio, la fiscal Buitrago "prevaricó", pues primero debió resolver una petición de archivo del caso y luego sí la imputación.

Por su parte, el ex asesor presidencial Gaviria respondió con una columna publicada en el mismo diario cuyo título es “Retractación”, que parece más una ratificación de lo que ya había escrito.

“Meses atrás (julio, 2007), los "comunistas revolucionarios" celebraron, también en Quito, su XIV Congreso. Las FARC fueron vedettes. En la declaración final hubo alto elogio y ofrecimiento de solidaridad con "los insurgentes". Entre las organizaciones adherentes aparecen seis clandestinas y dos sindicatos legales provenientes de Colombia. Sólo se escandalizó y puso grito en el cielo el vicepresidente. Yo, columnista, opiné a favor de su denuncia”, escribe Gaviria, quien después, en tono mordaz, dice que se retracta y que niega lo ocurrido:

“Me aconsejan retractarme de lo dicho porque con ello me zafaré del yugo infamante. ¡Bien! Procedo: digo que los que fueron al Congreso revolucionario no fueron. ¡Ok!, digo que los que adhirieron a la declaración no adhirieron. ¡Sí!, cuando se leyó la ponencia de las Farc, los colombianos presentes se taparon los oídos, y cuando sintieron aplausos, sacaron pitos. ¡Ajá!, nunca en Ecuador hubo reunión alguna de terroristas de las Farc con cómplices, auxiliadores y prosélitos. Niego que, revisadas las páginas web de las organizaciones firmantes de la declaración, una por una, haya una sola mención exaltadora del terrorismo, ni siquiera de las abundantes acciones y crímenes de las Farc (en 'Gayones Unión Proletaria', los tontarrones no han retirado a los sindicatos firmantes del 2007. ¡Pilas!)”.

Por esta columna los demandantes preparan una nueva demanda, pues consideran que la actividad sindical sigue siendo estigmatizada y perseguida. Sin embargo, ahora lo harán ante instancias internacionales.

Estos son los argumentos que la justicia deberá tener en cuenta para resolver el caso y los que se vienen.