El Congreso no quiso condecorar a Ordóñez

Desde hace 25 años, el 18 de agosto dejó de ser una fecha cualquiera para el país. Ese día de 1989, las balas de la mafia cegaron la vida de quien para muchos colombianos era la mayor esperanza: Luis Carlos Galán Sarmiento, quien cayó herido mortalmente cuando se aprestaba a encabezar una manifestación en la plaza principal de Soacha (Cundinamarca).

Cada año, son numerosos los homenajes tanto religiosos como políticos que se adelantan para conmemorar un aniversario de la muerte del carismático dirigente liberal. Y desde el 2001, gracias a una ley de la República, el 18 de agosto fue declarado “Día Nacional de la lucha contra la corrupción”.

Esa ley, sancionada por el entonces presidente, Andrés Pastrana, también creó el primer reconocimiento que se otorgaba en el país para aquellos ciudadanos que hayan “trabajado de manera ejemplar en la lucha contra la corrupción”, bien sea desde el sector público o desde el privado. Se trata de la Medalla al mérito Luis Carlos Galán Sarmiento contra la corrupción, que será entregada anualmente por el Congreso de la República y a la que puede aspirar cualquier ciudadano del común.

Probablemente este año, cuando el país conmemoró los 25 años del asesinato del dirigente liberal, la medalla Luis Carlos Galán se convirtió en un galardón muy apetecido para algunos. La convocatoria se abrió durante tres meses, en ese tiempo se recibieron 15 postulaciones y la semana pasada, la Comisión de Ética del Senado se reunió para escoger al galardonado.

Previamente, los miembros de esta Comisión adelantaron una investigación sobre antecedentes judiciales de todos los participantes. Para su sorpresa, de los 15 participantes, sólo dos no registraban investigaciones penales o disciplinarias en contra. Y de los 13 restantes, el que registró mayor número de antecedentes fue un candidato bastante reconocido: el procurador general, Alejandro Ordóñez.

Se desconoce si en el año en que se conmemoraban los 25 años de la muerte de Galán, Ordóñez quiso llevarse la medalla Luis Carlos Galán contra la corrupción. Lo que sí quedó claro es que uno de sus subalternos quiso verlo con este galardón en sus manos.

Jaime Mejía Osman, quien fue abogado del exalcalde de Barranquilla Bernardo el ‘cura’ Hoyos, veedor del Partido Conservador y actual procurador primero delegado para la contratación estatal, fue quien postuló a Ordóñez. Pero al hacerlo no adjuntó la hoja de vida, la copia de la cédula, ni una síntesis de las ejecutorias en materia de lucha contra la corrupción del jefe del Ministerio Público, requisitos mínimos para el trámite de la postulación.

Cuando el Congreso llamó a Mejía Osman para solicitarle estos requisitos, la respuesta de su secretaria, Martha Vanegas, fue que la orden era no proporcionar ni enviar documentos adicionales a la postulación, por tratarse del procurador general de la Nación, “figura pública y de reconocida idoneidad”.

La presencia de Ordóñez en la lista de 15 aspirantes puso en aprietos al Congreso. Primero, porque de todos ellos, el procurador registró el mayor número de investigaciones vigentes. Aunque la procuraduría, la Contraloría y la Dijín de la Policía Nacional informaron que Ordóñez no tiene registros, la Fiscalía reveló un dato que pocos conocían: “Ordóñez tiene 30 procesos penales activos y 15 inactivos”, dice el documento, aunque no especifica si son preliminares o formales.

Esta situación generó un debate entre los congresistas de la Comisión de Ética. Por un lado, quienes no consideraban prudente galardonar al candidato con mayor registro de investigaciones, y por otro, los que consideraban que “la gente más correcta” es la que más investigaciones tiene en este país.

Pero hubo otro elemento que se puso en consideración. Y es que no era conveniente para el Congreso premiar al procurador porque precisamente fue elegido para luchar contra la corrupción y está obligado a cumplir con ese deber.

Además se analizó la inconveniencia de que el Congreso le otorgara una condecoración a un funcionario que es elegido por el Senado. Con esos elementos, la Comisión de Ética decidió que el premio se debía otorgar a un personaje anónimo, y por eso decidió sacar de la lista de aspirantes al procurador. En consecuencia, se hará una nueva convocatoria para definir el galardonado.

Alejandro Ordóñez, quizá, deseaba llevarse la medalla Luis Carlos Galán como premio a su lucha contra la corrupción, pero el Congreso decidió que este galardón no era para él.