La ‘contra’ jurídica

¿Qué puede juntar a José Obdulio Gaviria, a la Asociación de Víctimas de la Guerrilla y a otros representantes de aquellos que ven guerrilleros de civil entre los defensores de derechos humanos? Una nueva ONG, que se dispone a librar contra esos activistas una guerra jurídica en toda la línea. Y no solo con argumentos legales, sino con una estrategia propagandística.

Se llama Bloque Humanitario para la Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. La preside Jaime Arturo Restrepo (presidente, a su vez, de la Asociación de Víctimas de la Guerrilla) y la componen, entre otros, el exasesor presidencial José Obdulio Gaviria, de Pensamiento Primero Colombia; Miguel Posada Samper, de Verdad Colombia, y Jorge Armando Múnera, de la Fundación Educación Libertad y Democracia, todos del corazón del pensamiento uribista. No precisan quién los financia, aunque lamentan el fallecimiento del excanciller y expresidente del Grupo Odinsa, Luis Fernando Jaramillo, quien era, según ellos, "el hombre clave" para levantar fondos.

En su debut pusieron la tónica de cómo planean adelantar su cruzada, un día antes de la audiencia privada convocada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las presuntas falsas víctimas de la masacre de Mapiripán. Restrepo viajó a Costa Rica, sede de la Corte, y entregó a sus jueces -y a la prensa- un documento de 30 páginas en el que retoma la información de la Fiscalía sobre las falsas víctimas y hace vehementes acusaciones contra el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, que representa a las víctimas en ese proceso.

"Detrás del engaño (de Mapiripán) está la mano negra del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. Pero además, de acuerdo al material incautado a Raúl Reyes, hay evidencia de que tiene nexos con la guerrilla", dice Restrepo, recurriendo a señalamientos usados muchas veces contra los defensores de derechos humanos. Los mismos que, según estos, han causado muchos de los asesinatos y amenazas de los que han sido víctimas. El Colectivo de Abogados dijo a SEMANA que prefería no pronunciarse y que sus respuestas serán jurídicas.

Los miembros del Bloque parecen tener una verdadera obsesión con el Colectivo de Abogados, una organización que, más allá de la delicada polémica en la que se ha visto envuelta por las falsas víctimas de Mapiripán, tiene amplio reconocimiento internacional por su trabajo de más de 30 años en defensa de los derechos humanos. "Ellos han sido expeditos y expertos en la defensa de guerrilleros, que llaman presos políticos, y en atacar a las instituciones. Pero cuando son los guerrilleros de las Farc o del ELN quienes transgreden los derechos humanos, guardan absoluto silencio", dice Restrepo, repitiendo un argumento familiar en la extrema derecha. Afirman que quieren despojar al José Alvear de su estatus consultivo ante la OEA y conseguirlo para el Bloque. Y hasta acusan a la Corte de ser "cómplice" del Colectivo.

Aseguran estar dedicados a investigar masacres perpetradas por las Farc, como la de La Chinita, contra desmovilizados del EPL, en 1994, y la de 19 personas en la finca Los Kunas, de Urabá, en 1995. Y que están tramitando litigios ante la Corte Interamericana, donde planean denunciar a Colombia por "la omisión cómplice de su rama judicial, generadora de impunidad en casos como esos".

Solo el tiempo dirá si se trata de un grupo de radicales de derecha en búsqueda de notoriedad mediática que pretende contrarrestar la supuesta guerra jurídica de la guerrilla o de un intento de montar una verdadera estrategia jurídica para revelar los sesgos ideológicos de algunos defensores de derechos humanos en Colombia.