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| 7/14/2014 12:00:00 AM

La contralora Morelli no fue a la Fiscalía

El abogado de la funcionaria explicó que, por haber sido una citación de última hora, su cliente no estaba preparada.

La contralora Sandra Morelli decidió no asistir al interrogatorio al que fue citada en el despacho del vicefiscal, Jorge Perdomo, para rendir cuentas por presuntas irregularidades en el arriendo de un inmueble en el occidente de Bogotá donde funciona actualmente la Contraloría.

Pero la alta funcionaria no fue a la Fiscalía por capricho o algo parecido. Su abogado, Juan Carlos Prías, aseguró a Semana.com que la negativa radica en que Morelli fue notificada sólo el viernes anterior y que para una diligencia de ese ‘calado’ debía tener tiempo para prepararse.

El abogado, en una carta que fue radicada en el ente de investigación, mostró la disposición de su clienta a asistir en otro momento y le pide a la Fiscalía que la nueva citación se haga con la debida antelación.

¿Por qué la citan? La auditoría hace pocos días rindió un informe según el cual la Contraloría fue responsable de un presunto detrimento a las finanzas públicas por irregularidades en el arrendamiento de las oficinas del ente de control en la zona de Ciudad Salitre en Bogotá.

El costo del contrato de arrendamiento fue de 2.600 millones de pesos mensuales y los costos generales en los que ha incurrido la entidad son de 76.400 millones pesos. “La contralora hizo una gestión antieconómica, ineficaz e ineficiente”, dijo la auditora Laura Marulanda a Semana.com tras revelar los hallazgos.

“Los recursos públicos destinados al pago de los contratos de arrendamiento de la nueva sede y los contratos conexos (trasteo, avalúo del edificio del complejo de Gran Estación, rediseño de la instalación del cableado estructural en el edifico Gran Estación, entre otros) no cumplieron, en criterio de la Auditoría General, el fin propuesto y generaron un presunto detrimento patrimonial superior a 54.091 millones”, rezó el informe de la Auditoría.

La auditora dijo que enviaría copias de su investigación a la Fiscalía para que se determine hasta dónde hay un compromiso de tipo penal en ese arrendamiento y en los contratos de adecuación del lugar donde funciona la Contraloría.

La Fiscalía, al parecer, acogió la investigación y ahora busca que Morelli rinda cuentas por esas supuestas anomalías contractuales. Luego del interrogatorio, que ahora entra en suspenso, la Fiscalía definirá el rumbo de este delicado asunto que se ha convertido en el principal problema para la contralora.
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