Lunes, 23 de enero de 2017

| 1992/06/29 00:00

LA CONTRAREFORMA LABORAL

El proyecto de Estatuto del Trabajo presentado al Congreso, despierta gran inquietud entre los empresarios.

LA CONTRAREFORMA LABORAL

HACE ALGUNOS DIAS SE presentó a consideración del Congreso un proyecto de ley que, sobre el supuesto de desarrollar el artículo 53 de la nueva Constitución hábilmente persigue dejar sin piso los avances alcanzados con la reforma laboral que consagró la Ley 50 de 1990. Y cuenta con un buen elenco de padrinos, 32 congresistas, que representan todas las gamas del espectro político. La lista incluye a representantes liberales, conservadores, de la AD M-19 y del Movimiento Metapolítico.
Independientemente de la interpretación que pueda dársele al artículo 53 de la Constitución, lo cierto es que el proyecto resulta un engendro sin coordinación lógica entre las tendencias modernas del derecho laboral y las corrientes regresivas y rígidas que buscan impedir el desarrollo adecuado que demanda el país y la libre empresa.

Desde otro punto de vista, la iniciativa no tuvo origen en sus protagonistas sociales. La redacción del proyecto de Estatuto del Trabajo la hizo un pequeño grupo de asesores sindicales, que con el apoyo económico de la CUT, se dedicaron durante varios meses a estructurar el proyecto de Estatuto. Contrario a lo que sucedió con el trámite del proyecto de ley que se convirtió en la Ley 50 en donde participaron todos los estamentos sindicales, trabajadores, gremios y empresarios, congresistas, magistrados y jueces, en este caso sólo se ha tenido en cuenta una sola perspectiva del problema.

Lo curioso de esta contrarreforma es que va en contravía de las tendencias mundiales.
Mientras estas buscan introducir más flexibilidad en las relaciones obrero laborales, el proyecto consagra la rigidez. No sólo eso: atenta contra la productividad nacional, es exageradamente regresivo, pues desestimula la creación de empleo e institucionaliza la dictadura sindical. También contiene artículos que no responden a ninguna racionalidad económica y otros que son abiertamente inconstitucionales.

La inflexibilidad está materializada en propuestas como la de restringir la celeración de cualquier otra clase de contratos diferentes al de término indefinido. Con esto se consagra la estabilidad absoluta, que no existe en ningún país del mundo. De otra parte, todos los contratos laborales tendrían que ser registrados en el Ministerio de Trabajo.
Eso no sólo acaba con la figura del contrato verbal, que simplemente exige la voluntad de las partes para que exista la relación laboral y que es el que rige para la mayoría de los trabajadores del país, sino que convertiría al ministerio en un monumento burocrático inmanejable.
Basta pensar que existen cerca de 10 millones de colombianos empleados para darse cuenta de lo que implicaría tenerle un registro a cada uno de esos contratos.
El ministerio deberá llevar también un registro donde aparezcan todos los empleadores del país sin perjuicio de que pertenezcan a la economía informal.

Pero como si lo anterior fuera poco, sólo se podrá despedir trabajadores con justa causa, previa la comprobación de la conducta por parte de un comité disciplinario donde tiene asiento el sindicato. Habrá que consultar con él cualquier variación en el contrato laboral, como puede ser un cambio de horario o un ascenso.

El proyecto también consagra el régimen de favorabilidad para el trabajador en sus derechos individuales, pero contrario a los principios generales del derecho procesal extiende este concepto a la prueba judicial. Cuando haya duda en cuanto a esta, se preferirá la del trabajador.
También introduce el proyecto el concepto de la unidad de empresa por razones locativas. Son igualmente factores de rigidez de la relación laboral, el hecho de que un empresario tendría que discutir con el sindicato la posibilidad de cerrar una, sociedad aun cuando las circunstancias económicas demuestren de manera clara que esta no es viable.

La declaratoria de ilegalidad de las huelgas quedaría en manos de los jueces y no del ministerio como sucede en la actualidad. Considerando que un proceso normal puede durar entre dos y tres años, esto haría inmanejable las relaciones laborales en tiempos de conflicto y terminaría prestándose a toda clase de abusos. Y si se trata de una huelga que afecte un servicio público o la seguridad, el Gobierno quedaría sin ninguna herramienta para controlar el paro ilegal, como fue el caso en Telecom.

El proyecto compromete seriamente el desarrollo de la productividad nacional. Reduce la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, reduce la edad de jubilación en cinco años, aumenta el período de vacaciones de 15 a 20 días hábiles y declara el sábado como día de descanso. Las industrias que tengan que operar todos los días por razones de producción, tendrían que pagar cuatro días por cada sábado, domingo o festivo que se trabaje. Eso querría decir, que en un año tendría que cancelar 728 días de trabajo, sin incluir horas extras, ni recargos nocturnos. Otra perla del proyecto es la que le permite a los trabajadores ausentarse de sus actividades para cursar cualquier clase de estudios.
La productividad se afectaría igualmente por el hecho de que los contratistas independientes tendrán que aplicarle a sus trabajadores la convención colectiva de la empresa a la cual le están prestando servicios. Esto sería un retroceso en la tendencia mundial de recurrir cada vez más a la contratación de servicios con compañías especializadas que son mucho más eficientes.
Pero además presenta el problema práctico de que sería muy difícil establecer qué régimen aplicar en el caso de contratistas que prestan sus servicios simultáneamente a varios clientes.
Tal vez más sorprendente que nada es el hecho de que un proyecto de origen sindical contenga tantos artículos regresivos para las clases trabajadoras, pues desestimula la creación de empleo. Proyecta regresar a la retroactividad de las cesantías, acaba con los Fondos de Pensiones, crea la obligación de que exista un sindicato sin importar el número de trabajadores y, sobre todo, establece la cogestión. De acuerdo con el artículo 94 del proyecto.
La organización sindical o los trabajadores directamente, podrán participar en la administración de las empresas en forma paritaria para tomar decisiones sobre políticas de personal, de empleo, de inversión y en la adopción de nuevas tecnologías. Y eso se remata con lo siguiente: "Con todo, los trabajadores, a pesar de la participacion en la toma de decisiones podrán tener participación en las utilidades pero no asumirán los riesgos, ni participarán en las pérdidas que como consecuencia de las decisiones concertadas se produjesen. "Y en cuanto al orden disciplinario, que se establece en el reglamento de trabajo, el proyecto obliga al empleador a convenirlo con el sindicato.
También es regresivo el proyecto en la medida en que disminuye de categoría los créditos laborales en la escala de prelación. La Ley 50 estableció que los créditos laborales deben pagarse antes que cualquier otro, dándoles así un privilegio excluyente sobre todos los demás. El proyecto acaba con esto los sitúa en el cuarto nivel de la prelación de pagos que consagra el Código Civil.

Además de lo anterior, la contrarreforma laboral contiene una serie de puntos que no tienen racionalidad económica alguna. Contempla, por ejemplo, el auxilio salarial para los desempleados y los presos y pretende establecer un Fondo de Garantías Laborales con cargo al sistema de seguridad social que ya tiene problemas financieros.
Crea obligaciones irredimibles que son aquellas en que sólo se puede negociar para incrementar los beneficios existentes.

Existen dudas en cuanto a la constitucionalidad de algunos artículos, como aquel que establece la incorporación al derecho colombiano de todos los convenios internacionales con la simple suscripción por parte del Gobierno y sin la ratificación del Congreso.
Establece también lo que podría llamarse la dictadura sindical. Esas organizaciones quedarían por fuera de cualquier control o reglamentación del Estado. Consagra para ellos un poder dentro de las empresas sin límite, que va desde acordar la clase de contrato con el empleador y establecer el régimen disciplinario hasta poder hacer huelga por voluntad de los líderes sindicales.

En materia de huelga, bastará que el empleador no esté de acuerdo con el pliego de peticiones para que esta sea justa y en consecuencia tenga que pagar los salarios durante el paro.
Se crea también la huelga de solidaridad y se amplía el fuero sindical. Veladamente se establece un derecho obligatorio de sindicalización.

Existen mucho más exabruptos. Pero lo que es verdaderamente cierto, es que este es un proyecto que va en contra de la desregularización que se impone cada vez más en el mundo y que en Colombia es indispensable para enfrentar la apertura económica.

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