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| 12/19/2009 12:00:00 AM

La controversia del año

El contraalmirante Gabriel Arango Bacci estuvo en el ojo del huracán. Sus supuestos nexos con el narcotráfico casi le acaban la vida. ¿Cómo se explica el reversazo de la justicia?

El 3 diciembre llegó a su punto final uno de los casos que más han llamado la atención de la opinión pública y los medios de comunicación: el juicio contra el contraalmirante Gabriel Arango Bacci. Ese día, los magistrados de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia declararon inocente al oficial retirado tras un largo proceso judicial que duro 28 meses, 16 de los cuales Arango permaneció privado de la libertad.

La decisión de la Corte, así como el caso mismo, ha sido una de las más polémicas en la historia judicial reciente. No era para menos. Era la primera vez que un alto oficial de la Armada era acusado y enfrentaba un juicio, señalado de tener relaciones con el narcotráfico.

El caso tuvo su origen en una investigación que comenzaron en enero de 2006 la Armada y la Fiscalía para desarticular una red, en la cual estaban involucrados miembros de la primera, que vendía a grupos de narcotraficantes cartas de navegación con las ubicaciones de buques antinarcóticos en alta mar.

Durante meses fiscales y oficiales de inteligencia y contrainteligencia naval identificaron a los miembros de la Armada que trabajaban con los narcos, así como a sus contactos en la mafia, la mayoría de los cuales fueron posteriormente arrestados y extraditados.

El nombre de Arango salió por primera vez a los nueve meses de haber comenzado esa investigación. En septiembre de 2006 integrantes de la red que estaban siendo grabados mencionaron en una conversación casual el nombre del contraalmirante, quien era uno de los oficiales más respetados y mejor relacionados de la Armada. Aunque despertó curiosidad en ese momento, la alusión a Arango fue considerada una charla que no era contundente. La investigación de la Fiscalía y la Armada continuó. El 14 de marzo de 2007, en desarrollo de esas pesquisas, el jefe de contrainteligencia de la Marina, capitán Luis Tovar, informó a sus superiores que le había sido entregado un recibo que supuestamente contenía el pago de 115.000 dólares a Arango. El papel tenía la impresión de una herradura y la que presuntamente era la huella de Arango. Un primer peritaje hecho por el CTI de Cartagena confirmó que la huella si era de Arango. Durante los siguientes cinco meses se hicieron otras verificaciones para establecer la autenticidad del documento.

En agosto de 2007 el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, fue enterado de lo que estaba sucediendo y ordenó otro peritaje adicional por parte de expertos del DAS, quienes ratificaron la autenticidad de la huella en el recibo. Con esa confirmación Santos ordenó remitir el recibo a la Fiscalía para que esa entidad iniciara las investigaciones contra Arango. Por su rango, el caso fue asumido por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia.

Entre agosto de 2007 y julio de 2008 el caso de Arango se empezó a complicar para el oficial. En ese período cuatro testigos, que no se conocían entre sí, declararon ante la Fiscalía e implicaron al contraalmirante en diferentes actividades relacionadas con el narcotráfico.

Como si lo anterior fuera poco, a finales de 2007, en el computador incautado por las autoridades a un lugarteniente del narcotraficante Juan Carlos Ramírez, alias 'Chupeta', apareció la contabilidad de pagos del capo. En uno de los ítems, el narco relacionó el pago de 70.000 dólares el 21 de enero por supuestamente haber movido una fragata. Aunque no apareció el nombre del responsable del pago, la Fiscalía y la Armada determinaron que la única fragata que se había movido en esa fecha era la ARC Almirante Padilla cerca de la isla de San Andrés. Para esa fecha el comandante era el contraalmirante Arango.

Tras un año de investigación, la Fiscalía consideró que todo lo anterior constituía un acervo de pruebas suficientes y muy comprometedoras contra Arango. El 28 de julio de 2008 esas pruebas fueron presentadas ante la Corte Suprema de Justicia con el fin de que las avalaran y autorizaran una orden de captura, como en efecto ocurrió.

El 30 de enero de este año el fiscal general, Mario Iguarán, presentó la acusación formal ante la Corte. La única prueba que no incluyó la Fiscalía fue el recibo con la huella de Arango, pues un peritazgo adicional, efectuado con posterioridad por el CTI en Bogotá, demostró que la huella -aunque era la del alto oficial- había sido plantada falsamente en el famoso recibo.

La Fiscalía no le dio mayor relevancia a este hecho, pues consideró que las demás pruebas eran suficientes y contundentes para ir a juicio y pedir la condena de Arango. Pero lo que parecía un caso seguro para los fiscales terminó dando un giro de 180 grados.

El juicio en la Corte comenzó en los primeros días de noviembre pasado. Para ese momento había una curiosa novedad y es que tanto el fiscal como el procurador delegado ante ese alto tribunal, que habían adelantado la investigación durante casi dos años, fueron reemplazados por otros dos funcionarios que expusieron el caso ante los magistrados.

Ante ese hecho, el embajador de Estados Unidos, William Brownfield, afirmó a los medios que su país "miraba con lupa" el caso y dijo que cuando en Estados Unidos se cambiaba un fiscal en la mitad de un caso, se interpretaba como un intento para ayudar al acusado. Esas declaraciones produjeron un duro rechazo por parte de los magistrados de la Corte y lo conminaron a aportar pruebas si es que las tenía. Las sospechas de Brownfield y otros sectores de que algo raro podría ocurrir en el caso no eran totalmente infundadas.

Durante el juicio se conoció que los cuatro testigos claves del caso se habían retractado de sus acusaciones iniciales contra Arango. La de que había movido la fragata se derrumbó durante la audiencia y una gran parte del juicio giró en torno al famoso recibo con la huella, el cual ya no era prueba.

El Fiscal no sólo pidió absolver a Arango, sino que ordenó abrir investigaciones contra varios altos oficiales de la Armada, incluido su comandante, el almirante Guillermo Barrera. Unos días más tarde el Procurador solicitó a la Corte lo mismo con argumentos similares a los del Fiscal. El 3 de diciembre el fallo de los magistrados de la Corte ordenó efectivamente la absolución de Arango y la apertura de investigaciones contra miembros de la Armada al acoger la tesis que hubo un montaje para atacar y desprestigiar a Arango.

Aunque el caso llegó a su término y obviamente tuvo un final feliz para el alto oficial, aún nadie ha logrado explicar por qué la misma Fiscalía, que durante dos años investigó y acusó, dio un giro tan abrupto y terminó por atacar y desestimar sus propias pruebas en un momento tan crucial como durante el juicio.

Algo similar pasó con la Procuraduría. Lo irónico de todo es que el caso terminó con el acusado libre y los acusadores en el banquillo.
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