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| 12/8/2003 12:00:00 AM

La corrupción resiste

La segunda versión del Indice de Integridad de las Entidades Públicas Nacionales, elaborado por Transparencia por Colombia, sigue siendo preocupante.

La corrupción sigue siendo el mayor cáncer de la administración pública nacional. Esa es la conclusión a la que se llega luego de leer el más reciente informe de la corporación Transparencia por Colombia.

El Indice de Integridad de las Entidades Públicas Nacionales es una herramienta que mide los niveles de integridad y los riesgos de corrupción de las entidades públicas por medio de tres categorías de análisis: uno, transparencia, dos, investigación y sanción, y tres, eficiencia e institucionalidad. Los resultados que presenta la Corporación en 2003 son alarmantes pues este año se refinaron los métodos de recolección de la información, se encuestó a 6.502 funcionarios, y se amplió la cobertura de entidades estatales. Resultó sorprendente que el Ejército y la Corte Constitucional no pudieron ser evaluadas. La primera porque no autorizó a tiempo la realización de la Encuesta de Desempeño Institucional y la segunda porque se negó por escrito a contestarla tal y como ya lo había hecho en 2002.

El dato más revelador es que de 146 instituciones a las que se les aplicó el Indice de Integridad 53 por ciento se encuentran en un alto y muy alto riesgo de corrupción (ver tablas de abajo). En particular Transparencia manifiesta su preocupación por los resultados de las Corporaciones Autónomas Regionales. De las 32 que fueron medidas 81 por ciento están en el grupo de alto o muy alto riesgo de corrupción. Más diciente aún es que entre las 11 entidades de este último grupo haya cinco corporaciones: la de Nariño, la de Chocó, la de Magdalena, la de Cundinamarca y la de Santander. Esta es la entidad peor calificada del país.

El Indice califica de uno a 100 a las instituciones. Uno representa un bajo nivel de integridad y por ende altos riesgos de corrupción. Cien refleja un desempeño íntegro. En este rango la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) obtuvo apenas 26,62 por ciento. En el fondo de la tabla están también el Senado de la República y el Seguro Social (ver tabla de la página siguiente). Este último, la Defensoría del Pueblo, la Financiera Energética Nacional, el Consejo Superior de la Judicatura y la Contaduría General, fueron las que registraron las bajas más sensibles de sus calificaciones respecto al Indice del año pasado. Otro hecho sobre el que Transparencia manifestó su preocupación fueron las bajas calificaciones de los ministerios y las superintendencias, entidades que deberían tener un desempeño ejemplar por el papel que desempeñan en el sector público.

Pero no todo es garrote en el Indice. En general se destaca que la mayoría de las entidades quedaron ubicadas en el rango de riesgo medio en la categoría de transparencia, una de las tres que se miden, a diferencia del año pasado que estaban en riesgo alto. Esto parecería indicar, según el informe, que se han tomado "acciones conducentes a mejorar los mecanismos de información y atención al ciudadano". Otro hecho encomiable para los investigadores es el repunte en el Indice de la Cámara de Representantes "lo cual refleja sus esfuerzos por mejorar su desempeño en la puesta en marcha de mecanismos de transparencia". Sin embargo, lo más destacado desde su punto de vista es el caso del Hospital Militar Central "el cual, a pesar de estar inmerso en dos actividades particularmente vulnerables a la corrupción (salud y defensa), obtiene la tercera mejor calificación entre todas las entidades evaluadas". Por encima del Hospital Militar están la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones y el Banco de Comercio Exterior de Colombia (ver tabla de la izquierda abajo).

Como el propósito del Indice es monitorear la evolución anual de las entidades en término de su desempeño en cuanto a integridad, desde ahora se está mejorando la metodología para refinar aún más el instrumento y adaptarse a los cambios en las políticas públicas destinadas a combatir y erradicar la corrupción, el enemigo número uno del desarrollo en Colombia.
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