Jueves, 8 de diciembre de 2016

| 2015/10/22 21:05

Histórico fallo producto de una confusión

El caso de un supuesto niño de ocho años al que se le concedió una tutela terminó en un verdadero enredo. La Corte explica qué pasó y Semana.com revela el documento que indujo al error.

Documento de identidad del menor. Foto: Archivo particular

El histórico fallo en el cual la Corte Constitucional rompió el paradigma que impedía a menores de edad interponer acciones de tutela se vio empañado por un craso error. Nadie se explica quién fue el responsable de la equivocación que llevó a ese tribunal a pensar que el demandante era un niño de ocho años. En realidad, era un menor de 17 años que encontró en esa acción la única vía para salvar la vida de su madre, Maria del Carmen Fonseca.
 
La Corte terminó fallando la acción bajo la plena convicción de estar amparando los derechos invocados por un niño; uno que actuaba en defensa de su madre enferma de cáncer. Lo hizo bajo una figura reconocida en el derecho como la agencia oficiosa, que permite a un tercero invocar una acción de amparo en defensa de los derechos de otra persona.
 
Al final se ordenó adelantar el examen nuclear que requería la paciente, que era lo más urgente. Y aunque sí era un menor el que representó a su mamá ante los estrados, en realidad este estaba adportas de su mayoría de edad.
 
Lo cierto es que ni la mujer beneficiaria de la decisión ni los magistrados responsables del fallo tienen la culpa. Quien interpuso la acción sí tenía 17 años cumplidos en el momento de radicarse el recurso, pero la precariedad de los formatos en los que la Registraduría expide las tarjetas de identidad, sumada a la falta de observación de algunos funcionarios judiciales, condujeron al insólito equívoco.
 
Los magistrados de la Corte terminaron siendo inducidos a error porque la fecha de nacimiento del adolescente, el 30 de junio de 1997, fue confundida con la fecha de expedición de su tarjeta de identidad. Dado que el documento fue expedido el 24 de enero del 2007, ocho años atrás, se pensó que esa era su edad.
 
En gracia de discusión, cualquiera habría cometido el error. El documento está tan mal impreso, que la fecha de expedición quedó justo en la  de nacimiento y la de expedición en la de expiración. Todo un enredo que terminó confundiendo a los jueces, a las partes, a la prensa y a la opinión.
 
Y no es que se trate de un descuido de los magistrados. Al contrario, el ponente del caso fue lo suficientemente diligente en su empeño de cerciorarse de que el firmante de la acción fuera el niño de ocho años que aparecía allí identificado. Y cómo no hacerlo ante un hecho tan insólito.
 
Por eso, el magistrado Jorge Iván Palacio envió distintos oficios a la mujer afectada, empeñado en que esta ratificara que su agente oficioso era su hijo de ocho años. Ante el silencio de la paciente y la preocupación por el grave riesgo al que se enfrentaban ella y el que parecía ser un niño con apenas uso de razón, la Corte Constitucional decidió amparar el derecho, antes que la consumación del daño provocara un hecho irreversible y lamentable.
 
La señora María del Carmen Fonseca no fue caprichosa. No ocultó que había recibido los escritos pidiéndole que aclarara la situación. Dijo que se vio impedida para responder debido a su estado delicado de salud y por la falta de conocimientos acerca de la manera como debía dirigirse a la Corte.
 
El tribunal constitucional, empeñado en defender la vida de la paciente y ella imposibilitada para hacer las respectivas aclaraciones, terminaron dando origen a un expediente que se construyó a partir de datos equivocados. Un episodio un tanto desconcertante que genera varias reflexiones.
 
Al final, así la decisión esté mediada por tan insólita confusión, lo cierto es que la Corte mostró que está decidida a que, ante casos extremos, hasta los niños estén validados para interponer acciones de tutela. Frustra,  eso sí, que tan reflexivo debate haya sido producto de un error en el registro de los datos.
 
Sea la Corte, el juez donde se originó la tutela o la misma Registraduría la responsable de la equivocación,  también queda la pregunta acerca de qué tan rigurosos deben ser los requisitos para verificar la identidad de los demandantes de acciones de tutela.
 
En la tarde de este jueves, el magistrado Jorge Iván Palacio expidió un auto en el que le pide a la mujer afectada que informe si la fecha del 24 de enero del 2007 corresponde al nacimiento de su hijo o a la expedición de su tarjeta de identidad (Ver documento).

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