La Corte de Uribe

Todo indica que la Corte Constitucional tendrá una nueva magistrada. Por primera vez en la historia, el presidente Álvaro Uribe está considerando enviarle al Congreso una terna integrada por mujeres. Las que tienen la mayor opción, hasta ahora, son Marta Sáchica, Cristina Pardo e Ilva Myriam Hoyos. La plenaria del Senado votará para reemplazar a Álvaro Tafur Galvis, a quien se le acaba de vencer su período de ocho años.

El género femenino no es el único denominador de los nombres que vienen barajando en el Palacio de Nariño. Tienen, también, una concepción ideológica semejante: todas son conservadoras. Más que un equilibrio de género, el mensaje que envía el presidente Uribe con la selecta lista es que quiere una Corte conservadora.

En el proceso de selección, incluso, fue descartada Catalina Botero, una brillante magistrada auxiliar comprometida como nadie con la carta del 91, por su supuesta amistad con Carlos Gaviria -de quien fue magistrada auxiliar- y con el Polo Democrático Alternativo. Botero nunca ha pertenecido a ningún partido, ha trabajado en la Corte desde su creación y tiene una bien ganada imagen de pila e independiente. Poco apta, en consecuencia, para el libreto de mentalidad conservadora.

El cambio de la fisonomía de la Corte Constitucional se había iniciado con la llegada de Nelson Pinilla, ex magistrado de la Corte Suprema, de tendencia conservadora, en reemplazo de Alfredo Beltrán, conocido por sus posiciones liberales. Desde entonces, hace un año, quedó claro que el segundo mandato de Uribe cambiaría su estrategia frente a la Corte. Uribe I había propuesto en 2002 una reforma para recortar sus atribuciones y hasta le coqueteó a la idea de suprimirla. Pero a partir de la reelección, Uribe II dejó a un lado la reforma y empezó a buscar un giro ideológico con los reemplazos de los magistrados que terminan sus períodos.

La nueva terna ha generado controversia. En primer lugar, por la sensación de que con ella el Presidente busca objetivos de tipo político. Mantenerle una cuota al Partido Conservador, fiel miembro de la coalición de gobierno, y asegurar mayorías afines a la línea ideológica del Ejecutivo. El grupo de las mujeres del cual saldrá la nueva magistrada es homogéneo en sus ideas en contra del aborto, de la dosis personal de drogas, y de los derechos de los homosexuales.

Que un Presidente trate de influir en la ideología de las Cortes es legítimo y corriente. Es una de las potestades características de un jefe de Estado. Uno de sus instrumentos más eficaces para proyectar hacia el futuro su personalidad y su pensamiento. En otros países, como en Estados Unidos, el primer mandatario tiene incluso el poder de nombrar a los miembros de la Corte Suprema, aunque deben ser ratificados por el Senado.

En Colombia, sin embargo, la conservatización de la Corte Constitucional significa un giro tan audaz como polémico. Este tribunal ha sido un promotor decisivo de los derechos de las minorías. Desde asuntos elementales, como que un estudiante no pueda ser expulsado de un colegio por tener el pelo largo, hasta la prohibición de la discriminación contra las parejas del mismo sexo o la despenalización del aborto. Una jurisprudencia incluyente y de avanzada, que no comparten los nuevos miembros que están llegando bajo la visión uribista del derecho constitucional.

El giro ocurre en un momento decisivo: a la Corte llegarán las demandas de inconstitucionalidad que ha hecho 'Colombia Diversa' contra varias leyes vigentes que discriminan a los gay. Y podrían llegar, para su examen, las normas que apruebe el Congreso sobre esa materia o sobre las condiciones que se les otorgarán a los paramilitares desmovilizados. La última palabra en tan trascendentales temas quedará en las manos de una Corte conservadora.

Un giro muy lamentable para la Corte Constitucional, que se había caracterizado no sólo por su espíritu liberal, sino por proteger la Constitución del 91, cuya defensa de la pluralidad del país y a los derechos de las minorías sigue siendo un ejemplo mundial. n