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| 2/12/2011 12:00:00 AM

La Corte vs. Nancy Patricia

Considerar tráfico de influencias el uso de información para un debate político sería un precedente complicado. Como en la reserva del sumario, se supone que quien incurre en el delito es el que filtra la información y no el que la utiliza.

Hace unos días comenzó un nuevo round entre la Corte Suprema y la expresidenta del Senado Nancy Patricia Gutiérrez. La llamaron a rendir indagatoria en el caso de las 'chuzadas' del DAS. Se le acusa de tráfico de influencias porque, según la Corte, habría utilizado su cargo para obtener beneficios -en este caso, información privilegiada del DAS- para un debate que hizo en el Congreso a la senadora Piedad Córdoba, luego de que esta, en una conferencia en México, tildó al gobierno de Uribe de "mafioso" y "narcotraficante".
 
Los alegatos se han concentrado en si Gutiérrez utilizó o no información recogida por el DAS en seguimientos ilegales para hacer el debate del 25 de marzo de 2008. Ella dice que no, que tal y como se ve en el video, no reveló ninguna información que no fuera de conocimiento público. Por el contrario, la exsubdirectora de operaciones del DAS Marta Leal dice que ella le entregó información antes del debate por órdenes de sus superiores.

El problema es complejo porque, de ser hallada culpable, a la exsenadora le pueden dar un mínimo de cuatro años de cárcel.

Pero, más allá del caso, lo que se abre es una polémica jurídica. En el supuesto de que Gutiérrez hubiera recibido la información del DAS y la hubiera utilizado, ¿quien incurre en el delito, ella o quienes se la dan?

Es posible, en beneficio de la polémica, decir que la exsenadora se prestó para hacerle el juego al gobierno Uribe en su pelea con la oposición (Piedad Córdoba) y con la Corte Suprema (Gutiérrez denunció al magistrado Iván Velásquez diciendo que estaba armando procesos a espaldas de los investigados).

Pero de ahí a considerar tráfico de influencias el uso de información para un debate político hay un buen trecho. Entre otras, porque así como en la reserva del sumario, el que incurre en el delito es el que filtra la información y no el que la utiliza.

Gutiérrez tiene además una investigación preliminar abierta hace más de dos años en la Corte, por el caso de la parapolítica, a la que se le han vencido los términos legales.
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