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| 8/15/2012 12:00:00 AM

La crisis carcelaria y los 'presos sin condena'

A pesar de no tener definida su situación judicial, los sindicados son casi el 30 por ciento de la población carcelaria del país.

Los llamados ‘presos sin condena’, inocentes o culpables, conviven en los patios y pabellones de las cárceles colombianas con delincuentes de todo tipo. A pesar de que la legislación colombiana reitera la necesidad de que los sindicados sean objeto de un régimen alterno al de los reclusos condenados.

Según cifras de la oficina de planeación del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), de los cerca de 130.000 reclusos en los establecimientos de reclusión del país, 36.000 son sindicados.

Esta población se ha duplicado en los últimos 15 años. Ya que para 1995 era de 14.748. Pero, ¿cuáles son las razones de este aumento?

Para el observatorio de prisiones de la Universidad de los Andes esto se debe, en parte, a que la respuesta del Estado frente a la política criminal es simplista puesto que “las reformas se suelen agotar en cuatro tipos de medidas: aumento de penas, creación de nuevos delitos, endurecimiento del proceso penal y restricción de subrogados y otros beneficios penales”.

Esto deja ver que la mayoría de reformas penales se piensa sin tener en cuenta las repercusiones que tendrán dichos cambios en la situación carcelaria y penitenciaria.

Así también lo demuestra el aumento de la población de sindicados en las cárceles luego de las reformas de la Ley 1142 de 2007 al sistema penal acusatorio, que trajo consigo un aumento en el espectro de delitos que abarcan la prisión preventiva.

Según cifras de la investigadora Mildred Hartman, durante los ocho meses siguientes a la entrada en vigencia de la Ley 1142 (el 28 de junio del 2007), las detenciones preventivas aumentaron casi diez veces del 4,74 por ciento al 38,65 por ciento.

De esta manera, anuncios como el realizado a principios de este año por el Ministerio de Justicia sobre la construcción de seis nuevos recintos carcelarios en diferentes regiones del país para albergar a 4500 internos en cada uno, demuestran que se está afrontando el problema de forma errónea, porque la misma realidad, dicen los expertos, muestra que la construcción de más cárceles no frena el continuo flujo de condenados y sindicados.

Tan solo durante el periodo de agosto a diciembre de 2011, llegaron a las cárceles del país alrededor de 9.626 nuevos reclusos. Y sólo en la cárcel Modelo de Bogotá entre agosto de 2010 y enero del 2011 ingresaron a en calidad de sindicados 1.485 hombres.

Además, los sindicados son personas que se enfrentan con la restricción para acceder a las pocas actividades que ofrecen las cárceles. Y es que sin una situación judicial clara no pueden acceder a programas que brinden rebajas en las condenas. Por lo tanto, entran en una dinámica del ocio en aquellas cárceles que no cuentan con la infraestructura para garantizarles unas condiciones mínimas.

Un problema difícil de superar

El tema de los sindicados ha sido recurrente en los distintos congresos de Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente.

Frente al problema se han propuesto diversas alternativas como la abolición de la prisión preventiva, la creación de un sistema de fianzas o la excarcelación de enfermos. Salidas todas de difícil implantación en contextos como el colombiano.

También, en muchas ocasiones, la clase social de los sindicados ,en ciertas ocasiones, implica que estos no tengan acceso a una buena defensa legal y por consiguiente no puedan acceder a beneficios como la casa por cárcel.

Por su parte, Elías Carranza, del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente señala que el problema va más allá del hacinamiento y repercute en una violación a la dignidad de las personas, ya que resulta “irónico y difícil hacerles comprender (a los sindicados) que no han sufrido una pena sino una medida cautelar”.
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