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| 12/20/2014 10:00:00 PM

Un país sin Justicia

El cese de labores de los trabajadores judiciales agravó aún más la crisis por la que atraviesa la justicia en el país y aumentó la desconfianza que tienen los colombianos en ella.

Desde hace dos meses Doney Álvarez* está esperando a que llegue la orden que le permita regresar a la libertad. Los días y las noches se han hecho más largos en la cárcel Modelo. A pesar de que ya cumplió sus ocho años de condena, el paro judicial tiene cerrado el despacho del que debe expedirse su boleta de salida.

Y todo indica que deberá pasar las fiestas de fin de año entre rejas pues el paro, que comenzó el 9 de octubre, solo se levantó el viernes en la noche, y no por que se haya llegado a un acuerdo, sino para empatar de inmediato con las vacaciones de todos los empleados de la rama judicial.

Esto, porque los miembros de la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial decidieron que sería “ilegal que el cese los cogiera en vacaciones”, dijo Freddy Machado, presidente de Asonal.

Lo increíble de este paro, el más largo de los últimos tiempos, no es solo el drama que viven miles de presos, detenidos y ciudadanos que no han podido resolver sus problemas judiciales o acudir a ella, sino el hecho de que un país dure más de 72 días con un derecho fundamental detenido o a media marcha sin que a la mayoría de colombianos les importe y sin que pase a mayores.

El 9 de octubre los jueces paralizaron actividades en todo el país exigiendo aumentos salariales y una serie de beneficios laborales, que según ellos se han quedado en promesas incumplidas por parte del gobierno. Una tercera parte de los juzgados pararon, así como empleados de la Fiscalía y del Inpec. Más de 100 cárceles cerraron sus puertas o entraron en situación de anormalidad.

Los problemas son visibles en las Unidades de Reacción Inmediata (URI) no dan abasto. La situación en estas dependencias en Bogotá va de mal en peor. Si ya la situación era crítica antes del paro judicial, el asunto hoy es una bomba de tiempo. En la de Puente Aranda los capturados se acomodan en un pasillo antes de entrar a las instalaciones, y lo único que los separa de la reja de salida es una cinta de ‘precaución’. No hay donde meter más personas y además la Secretaría de Salud el 18 de noviembre pasado clausuró el sitio y dijo que quedaba prohibido su funcionamiento. Orden que por razones evidentes, no se ha cumplido. (Ver video)

La URI de Tunjuelito está construida para albergar a 40 personas, cada una de ellas en teoría debe pasar máximo entre dos y tres días en ella. Sin embargo, esto nunca se cumple. Hoy hay más de 120 retenidos, lo que indicaría un hacinamiento de más del 300 por ciento. Muchos tienen prisión domiciliaria y aunque ya han pasado seis meses el Inpec no les ha dado salida. Según conoció SEMANA otro grupo permanece ahí por errores del Inpec al elaborar la boleta de traslado y tres meses después no se han corregido. (Ver video)

Como si esto fuera poco, la Policía tiene que destinar más personal para cuidar de estos establecimientos, el cual podría estar en las calles o en los respectivoscuadrantes.

Los días de paro pasaron rodeados en medio de reuniones, protestas, pancartas y miles de ciudadanos que no encontraban repuesta a un derecho consagrado en la Constitución que quedó paralizado por unos intereses particulares. El nombre de Freddy Machado, un popular juez de Cartagena que para el grueso de los colombianos era un desconocido, se convirtió en la cara visible de un sector de Asonal Judicial (sindicato de los empleados de la justicia) fragmentado por disputas territoriales y de poder.

Del pliego inicial de siete peticiones, el gobierno llegó a un acuerdo en seis, que van desde incrementos salariales hasta la permanencia de cerca de 8.000 empleados temporales que habían sido vinculados de forma provisional para trabajar en la descongestión de procesos. Si el gobierno decide vincularlos a la nómina, terminará politizando la Justicia, pues muchos de estos jueces y empleados han llegado allí, no por concurso, sino por recomendaciones y favores de políticos y altos magistrados.

A pesar de los múltiples esfuerzos y llamados del gobierno a través del ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, y del presidente de la Judicatura, Ovidio Claros, no se llegó a un consenso en la última petición relacionada con que una bonificación sea considerada como factor salarial, pues el gobierno dice que si se lo concede, lo deberá extender a todos los empleados públicos, lo que le terminaría costando al Estado más de 1,2 billones de pesos.

Con el paso de los días, este punto comenzó a convertirse en el Florero de Llorente. Frente a la imposibilidad de que la misma justicia declare la ilegalidad del paro y poner fin a la suspensión, el gobierno comenzó a ‘mostrar los dientes’ y con ayuda del contralor, Edgardo Maya, quien expidió una circular mediante la cual le ordenaba a la Fiscalía y a la Judicatura no pagar los salarios a los trabajadores en paro.

Muchos que decidieron iniciar actividades se encontraron con un mayúsculo problema puesto que las sedes de los complejos judiciales más importantes del país estaban bloqueadas por los empleados en paro. Ante esta situación, miembros de la Policía desbloquearon los edificios y abrieron los juzgados.

La medida ayudó, pues muchos de los jueces que se rebelaron a sus compañeros pudieron trabajar y prestar su servicio en temas urgentes como tutelas, hábeas corpus y audiencias de control de garantías. Sin embargo, la realidad es que para Freddy Machado el paro continúa, pues a gran parte de los empleados de base de la rama no les han resuelto sus peticiones. La duda es si este continuará el 13 de enero, una vez se acaba la vacancia judicial o no.

El paro terminó minando aún más la confianza de los ciudadanos. Una encuesta realizada por Gallup y difundida el viernes por El Tiempo encontró que el 83 por ciento de los colombianos no confía en ella.

A esto se suma que el gobierno no pudo declarar ilegal el paro y terminó cediendo partidas presupuestales, tal y como lo hizo en los paros de 2008 y 2012. En este último, según Anif, el gobierno terminó otorgándoles en una huelga ilegal, reajustes salariales por 1,2 billones de pesos, sin exigir nada a cambio. La duda es cuánto terminará costando el paro actual.

Las constantes inyecciones de dinero que el gobierno le hace a la Justicia tienen al país como uno de lo que más gasta en la rama judicial. Según un estudio de la Anif publicado hace dos años, Colombia invierte el 0,88 por ciento de su PIB en justicia, lo que lo ubica en un rango de gasto medio junto con países como Estados Unidos y Paraguay. Pero esa inyección de dinero no se ve reflejada en la eficiencia de la administración de justicia. La misma investigación ubica al país como uno de los más deficientes en este tema junto con Brasil, Chile y Costa Rica.

Eso significa que, contrario a lo que piensan los miembros de Asonal, el problema no es de recursos sino de gestión. Además, como lo señaló un experto a SEMANA, un juez del circuito gana alrededor de 9.500.000 pesos y uno municipal, alrededor de 7 millones de pesos, cifras que comparadas con la de otros profesionales, no son malas.

Además de lo económico, el expresidente de la Corte Constitucional, Nilson Pinilla, dijo a SEMANA que la administración de Justicia es tan lenta, tan paquidérmica para resolver los procesos, laborales, civiles o administrativos que los ciudadanos no sienten el paro, pues normalmente son procesos en los que se toman mucho más tiempo de lo razonable o de lo previsto en la ley. El mayor drama está en la acción de tutela, los asuntos penales o de la libertad de las personas, en donde hay miles de perjudicados.

Que en un país falle una de las tres ramas del poder es algo muy grave y como lo advierte Sergio Clavijo, director de Anif, no se han dado cuenta de que “las naciones fallan precisamente cuando su aparato judicial es inoperativo, corrupto y hacen huelgas cuando les viene en gana, como Colombia”.

* Nombre cambiado.

Imágenes de un drama

Aumento del hacinamiento



Por causa del paro las Unidades de Reacción Inmediata, URI, bogotanas, como las de Puente Aranda y Tunjuelito, tienen un sobrecupo de más del 100 por ciento.

Congestión


Durante los 72 días de cese de actividades miles de procesos judiciales no han sido evacuados, lo que va a causar una gran congestión en los juzgados al momento en que los jueces vuelvan a laborar.

La situación en las cárceles


En Bucaramanga, la cárcel La Modelo, una de las más hacinadas del país, no han podido darles la libertad a reclusos que ya cumplieron sus penas, ni recibir nuevos reos, todo porque no hay jueces que legalicen estas acciones.

La retoma


El 9 de diciembre la Policía Metropolitana de Bogotá ocupó el complejo judicial de Paloquemao para que los jueces que no están en paro pudieran trabajar.

Cese de labores


El 9 de octubre los empleados de la rama judicial se fueron a paro en protesta, según ellos, por los incumplimientos del gobierno nacional y para exigir una nivelación salarial.
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