La danza de los millones

En cualquier pais los gastos reservados son un dolor de cabeza. Los Estados los necesitan, pues son los recursos con los que financian actividades secretas, como la inteligencia, la investigación o la protección especial de ciertos funcionarios. Y, por obvias razones, no pueden andar revelando, por ejemplo, a quién le están pagando por información.

Pero a la vez, permitir que algunos funcionarios dispongan a su criterio de dineros públicos puede traer graves problemas de despilfarro, o incluso corrupción. En las democracias más avanzadas la disyuntiva se resuelve con un estricto control interno o con comisiones parlamentarias de inteligencia que vigilen el gasto y, a la vez, preserven el secreto.

Tal vez por los problemas de seguridad que ha afrontado Colombia aquí el tema de cuestionar los gastos reservados ha sido tabú. Por lo menos hasta ahora. Porque en las últimas semanas algunas autoridades resolvieron metérsele al espinoso asunto.

Y lo que encontraron es alarmante. Durante mucho tiempo 16 entidades del Estado han venido girando miles de millones en gastos reservados con poco o ningún control.

Desde 1992 se permitió incorporar al presupuesto nacional partidas anuales, cuyo detalle y destino no es conocido, porque corresponden a actividades secretas de los militares, policías o funcionarios de seguridad y justicia, pero sólo desde junio de 1999 se reglamentó que el Contralor podía vigilar el gasto de estos dineros.

No obstante, apenas a finales de 2001, la Contraloría delegada para el sector defensa, justicia y seguridad comenzó una primera fiscalización, muy general, a las partidas reservadas. Para empezar, le fue prácticamente imposible auditar los gastos de los cinco años anteriores a 1999, que en pesos corrientes sumaron cerca de 200.000 millones. Esos dineros quedaron ya sin control alguno pues no hay información al respecto, como lo explicó a SEMANA la auditora general de la Nación, Clara López Obregón, y lo peor es que, aún si ahora se detectara una irregularidad, ya estaría prescrita.

No ha sido fácil auditar los gastos reservados de las 16 entidades estatales que los tienen: Aduana, Ministerio de Defensa, Fuerzas Militares, Ejército, Armada, Fuerza Aérea, DAS, Policía, Fiscalía, Presidencia de la República, Fondo de Seguridad de la Rama Judicial, Fondelibertad, Ministerio del Interior, Procuraduría, Inpec y Federación de Cafeteros.

Así se lo hizo saber el 9 de octubre de 2001 el contralor Carlos Ossa al ministro de Hacienda Juan Manuel Santos, cuando sostuvo que el rubro de gastos reservados "en la práctica se está utilizando para el pago de servicios generales y la compra de bienes, de materiales y suministros". Y señaló que "estos hechos afectan de manera negativa los resultados de los estados financieros de las entidades".

Pero esta situación se pasó por alto hasta que la propia Auditoría General puso en alerta a la Contraloría y le insistió en que ejerciera la vigilancia.

Como consecuencia se designó a un grupo que inicialmente auditó los gastos de las siete entidades de los sectores defensa, justicia y seguridad. Encontró que gran parte de los 80.000 millones de pesos utilizados entre 1999 y 2000 se destinó a gastos imprevistos y a comprar pasajes, combustible, flores, tapetes o carros y que "son escasos los recursos que se están destinando para inteligencia en un país con un conflicto interno como el colombiano".

La Contraloría también estableció que, por ejemplo, cada rama de las Fuerzas Armadas maneja gastos reservados independientes y que más eficaz sería que estos recursos se unificaran en una sola dirección de inteligencia que dependa del comando general. Esto ayudaría a obtener mejores resultados al compartir información y evitaría la duplicidad de gastos en un mismo objetivo como pasa en la actualidad.

En el caso de la Policía los auditores aseguran que la Dirección de Policía Judicial (Dijin) es la que maneja los gastos reservados, aunque esta debiera ser función de la Dirección de Inteligencia. Así mismo encontraron que los estados contables no son coherentes con los soportes. "Son más de 24.000 millones de pesos que han sido usados por la Policía Judicial desde 1999 como gastos reservados, sin control ni fiscalización alguna".

Los gastos reservados en la Fiscalía, según el informe, deben apoyar la investigación penal y no destinarse para la adquisición de bienes para el Cuerpo Técnico de Investigaciones, que se pueden comprar con recursos ordinarios.

La conclusión de los auditores es que, en general, "existe poca transparencia". También que "no se entiende cómo se puede gastar una suma importante del dinero de los contribuyentes, del erario público, sin que nadie pueda saber o enjuiciar si está bien gastado o si el dinero se gasta en lo que se había presupuestado".

No obstante el informe no pudo vigilar todos los gastos que quiso. Aún se desconocen los soportes de gastos reservados del Fondo Rotatorio del DAS y del Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad Personal, Fondelibertad, de 1999 a 2001. A la Presidencia de la República, la Procuraduría, la Federación Nacional de Cafeteros, el Ministerio del Interior, el Inpec y la Dian no se les han controlado los gastos reservados desde 1998. Y a la Fiscalía y a la Dirección de Inteligencia del Ejército no se les practicó auditoría en 2001. "Auditar los gastos de los militares o de los policías no es fácil. Son expertos en el 'lobby' y terminan ganándose a la gente que los vigila", admitió uno de los auditores.

Según esta única auditoría a los gastos reservados, su característica primordial es que eluden los controles habituales de la misma administración, de los organismos de control y de la comunidad. "Vale la pena preguntar si puede imperar el Estado de derecho cuando unos cuantos funcionarios, políticos, policías y militares pueden usar, sin fiscalización alguna, esa gruesa cantidad de dinero de los contribuyentes", dijo a SEMANA uno de los auditores responsables del informe final.

En lo que respecta a los contratos con recursos de los gastos reservados, el informe establece que el control es deficiente y notoria la violación de los principios de contratación estatal. A manera de ejemplo, dice el informe, que los contratistas incumplen y no se adelanta ninguna gestión de cobro. Los contratos no se ejecutan en los plazos estipulados ni se ejerce supervisión. Se cancela la totalidad del contrato cuando apenas está en ejecución y para completar se suscriben con funcionarios que no están ni facultados ni autorizados, por la cuantía.

Después de este estudio la Contraloría recomienda abrir un debate político sobre el impacto, la eficacia, la eficiencia, el monto y el control político de los gastos reservados para darles una mayor transparencia a las instituciones de inteligencia. "El Congreso debe asumir una participación activa y responsabilidades crecientes en este polémico campo, donde se torna imprescindible la instauración de procedimientos para que el Legislativo, y también el Ejecutivo, evalúen su eficiencia y eficacia".

Es decir, La Contraloría y la Auditoría califican el manejo actual de los gastos reservados como de "riesgo alto" y ponen en alerta al Ministerio de Hacienda y a Planeación, que fija su monto en el presupuesto; al Congreso que lo aprueba y al propio Presidente de la República, para buscar nuevos mecanismos que establezcan un mejor manejo y no seguir manteniendo como un secreto a voces esta verdadera danza de los millones sin ningún control.