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| 3/3/2011 12:00:00 AM

"La declaratoria de un nuevo estado de emergencia es inconstitucional": Procurador

El Ministerio Público considera que el Gobierno debió prorrogar la emergencia y no esperar a que se venciera su vigencia para así hacer un nuevo decreto.

 Según el jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez, el Gobierno debió optar por “prorrogar el estado de emergencia declarado el 7 de diciembre del 2010, como consecuencia de la agudización del fenómeno de la ola invernal” y no declarar uno nuevo.
 
Por esta razón, el procurador solicitó a la Corte Constitucional declarar inexequible el Decreto 020 de 2011, por el cual se declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica debido a las fuertes lluvias.

En el concepto, el Ministerio Público explicó que si el tiempo de emergencia decretado era insuficiente en el primer decreto, “lo que correspondía hacer, al tenor de la Constitución, era disponer su prórroga de manera oportuna, es decir, antes de la medianoche del 5 de enero del 2011 y no, como se hizo, esperar a que el estado de emergencia cesara y dejando pasar un día: el 6 de enero del 2011, proceder a declarar un nuevo estado de emergencia.”

Explicó que si el fenómeno climático, la temporada de lluvias y sus consecuencias se prolongaron en el tiempo, era lógico que el estado de emergencia también se prolongara por medio de una prórroga.

Para el jefe del Ministerio Público, lo que no tiene sentido “es que la vigencia del estado de emergencia se agote a la media noche del 5 de enero del 2011, y que el Gobierno declare un nuevo estado de emergencia el 7 de enero del 2011”.

El concepto del procurador se debe al hecho de que el Gobierno emitió el Decreto 4580 de 2010 con vigencia hasta el 5 de enero. Sin embargo, ante la prolongación de la temporada de lluvias, el Gobierno se vio obligado a emitir un nuevo decreto, el 020 de 2011.

En su criterio, esta actuación “se cumplió de manera extemporánea y sin contar con un soporte adecuado, con lo cual se desconoce la Constitución Política, pues se vulnera el principio democrático y se usurpa de manera irregular las competencias del Congreso”.

Los decretos son examinados por la Corte Constitucional.
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