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| 10/4/2017 9:45:00 AM

La defensa de Luis Fernando Andrade

El ex presidente de la ANI presentó ante el juez que lleva su caso su versión de los hechos. Asegura que la forma como se adjudicó la vía Ocaña Gamarra era la mejor alternativa para el Estado.

El exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura jugó su última carta durante la audiencia que tuvo lugar este martes en los juzgados de Paloquemao. Ante la solicitud de aseguramiento en establecimiento carcelario formulada por la Fiscalía y respaldada por la Contraloría y la Procuraduría -esta última con reservas-, Luis Fernando Andrade expuso detalladamente los motivos por los que considera que no tuvo interés indebido en la celebración de los otrosíes 3 y 6 de la vía Ocaña-Gamarra, carretera anexada al megaproyecto de la Ruta del Sol II.

La fiscalía en días anteriores le imputó tres cargos: interés indebido en la celebración de contratos, ocultamiento, alteración o destrucción de pruebas materiales, y falso testimonio en calidad de determinador, con base en lo cual solicitó medida de aseguramiento en su contra por considerar que dispone del poder para alterar el curso de la investigación y que debido a su doble nacionalidad, presenta un riesgo de fuga del país.

En contexto: El viacrucis de Luis Fernando Andrade

El Ministerio Público se apartó de la consideración de la Fiscalía respecto del cargo de ocultamiento, alteración o destrucción de pruebas materiales, sosteniendo que el haber hecho cambios en una agenda informal donde se llevaba el registro de las visitas del director de la ANI con políticos no configura el señalado delito, pues ese elemento no es en rigor un “material probatorio”, pues la evidencia certera de las visitas de los políticos se puede obtener revisando los ingresos reseñados en los sistemas de seguridad de la sede de la ANI. En los otros dos cargos la Procuraduría sí coincidió plenamente con la Fiscalía y con base en ello respaldó la solicitud de imponer medida de aseguramiento en prisión contra Andrade. Terminada la intervención del agente del ministerio público fue el turno para la defensa. Y fue cuando Andrade tomó la palabra.

Por cerca de tres horas Andrade detalló con precisión la forma en la que se adjudicó el tramo en cuestión. “En mi opinión, lo que está ocurriendo es un mal entendimiento de los hechos por parte de la Fiscalía”, dijo, antes de añadir que eso era probablemente debido a la complejidad de los contratos en discusión.

Foto: Luisa Orjuela

Según el exdirector de la ANI, toda la parte pública de la adjudicación se hizo de manera completamente regular, con la aprobación del máximo órgano de planeación del país: el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) del que hacen parte el presidente, el vicepresidente y todos los ministros, el cual ya definido como prioritario el proyecto en 2013, pero no lo realizó por falta de recursos.

Ese fue su gran logro, aclaró, realizar “el mejor negocio que haya hecho la ANI” sin desembolsar dinero del Estado. En el momento en el que se gestionó el proyecto, no había salido a la luz pública el principio de acuerdo entre la justicia norteamericana y Odebrecht y nadie sabía que había sobornos involucrados. En ese momento la firma brasileña era una de las más reconocidas del continente, dijo.

Luego, Andrade trató de demostrar que la adjudicación del otrosí era la mejor opción de la que disponía en ese momento la ANI. “Realizarlo como obra pública habría costado cerca de 1.2 billones en recursos de los que no disponía el Invias en ese momento, mientras que una nueva licitación habría costado cerca de 3.6 billones (...) la adición al contrato era la mejor opción y no requería recursos extras”, dijo. Para implementar esta fórmula por la que finalmente se optó sólo se requería la reprogramación de vigencias futuras y la adición de peajes que acordaron con el concesionario. Andrade además expuso un concepto formulado por el bufet del hoy fiscal general Néstor Humberto Martínez, documento que respaldó que el negocio se hiciera como se hizo.

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Respecto a la legalidad del mismo, afirmó que la adición se enmarcó en el cuadro legal asentado por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado que permite adjudicar otrosíes sin pasar por licitaciones públicas. En tanto se trate de obras necesarias al buen desarrollo del proyecto del que se desprenden y no superen el 50% del costo de ese tramo. En esta ocasión, la obra agregada costó 32% del valor original del tramo II de la Ruta del Sol.

Ante la acusación de haber facilitado el doble pago de los estudios necesarios a la realización de la obra, Andrade aseguró que no era el caso, ya que se incorporaron los diseños técnicos del Invías en la estructuración del proyecto. Enseguida, aseguró que la convocatoria exigida por la ley para que del proyecto pudieran participar otras firmas constructoras, fue llevada a cabo por el concesionario según las normas en vigor, aunque el resultado fue que nadie se presentó.

Acerca de las reclamaciones posteriores del concesionario, quien exigió el reembolso de 700.000 millones de pesos de sobrecostos en los tribunales, cuando el contrato fue liquidado y terminado por la ANI, Andrade expuso uno a uno los recursos legales que se han formulado con el resultado de que hasta la fecha no se ha pagado un peso gracias a sus gestiones y se mostró confiado en el que el Estado pueda ganar esa demanda.

Respecto a su relación con empresarios y políticos, el exfuncionario afirmó que no tenía sentido esa incriminación, si se tenía en cuenta que encontrarse con posibles inversionistas era parte de su labor desde que le fue encomendada la tarea de sacar adelante a las megaobras de las llamadas autopistas 4G, es decir, las que se ejecutan bajo el modelo de APP (Alianzas Público Privadas), el cual demanda que el Estada debe buscar inversionistas, definir proyectos estratégicos para la regiones y ejecutarlos de la mano de los privados.  Justamente en cumplimiento de esa misión Andrade aseguró que durante su paso por la ANI se reunió con 1.228 personas del sector privado, y 249 líderes políticos y funcionarios, de acuerdo con el registro llevado por la secretaría de la dirección de la agencia de infraestructura estatal.

Foto: Daniela Sarría

Finalmente, en lo que tuvo que ver con el cierre de contrato para la navegavilidad del río Magdalena –proceso cumplido cuando el exdirector de la ANI tuvo a cargo la dirección de Cormagdalena–  Luis Fernando Andrade reiteró que al contrario de un esfuerzo por lograr un cierre financiero amañado del proyecto, lo que hizo fue llevar a cabo la caducidad del contrato con acompañamiento de la Procuraduría.

Pasado el medio día, la audiencia se aplazó debido a los compromisos del abogado defensor de Andrade, Jesús Yepes y retomará el miércoles desde temprano, justamente con la intervención de este abogado. Concluida la intervención de la defensa se sabrá si la juez 57 de garantías encargada del caso quedó convencida por la versión del exdirector de la ANI o si accede a la solicitud de la Fiscalía de mandarlo a prisión de forma preventiva mientras se adelanta el juicio en su contra.

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