28 mayo 2013

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La defensa de Petro ante la Procuraduría

BOGOTÁEl alcalde Gustavo Petro presentó fallos de la Corte Constitucional para responder a la investigación.

La defensa de Petro ante la Procuraduría. El alcalde no se siente responsable de lo ocurrido.

El alcalde no se siente responsable de lo ocurrido.

Foto: SEMANA.

Gustavo Petro se ha caracterizado por ser un buen orador. Desde cuando militaba en el movimiento guerrillero M-19 y defendía con ahínco sus ideas, pasando por el Congreso, donde, ante los micrófonos, destapó numerosos escándalos. En las últimas horas fue a la Procuraduría General de la Nación y allí también mostró sus dotes, pero esta vez para defenderse.

En las primeras siete horas de su versión libre los investigadores lo escucharon con atención. ¿Qué dijo? ¿Por qué tomó la decisión que hizo vivir a la ciudad una difícil situación en materia de salud ambiental en diciembre del 2011? Semana.com se lo cuenta en exclusiva.

Para el alcalde mayor de Bogotá es claro que no cometió irregularidad ni falta disciplinaria alguna al poner en marcha el nuevo esquema de recolección, barrido y limpieza en la capital. Lo único que hizo, según explicó, fue darles cumplimiento a una sentencia de la Corte Constitucional y a un auto que ordenaba la inclusión de los recicladores en el esquema.

La primera parte de la versión libre que rindió Petro en la Procuraduría dejó claro que existe un monopolio de los operadores privados de aseo, por lo cual señaló que "los propietarios del aseo se están convirtiendo en los mismos dueños del agua potable en Colombia". Precisó, entonces, que la única forma de acabar con eso era dar cumplimiento a las sentencias constitucionales en la materia.

Petro, según conoció Semana.com, basó su actuación en el tema de basuras amparado en la sentencia de la Corte Constitucional T-724 del 2003 y el auto 275 del 2011 del mismo Tribunal, las cuales concluyen que el "agua potable y el saneamiento básico son derechos fundamentales de la población colombiana desde el año 2010, no sólo son servicios públicos". Es decir que la comunidad bogotana tiene derecho a que se respete el bloque de constitucionalidad que existe en la materia, que indica que el saneamiento básico corresponde a la recolección de los residuos sólidos y líquidos como derecho fundamental.

El alcalde también dijo que muchas de las advertencias realizadas por los organismos de control (Contraloría, Procuraduría, Personería, entre otras entidades), en su momento desconocieron el auto 275 del 2011,que ordenaba incluir la población recicladora en el esquema de recolección, barrido y limpieza de la capital.

Otra de las armas que usó Petro en su defensa fue el Estatuto Orgánico de Bogotá, que es la carta de navegación para cualquier decisión del mandatario respecto a la ciudadanía. En ese aspecto manifestó que por ley se indica que "cuando se preste directamente el servicio de agua, se haga a través de sus empresas". En su interpretación, él le dio estricto cumplimiento al auto de la Corte. Tenía, según explicó, la potestad de elegir la forma como se incluirían los recicladores en el esquema de basuras.

Así mismo, precisó el alcalde que en cumplimiento del Estatuto Orgánico eligió a la Empresa de Acueducto y a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) para que se instrumentara el nuevo esquema de basura. Este incluía la flota de camiones compactadores que soportarían la operación en la capital, sin la necesidad de los operadores privados.

Innumerables quejas


El origen de la investigación se dio en las más de 100 quejas radicadas ante el ente disciplinario por parte de ciudadanos, políticos y defensores de los derechos ambientales. Los reclamos motivaron a la Procuraduría a realizar una investigación por la ‘abrupta’ forma como fue cambiado el esquema de recolección, barrido y limpieza de la capital.

Según el auto de cierre, la investigación contra Petro se abrió “por presuntas conductas irregulares, relacionadas con la prestación del servicio público de aseo, y otras de naturaleza contractual y administrativa”.

Dentro de las pruebas que tiene la Procuraduría, que practicó durante cuatro meses, se destacan aspectos como “la falta de planeación y un presunto detrimento patrimonial por la cancelación de los contratos a los operadores privados de recolección de basuras y la contratación de volquetas para el esquema de recolección de desechos diseñados por la Administración Distrital”.

Igualmente se resaltan los tres informes realizados por la Procuraduría Delegada en Asuntos Ambientales. En estos se evidenció un aumento en la contaminación ambiental y en la ubicación de residuos sólidos en las calles de la ciudad.

De acuerdo con dichos informes, las localidades más afectadas con el caos de las basuras, en orden de afectación, fueron Suba, Engativá, Usme, Usaquén y Chapinero.

En el piso 25 de la Procuraduría continuará Petro intentado hacer gala de su capacidad de orador ante los investigadores. Ellos lo escucharán y seguirán recaudando evidencias y pronto tomarán una decisión sobre el futuro del primer mandatario de los bogotanos, quien, sin duda, argumenta bastante bien su tesis. Falta ver si esta virtud convence a Alejandro Ordóñez.
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