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LA DESBARRANCADA

En Barrancabermeja, ocho heridos por una granada, en el último atentado contra la UP.

25 de mayo de 1987

"No nos dejaremos provocar" dijo a SEMANA Braulio Herrera, hombre venido del monte gracias al proceso de paz y representante a la Cámara por la UP, a raíz del asesinato de los parlamentarios Leonardo Posada, representante por Santander, y Pedro Nel Jiménez, senador del Meta, ocurridos el 30 de agosto y el 1° de septiembre del año pasado en Barranca y Villavicencio, respectivamente. Pero las provocaciones parecen no haber terminado. La escalada de asesinatos contra miembros de la UP ha continuado hasta convertirse en noticia de todos los días.
Un día después de que la Unión Patriótica surgiera como partido político legal comenzaron los asesinatos. Y es así como, desde el 26 de mayo de 1985 hasta el 20 de abril de 1987, la UP registra una aterradora cifra de muertos en sus filas: 268 entre activistas, militantes, concejales, diputados y congresistas.
El último de los atentados contra este grupo se produjo el miércoles 22 de abril, cuando ocho miembros de la UP y de la Coordinadora Campesina del Magdalena Medio, se encontraban en la cafetería Monteblanco, localizada en la calle 6a con carrera 4a de Barrancabermeja, charlando mientras comenzaba el partido de fútbol Colombia-Uruguay, que pensaban ver en ese sitio. Y aunque al cierre de esta edición la mayoría de los heridos parecían recuperarse, la sangre fría con que actuaron los responsables del atentado devolvió a las primeras páginas de los periódicos la ola criminal que se ha desatado en contra de esta agrupción política.
La forma como se dieron los hechos de Barranca hace creer que se trata de grupos con gran experiencia en este tipo de acciones, la misma que demostró en una cafetería de Cali un hombre joven que lanzó una granada contra Antonio Navarro Wolf y otros miembros del grupo M-19, en esa época en tregua. Según contó a SEMANA un testigo, a la cafetería de Barranca llegó un hombre joven, "no tendría más de 20 años, se acercó a la puerta, le quitó la espoleta a una granada y la lanzó por el suelo hacia la mesa donde se encontraban los de la reunión". La explosión se dio en segundos, afectando no solo a quienes iba dirigida la granada, sino a dos niños que se hallaban allí.
Un balance del estado de los heridos demuestra las dimensiones del atentado: a César Martínez Blanco, de 40 años y concejal de la UP por Barranca, se le amputaron ambas piernas; Alirio Traslaviña, presidente de la Coordinadora Campesina del Magdalena Medio, se encuentra en estado comatoso por cuanto la onda explosiva afectó sus órganos vitales; Miguel Castañeda, dirigente de la UP, tiene diagnóstico reservado y los médicos hacían intentos por salvarle una pierna; Alba María Fuentes, esposa de Traslaviña, tiene esquirlas por todo el cuerpo y perdió un dedo de la mano derecha; Luis Fernando Rondón, de 11 años de edad y estudiante de tercer año de primaria, está también herido por esquirlas, y Carmen Cecilia Jockhe, de 4 años de edad, tiene el pulmón perforado por otra esquirla.
Como prueba de que estos atentados no cuentan con ningún respaldo popular, los habitantes de Barranca salieron a las calles a protestar y realizaron una especie de paro cívico con manifestación permanente en el puerto petrolero. "A pesar de que las áutoridades civiles (alcalde y gobernador), solicitaron la ayuda del Ejército y la Policía para mantener la calma, dijo a SEMANA Carlos Efrén Agudelo, directivo de la UP, quien se trasladó de inmediato a Barranca, lo que estos hicieron fue disparar sus fusiles al aire y lanzar gases lacrimógenos, enardeciendo aún más la población" .
El Concejo de Barranca, reunido el 24 por la mañana, además de la resolución de duelo, expidió otra, solicitándoles a los comandantes de la Policía y del Batallón del Ejército, explicaciones por su conducta. Conducta, que de acuerdo con las acusaciones de diferentes ciudadanos en Barranca, no es extraña, si se tiene en cuenta que "el teniente coronel Segundo Eutimio Gallego Irguez viene proporcionando entrenamiento en armas y conducción de motos a civiles entre los 15 y 22 años y de extracción de clase popular, que no dudamos son los responsables de estos y de los otros crímenes ocurridos en esta zona del país".
Después de las pedreas, las manifestaciones, la quema de las instalaciones de la empresa encargada del servicio de agua potable en Barranca, y al cierre de esta edición, se vivía en esa ciudad una tensa calma de la cual se podía esperar cualquier cosa. Pero no solo en Barranca el pronóstico de la situación era reservado. Sucedía lo mismo en varias regiones del país, donde cada vez resulta más difícil creer que la frase "No nos dejaremos provocar", del representante Herrera, pueda seguir siendo cierta por muchos días.