Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 1994/08/22 00:00

LA DESPEDIDA

A pocos días del retiro de Gustavo de Greiff, la Fiscalía se abstiene de ordenar la captura de Gilberto Rodriguez. "No hay pruebas", dice el Fiscal.

LA DESPEDIDA

EL PAIS YA ESTA ACOSTUMbrado a las declaraciones más bien directas del fiscal general Gustavo de Greiff. Pero cuando el jueves de la semana pasada dijo públicamente que si Gilberto Rodríguez Orejuela fuera detenido por las autoridades, quedaría libre, pero que 'Don Miguel' sí tenía casos pendientes, nadie entendió bien de qué estaba hablando. Al día siguiente, sin embargo, el alcance de la misteriosa frase quedó claro y causó ruido. A las 10 de la mañana, un agente del Ministerio Público informó al procurador general de la Nación, Carlos Gustavo Arrieta, que una comisión de fiscales designados especialmente para revisar los procesos por narcotráfico en la capital del Valle, anuló la orden de captura que pesaba contra el cabecilla del cartel de Cali Gilberto Rodríguez Orejuela, por el caso de tráfico de 500 kilos de cocaína en Louisiana (Estados Unidos).

Apenas conoció la noticia, el presidente César Gaviria envió una comunicación al procurador Arrieta, en la cual solicitaba que buscara la manera de apelar dicha decisión. En su comunicación, el Presidente agregó que "una decisión antijurídica en esta materia puede llegar a tener graves implicaciones para la administración de justicia y para las relaciones de Colombia con la comunidad internacional". El Procurador, a su vez, anunció que su despacho estudiaba la posibilidad de impugnar la decisión de la Comisión de Fiscales. El Fiscal, por su parte, tras lamentarse por la desinformación del Presidente, se limitó a anunciar que su despacho había solicitado pruebas al Departamento de Justicia de Estados Unidos, y que sus solicitudes no habían recibido respuesta.

LARGO PROCESO
La historia del caso de Luisiana data de tiempo atrás. Desde 1990, y con base en un indictment proferido por un juez del distrito oriental de Louisiana, se solicitó en extradición a Gilberto Rodríguez Orejuela. Para ello, se adjuntó a la solicitud de extradición un largo expediente que aportaba pruebas suficientes para vincular al cabecilla del cartel de Cali en la exportación ilegal de dos cargamentos de 250 kilos de cocaína hacia Estados Unidos. El caso, que permitió acusar y sentenciar a cerca de 50 personas, y vincular a otro colombiano -Fernando López Rentería- se basaba en los testimonios de un agente del F.B.I., el cual declaró ante la Corte estadounidense que la cocaína en cuestión era de propiedad de los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez. En el expediente constaban los testimonios de varios involucrados, quienes afirmaron que López Rentería había participado en la compra del avión en el cual fue transportada la cocaína, y que este último y los hermanos Rodríguez habían celebrado una reunión en Panamá para ultimar los detalles de la importación y para mostrarles el avión. Esta reunión, según los testimonios, fue presenciada por las autoridades panameñas y por agentes federales de Estados Unidos.

El expediente cambió de manos en mitad del proceso. La Constitución de 1991 pasó del sistema inquisitivo al acusatorio y entregó a la Fiscalía la responsabilidad de investigar y acusar a los delincuentes. Al mismo tiempo, la solicitud de extradición de Estados Unidos quedó anulada, pues la figura fue abolida por la nueva Carta. Sin embargo, las pruebas estadounidenses y el indictment del juez de Louisiana quedaron convertidas en pruebas para la justicia colombiana y tenían validez jurídica para dictar auto de detención contra los implicados. En ese punto, la Fiscalía heredó el caso.

Entre tanto, uno de los implicados en el caso, Fernando López Rentería, se acogió a los decretos de sometimiento a la justicia, confesó su participación en el negocio de tráfico de estupefacientes y fue condenado por la justicia en enero de este año.

Unos meses más tarde, a fines de mayo, el abogado de Gilberto Rodríguez solicitó escuchar en declaración juramentada a López Rentería, el cual desvirtuó las pruebas del expediente preparado por las autoridades estadounidenses. Inmediatamente, la Fiscalía solicitó a Estados Unidos que aportaran las pruebas existentes contra los hermanos Rodríguez.

Tan sólo tres meses más tarde, y con base en las declaraciones de López Rentería y en la evaluación de los testimonios de los implicados, la Comisión de Fiscales estableció que no existen pruebas suficientes para imponer medida de aseguramiento contra Gilberto Rodríguez, y que el expediente es tan débil que ni siquiera permite vincular al proceso a su hermano Miguel. De este modo, la Fiscalía resolvió cancelar la orden de captura contra el número uno del cartel de Cali, avivó el debate sobre el fracaso de la labor de la Fiscalía y puso de nuevo en graves aprietos la credibilidad en la justicia colombiana.

AVANZA LA IMPUNIDAD

La decisión de los fiscales causó revuelo. El tráfico de cocaína en Louisiana era uno de los tres casos en los cuales se había logrado vincular a Gilberto Rodríguez, y el único en el cual el delito del que se le acusaba era el tráfico de drogas. Los otros dos -el atentado contra el edificio Mónaco, de propiedad de Pablo Escobar, y un cargo de enriquecimiento ilícito surgido tras el allanamiento de la finca Los Remedios en Silvia (Cauca)- eran, hasta el viernes, los menos contundentes. En este caso de narcotráfico se centraban las esperanzas de que, el día que Rodríguez se entregara a la justicia o en el momento en el cual fuera capturado, existiera un proceso sólido en su contra. Es más: al no existir la sindicación por narcotráfico, es posible que, según fuentes de la Fiscalía consultadas por SEMANA, la sindicación de enriquecimiento ilícito que pesa contra Gilberto Rodríguez también se caiga.

Y aunque la decisión de la Comisión de Fiscales es susceptible de apelación y muy probablemente sea impugnada por la Procuraduría en los próximos días, lo cierto es que la revocación de la boleta de captura contra Rodríguez Orejuela se ha convertido en el mayor fracaso de la Fiscalía, no tanto por el polémico manejo que le ha dado al cartel de Cali, sino, sobre todo, porque se constituye en la prueba más clara de que la institución no está haciendo su trabajo.

La falta de pruebas, argumento que la Fiscalía ha sacado a relucir en más de una oportunidad para explicar sus actuaciones, no es más que la evidencia que no ha sido capaz de cumplir con sus funciones de ente investigador. La Fiscalía no puede sentarse a esperar que aparezcan pruebas contra quienes ella está encargada de investigar, y aún menos esperar y acoger sin beneficio de duda testimonios que desvirtúen las ya existentes. Antes que dar más credibilidad a las declaraciones de un convicto por narcotráfico que a las de agentes federales de Estados Unidos, la Fiscalía debería dedicarse a fortalecer los procesos en los cuales Estados Unidos ha aportado pruebas.

Por otro lado, no existía ninguna razón jurídica, ni vencimiento de término alguno que obligara a la Fiscalía a resolver la situación jurídica de Gilberto Rodríguez en relación con el caso de Louisiana. En varias oportunidades a la Fiscalía se le han vencido los términos para calificar los procesos pendientes, y esto ha tenido al país al borde de una excarcelación masiva de presos. Pero en este caso la institución pecó de apresurada. En esta ocasión, cuando valía la pena insistir en la labor de consecución de evidencias y esperar a que llegaran pruebas de Estados Unidos, la resolución no podía ser más inoportuna.

Igualmente grave, tanto en este caso como en el de los estados de excepción que el gobierno se ha visto en la obligación de decretar por cuenta de la incapacidad de la Fiscalía para calificar procesos, es el hecho de que la institución no acepte los indicios para llamar a juicio. Según el Código de Procedimiento Penal, para dictar auto de detención preventiva -como el que la Comisión de Fiscales ha podido proferir contra quien todos los organismos de seguridad señalan como líder del cartel de Cali- basta un solo indicio grave. En este caso, como en muchos otros, la Fiscalía parece estar esperando tener constituidos unos procesos demasindo voluminosos. Esto, antes que asegurar que se haga justicia, ha dejado colar a la impunidad. Resulta difícil creer que un indictment que sirvió en Estados Unidos para condenar a cerca de 50 personas, en Colombia no contenga pruebas suficientes para ordenar la detención preventiva de una sola.

EL GRAN PERJUDICADO

De todo este episodio -que no podía llegar en peor momento- el gran perjudicado es el presidente electo, Ernesto Samper, quien recibirá de carambola toda el agua sucia que producirá la anulación de la orden de captura que existía contra Gilberto Rodríguez. La resolución de los Fiscales encargados de revisar el indictment estadounidense se produjo en el momento en el cual las relaciones con Estados Unidos comenzaban a distensionarse, tras haber pasado por la peor crisis que conocieron en años. La semana pasada, Samper había resuelto lanzar una ofensiva ante los senadores estadounidenses para atenuar la desconfianza que el episodio de los narcocasetes había producido en el Congreso estadounidense (ver recuadros). Y todo parecía indicar que gracias a esta estrategia y a la labor del embajador en Washington, Gabriel Silva, las asperezas comenzaban a limarse.

En estas circunstancias, es previsible que la decisión de la Fiscalía vuelva a agriar el tono de las relaciones entre los dos países. Para algunos observadores, De Greiff, quien en numerosas oportunidades ha sido la manzana de la discordia de las relaciones de Colombia con Estados Unidos, podría estar dándole la razón a quienes sostienen de tiempo atrás que el intercambio de pruebas con la Fiscalía colombiana sólo va a servir para invalidar las evidencias, pues el Fiscal se ha mostrado demasiado blando con el cartel de Cali.

LA ESTRATEGIA DE DISTENSION

AL FINAL de la semana pasada, las frías y tensas relaciones entre Colombia y Estados Unidos parecían en camino de franca mejoría, como consecuencia de dos factores: el despliegue de relaciones públicas lanzado por el embajador colombiano Gabriel Silva Luján, y la carta que el presidente electo Ernesto Samper Pizano le envió a un grupo de parlamentarios estadounidenses.

En cuanto a lo primero, Silva logró dos objetivos importantes: conseguir que la Cámara de Representantes compensara de algún modo el desastre de la enmienda Helms en el Senado, y convencer al Departamento de Estado de que esa enmienda no sólo afectaría a Colombia, sino también a Estados Unidos en su lucha contra el tráfico de drogas.

El poderoso senador Jesse Helms había echado un balde de agua fría sobre las relaciones bilaterales, al lograr que se aprobara una enmienda que exigía a Colombia cumplir ciertos requisitos para acceder a la ayuda antinarcotráfico. La votación, de 94 votos a favor y cero en contra, reflejaba a los ojos de los colombianos una derrota demasiado contundente. Pero ese tipo de resoluciones son adoptadas no por el voto secreto y unitario de los asistentes, sino por lo que llaman "voive vote", es decir, con el procedimiento de preguntar si alguien se opone a la proposición. Cuando nadie lo hace se considera aprobada, y el conteo oficial es del total de votos contra cero. Es una especie de pupitrazo a la gringa.

Ese procedimiento, entre otras cosas, permite la manipulación de los resultados, como hizo Helms, quien logró con su discurso poner a quienes se le oponían en la posición de que si votaban en contra, lo hacían a favor del cartel de Cali. Y explica la unanimidad porque quienes hablaron a favor de Colombia no se atrevieron a oponerse a la aprobación, porque sabían que no tenían suficiente respaldo como para dar una pelea poco justificable a los ojos de sus electores, contra el todopoderoso Helms.

Pero ese mismo procedimiento sirvió para que en la Cámara, un representante amigo de Colombia, el neoyorquino Ben Gilman, lograra convencer a sus colegas de que estar en contra de su proposición de reanudar los contactos de inteligencia con Perú y Colombia, era jugarle a facilitar el tráfico de narcóticos. Una cosa y otra explican el comportamiento aparentemente esquizofrénico de las dos instancias legislativas.

La decisión de los representantes resultó refrescante en una semana en la que el panorama colombiano en Washington era cada vez más oscuro y puso sobre el tapete el aspecto político de que dejar sola a Colombia en la guerra contra el narcotráfico sería funesto. El otro punto era poner al gobierno Clinton de nuevo a favor de Colombia.

Sobre ese aspecto, el argumento central era que si se condicionaba la ayuda de Estados Unidos, Colombia no tendría otra alternativa que rechazarla del todo. La razón es que una doctrina de política exterior del país establece que la ayuda extranjera es una expresión de solidaridad y no de ínjerencia en los asuntos internos. Con esa premisa, el embajador Silva visitó al Departamento de Estado y a la DEA. La consecuencia de que Colombia rechace la ayuda, les dijo Silva, es más mala para Estados Unidos que para Colombia. Al fin y al cabo, la asistencia es una parte relativamente pequeña de lo que Colombia gasta en la lucha contra el narcotráfico. "Pero para ustedes -les dijo Silva- es peor, porque se quedan sin polìtica exterior antidrogas. Los triunfos de Colombia ya no serìan compartidos, sino única y exclusivamente colombianos".

Ese argumento logró que, en una reunión interagencias, se dispusiera que sus oficinas de enlace legislativo se unieran para trabajar en contra de la enmienda Helms, en espera de la votación crucial que debe tener lugar a mediados de esta semana, en una reunión conjunta de las dos cámaras.

Todo ello se unió a la carta enviada por el Presidente electo, que cayó muy bien en círculos congresionales porque sentó en forma enérgica e inequívoca la intención de desarrollar en su gobierno todo un nuevo menú de medidas contra el narcotráfico, con temas tan atractivos para los gringos como la creación de una fuerza caribe antidrogas, el control global de los insumos y la eliminación de los paraísos financieros en el hemisferio.

Eso hacía que el embajador Silva se mostrara "moderadamente optimista" sobre el futuro de las relaciones bilaterales. La operación de acercamiento podía llegar a buen término, le dijo Silva a SEMANA, si no pasaba nada extraordinario. La pregunta es si el hecho extraordinario no fue la desconcertante decisión de la Fiscalía en favor de Gilberto Rodríguez Orejuela.


ESTO FUE LO QUE DIJO JESSE HELMS

"INFORTUNADAMENTE, después de la certificación que el presidente Clinton hiciera de la plena cooperación de Colombia, el pasado mes de abril, las noticias sobre ese país han empeorado seriamente acerca de si Colombia está o no haciendo lo suficiente para detener el flujo de cocaína a Estados Unidos. Hay creíbles y preocupantes acusaciones de que el presidente electo de Colombia, Ernesto Samper, recibió grandes sumas de dinero del cartel de Cali. Para tener claro qué tan grande es el cartel de Cali, describámoslo como el peso pesado de la cocaína en el mundo del tráfico de drogas.

"Yo me he acostumbrado a través de los años a que nuestro Departamento de Estado desvirtúe cualquier crítica sobre jefes de Estado de otros países. Pero, en esta ocasión ese Departamento no ha intentado negar o bajarle el tono a los cargos contra el nuevo gobierno de Colombia. En su lugar, dice que está investigando las acusaciones.

"En una audiencia en junio en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, el secretario de Estado asistente para Asuntos de Narcóticos, embajador Bob Gelbard, no hizo nada para evitar o desviar preguntas acerca de si el presidente electo Samper había recibido contribuciones para su campaña del cartel de la droga.

"Es más: cuando Gelbard testificó ante el Comité de la Cámara, se le preguntó por la cantidad de fondos que el candidato a la Presidencia -hoy presidente electo de Colombia- recibió. El embajador Gelbard le dijo al Comité de la Cámara que la suma era más de cuatro millones de dólares -un día bastante productivo- (...)

"El presidente electo de Colombia, el doctor Samper, ha sido involucrado personalmente por los líderes del cartel de Cali.

"Ellos discutieron en detalle, en conversaciones telefónicas, el haber entregado dinero a la campaña de Samper. En un caso, un líder del cartel de Cali dijo con entusiasmo que había donado cuatro millones de dólares con la esperanza de que el entonces candidato presidencial -hoy presidente electo-, obviamente, respondería con favores al cartel.

"Creo que no se necesita mucha inteligencia para darse cuenta que cualquiera que reciba cuatro millones de dólares de una misma persona en una campaña política, estará obligado a hacer lo que esté a su alcance para ayudar al donante. (...)

"Otra evidencia, según el Miami Herald, es producto de la experiencia personal de un informante de confianza de la DEA. Este informante alega haber coordinado una reunión en 1990 entre Samper y dos líderes del cartel de Cali, en la cual Samper recibió 800.000 dólares en efectivo. (...)

"Las acusaciones en contra del Presidente electo de Colombia son suficientemente serias por sí solas para hacer imperativo que el Senado apruebe la enmienda pendiente. Pero esta información aparece en adición a otras malas noticias provenientes de Colombia, incluyendo evidencia concreta de corrupción del narcotráfico en el Congreso colombiano. La situación es tan grave que Colombia ha sido descrita como una "narcodemocracia" (...) por un distinguido miembro del Senado, John F. Kerry, de Massachussetts.

"Las acusaciones en contra del presidente electo Samper llegan al mismo tiempo que la Corte Constitucional colombiana declaró legal el poseer y consumir drogas; el funcionario colombiano encargado de juzgar a los traficantes de droga defiende la legalización de la misma; este mismo funcionario, después de llegar a un acuerdo con uno de los más notorios y sangrientos traficantes, intentó reducir las penas negociadas a cerca de otros 200 narcotraficantes; y Estados Unidos suspendió su programa de intercambio de pruebas con Colombia, tanto como una expresión de su desacuerdo con esas negociaciones de penas, como porque Estados Unidos no podía asegurarle protección a quienes entregaran información necesaria para acusar y sancionar a estos criminales internacionales.

"Señor Presidente: la Ley de Asistencia Externa contiene un proceso que requiere que el Presidente certifique cuáles países de los considerados importantes en la producción o de tránsito en el tráfico de drogas, deben cooperar completamente con Estados Unidos para poder recibir dicha asistencia. Este proceso de certificación es un valioso instrumento para garantizar la continua cooperación.

"Sin embargo, dada la seriedad de las acusaciones en contra del Presidente electo de Colombia, un nuevo proceso de revisión debe estar en marcha antes de que reciban el primer dólar de los contribuyentes de este país. En esta instancia, el actual régimen es, a mi juicio, inadecuado".

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