La despedida

A dos meses de dejar el Palacio Liévano el alcalde Enrique Peñalosa quiere comprar, a las buenas o a las malas, la cancha de Polo del Country Club de Bogotá antes del próximo 18 de diciembre. Así, en sus palabras, quedaría “de un cacho” la conversión de las dos canchas de golf del club en un parque metropolitano de 70 hectáreas y tres lagos artificiales.

Aunque para muchos bogotanos esta carrera contrarreloj pueda ser el reflejo de la personalidad del Alcalde, el afán de Peñalosa obedece al rompimiento de las conversaciones que se venían adelantando con el club desde mayo.

Después de la expedición del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en julio pasado, Peñalosa quedó facultado para cambiar la destinación del terreno del Country sin que el Concejo de Bogotá pudiera intervenir, así como para adquirir los terrenos sin tener que pagar un peso, sino permitiendo que los socios se beneficien con la urbanización del 33 por ciento del terreno del club.

Pese a que los voceros del Country dicen que el proyecto del Alcalde no ofrece seguridad jurídica, debido a que el POT se encuentra demandado, el gobierno distrital cada día se acerca más a su meta de convertir el club en un parque.



Historia de un negocio

Pocos días después de que Peñalosa anunciara en febrero que además de la cancha de polo él aspiraba a quedarse con el club entero, el presidente del Country, José María Rodríguez, le envió una carta solicitándole que explicara a fondo “el alcance y detalles” de la propuesta. El Alcalde no pudo contestarle inmediatamente porque, para la época, su preocupación gravitaba en la escogencia de un negociador de guantes de seda que garantizara el éxito de la operación.

Después de muchas vueltas, Peñalosa finalmente se inclinó por el empresario paisa Alberto Jaramillo, quien tenía en su hoja de vida un antecedente concreto: había logrado que la sede de Cementos Samper se trasladara a las afueras de la ciudad. Resuelto el tema, Peñalosa se reunió con el presidente del club, José María Rodríguez, y algunos de los socios, para anunciarles el nombramiento y explicarles sus planes. En ese entonces el Alcalde propuso comprarles la totalidad del club en efectivo de acuerdo con el avalúo comercial.

Rodríguez designó entonces a cuatro personas de su confianza para que escucharan las propuestas del Distrito. Dos de ellos son el abogado Luis Felipe Vergara y el vocero del club Fernando Sánchez Collins. Los otros dos no accedieron a que fuera revelada su identidad.



Las reuniones

La primera reunión se adelantó el 20 de mayo en uno de los reservados del Club El Nogal a instancias de Jaramillo. En ella acordaron bajarle el perfil a la negociación para inmunizarla de las averiguaciones de la prensa.

Las inquietudes iniciales de los voceros del club se resolvieron cuando el Distrito, a través de Jaramillo, les confirmó la compra de los terrenos en efectivo y los plazos para realizar la conversión.

Pero mientras se adelantaba otra reunión el Concejo de Bogotá empezó a debatir los artículos del POT. Y uno de los 517 artículos del proyecto cambió para siempre el rumbo de las negociaciones. Este artículo, el 334, consagró dos herramientas para la adquisición de tierras en Bogotá. La primera consiste en la posibilidad que tiene el alcalde mayor para definir unilateralmente la destinación de ciertos predios de la ciudad. Estos terrenos son los que permiten, por ejemplo, la construcción de parques.

El artículo también permite la adquisición de esos terrenos sin tener que girar dinero en efectivo. La figura consiste en que los propietarios pueden urbanizar el 33 por ciento del predio y quedarse con las ganancias de la operación si ceden a la ciudad el 66 por ciento restante.



El Concejo juega

La verdad de lo sucedido fue que Peñalosa contaba con ese as bajo la manga, pero los concejales no estaban dispuestos a dejarse quitar el poder de definir la destinación de los terrenos que había conservado durante años. “Entonces lo que hicimos fue sacar del debate todas las facultades del POT y meter ahí lo del Country, explicó el concejal Armando Benedetti. Con eso después teníamos cómo negociar otros artículos que interesaban a los concejales”.

Así las cosas, las reuniones entre Jaramillo y los enviados del club se suspendieron. Y Peñalosa, al ver que los concejales congelaban la discusión, decidió buscar apoyo político para pasar el POT. “El me dijo que teníamos que sacar ese artículo adelante porque dependía el futuro de la ciudad, explicó el concejal Alfonso Prada. Pero los concejales empezaron a traer unos artículos muy raros que nosotros negamos”. La discusión llego a un punto muerto y Benedetti —presidente de la Comisión del POT— decidió hundir el proyecto para que la administración lo sacara por decreto, como finalmente ocurrió el 28 de julio pasado.



Cartas cruzadas

Promulgado el POT, los interlocutores del club y Jaramillo se volvieron a reunir. Esta vez se lograron avances importantes pues el Distrito se comprometió a no iniciar los proyectos por las canchas de golf, sino por la cancha de polo, y a que se les diera dinero en efectivo sólo por este campo.

Con estos acuerdos Jaramillo preparó una carta, suscrita por el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y la directora del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd), invitando a las directivas del club a participar en la elaboración del nuevo plan de reordenamiento del Country y a”una negociación voluntaria ”, para que dejaran los terrenos.

Pero el presidente del Country les respondió que las condiciones del negocio habían cambiado pues ya no les iban a pagar en efectivo por todo el club sino con la fórmula del POT de urbanizar parte del terreno. Aunque finalmente hubo un nuevo acuerdo para negociar la reunión nunca se hizo.

La Alcaldía siguió con sus planes, concretó el avalúo de la cancha de polo y le envió la oferta de 10.000 millones al club el 29 de septiembre. Rodríguez no tuvo otra salida que convocar a una asamblea extraordinaria de accionistas para tomar una decisión de fondo. Pese a que asistieron más de 600 socios, la asamblea no tomó ninguna decisión. Peñalosa optó entonces filtrar a los medios la oferta que había hecho por la cancha de polo.

Con el anuncio rodando en la opinión pública Rodríguez envió la carta circular número 24 a los 1.300 socios, en la que concluía que si les tocaba irse del club la estrategia se encaminaría a “defender el patrimonio de la corporación” para poder trasladarse a las afueras de la ciudad.

Si la negociación se concreta cada bogotano podría disfrutar al menos 17 metros cuadrados de zona verde. “Ciudades como Buenos Aires tienen 30 metros cuadrados por persona” explicó Rafael Obregón, uno de los cerebros del POT.



El desenlace

Los voceros del club dijeron que las reglas de juego del negocio cambiaron con el POT, que con 10.000 millones no les alcanza para reemplazar los predios del club y que no hay certeza jurídica sobre las propuestas del Alcalde. “Nosotros no sabemos qué tipo de normas va a expedir el Alcalde para la urbanización, no sabemos si el POT se va a caer, no tenemos seguridad de nada, dijo Vergara, el asesor jurídico del club. Además a nosotros nos interesa, en el peor de los casos, que nos paguen por todo porque no somos urbanizadores”.

El controvertido artículo 337 se encuentra demandado ante el Tribunal de Cundinamarca pero los cálculos más optimistas de los asesores del Country señalan que en menos de cuatro años el asunto no se resuelve. Por su parte, Peñalosa y Jaramillo dicen que ellos fueron receptivos a las inquietudes del club y que por ello hicieron una oferta en efectivo por la cancha de polo. “Con esa plata se pueden comprar la tierra que quieran”, dijo Peñalosa.

Hoy, no obstante, las negociaciones siguen suspendidas pero el proceso parece no tener reversa. A pesar de que en la asamblea del Country se escucharon todo tipo de puntos de vista, incluidos desafíos al Alcalde, la mayoría de los socios parecen tener una posición centrista y de resignación.

Así las cosas, aunque el POT prevé la conversión en parque de áreas como el Country, el club Los Lagartos, el Cantón Norte y la Escuela Militar, es probable que al nuevo alcalde no le quede otra alternativa que aplicar el plan de reordenamiento del Country que es el único, de los cuatro, que ya está sobre el papel.

La única esperanza que tienen es que se declare ilegal el POT por la demanda de un ciudadano que los socios dicen no conocer, pues la norma del 33 por ciento que obligaría a los socios a volverse constructores podría ser vulnerable.

Pero si el próximo alcalde revierte el proceso del Country se expone a estar “abriendo la puerta a una demanda por detrimento patrimonial a la ciudad”, dijo la secretaria general de la Alcaldía, Zoraida Rozo.

En todo caso, cada vez que los socios del Country le ponen obstáculos al proceso, Enrique Peñalosa, mitad en serio y mitad en broma, les notifica que si el asunto no se define dentro de tres años se vuelve a lanzar como candidato a la Alcaldía de Bogotá.