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| 7/11/2011 12:00:00 AM

¿La destrucción de las casas desde donde las Farc disparan viola el DIH?

Indígenas piden que no los metan en la guerra. Analistas consideran que el Ejército no puede comportarse como la guerrilla y que una medida como la anunciada podría poner en peligro a la población.

Los ataques en el norte del Cauca constituyen el capítulo más reciente de ataques de las Farc a la población civil. Seis personas muertas, 99 heridas y cientos de casas afectadas fue el saldo de los embates que sacudieron a los pobladores de cinco corregimientos del departamento el pasado sábado. Según las autoridades locales, desde los años 80 Toribío ha padecido 14 tomas guerrilleras, cerca de 600 hostigamientos y en cinco ocasiones el pueblo ha sido destruido.
 
El escenario en esta ocasión, sin embargo, es dantesco. Para el alcalde de Toribío, Carlos Alberto Banguero, “los daños del sábado fueron peores que todas las tomas anteriores”, según dijo a RCN este lunes.
 
Tras el ataque, el Gobierno formuló algunas propuestas para resolver los problemas de seguridad de esta población. El presidente Juan Manuel Santos ordenó la construcción de un batallón de alta montaña que tendrá sede en el municipio de Tacueyó.
 
Además, anunció una medida que ha causado controversia: “de aquí en adelante, la fuerza pública va a destruir cualquier casa que sea utilizada por los terroristas para atacar a la fuerza pública o a la población civil, no más utilización de casas para dispararle a la fuerza pública o a la población civil”.
 
La utilización de casas de la población civil como trincheras ha sido una práctica habitual en el conflicto, que el Ejecutivo busca acabar. El problema es identificar con precisión esas casas para que no se cause un daño a la población.
 
Por esta razón, el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, en una entrevista con La FM aclaró que si hay personas en esas casas la fuerza pública no atacará. En su lugar, “se tomarán precauciones especiales para evitar daño colateral”.
 
El ministro indicó que deben hacerse investigaciones para desmantelar esas trincheras y, en caso de encontrar pobladores en esas casas, estos tendrán que explicar el por qué han permitido que la guerrilla ataque desde sus casas.
 
Y en Caracol Radio precisó que las casas no serán destruidas sin una orden judicial, y que en los casos en los que hay videos que demuestran la actuación de la guerrilla, mediará un proceso legal.
 
La polémica
 
De un lado, hay quienes consideran que se podría incurrir en violaciones al Derecho Internacional Humanitario; y de otro, hay quienes consideran que es necesario llevar a cabo esas acciones ante los abusos cometidos por las Farc.
 
Vale decir que el DIH protege las propiedades de la población civil, así como hospitales, infraestructura básica y lugares de culto. Y las partes del conflicto no pueden actuar de manera arbitraria contra esos sitios.
 
Por esta razón, el analista de la Corporación Nuevo Arco Iris, León Valencia, consideró que “lo primero que hay que decir, es que la utilización de casas por parte de un grupo armado es una violación del DIH. Eso hay que condenarlo”.
 
Y agregó: “Pero el Estado no puede incurrir en lo mismo. Casas habitadas o en donde hay civiles no pueden ser atacadas, porque incurriría en lo mismo”.
 
El analista considera que los videos sirven como evidencia para denunciar a las Farc internacionalmente, pero no para justificar violaciones del Estado al DIH.
 
Para el gobernador de Cauca, Guillermo Alberto González Mosquera, lo importante es que no queden desprotegidos los civiles que sean propietarios de las casas.
 
“No se deben tomar decisiones que vayan a causarles problemas a las familias que por temor o intimidación lleguen a esa actuación. Si una casa es usada como mampara de guerrilleros, como punto estratégico para disparar, la casa que la han convertido en sitio para disparar no puede seguir así”, dijo en Caracol Radio.
 
La experta en DIH Laura Gil consideró que “la destrucción a mansalva de las propiedades, tal como lo planteó el presidente sería violatoria de los protocolos”.
 
No obstante, las aclaraciones que hizo el ministro de Defensa, de que previamente el Ejército debe hacer un trabajo de inteligencia y que habrá un análisis jurídico de la situación, tranquilizan”, dice Gil.
 
“En este caso, la destrucción puede, o no, ser violatoria dependiendo de cómo se surte el trámite judicial que propone el gobierno y cómo se lleva a cabo la destrucción de las propiedades”, asegura la experta, quien enfatiza en que la mediación judicial es clave para que no se incurra en violaciones al DIH.
 
Gustavo Gallón, presidente de la Comisión Colombiana de Juristas, dijo en Caracol Radio que el anuncio “no corresponde a lo que se ha anunciado en materia de reconocimiento de los derechos de las víctimas”. Dijo que ojalá el presidente haya hecho el anuncio en un momento de emoción.
 
En su criterio, es muy difícil determinar si las personas dueñas de las propiedades desde donde se hacen los ataques han actuado por su propia voluntad o sometidas por la fuerza.
 
“¿Cómo hace la Fuerza Pública para saber si desde esas casas de donde está disparando la guerrilla, lo están haciendo con el consentimiento de las personas adentro o son constreñidas a dejar que se realicen este tipo de actividades?", se preguntó el jurista.
 
El desastre humanitario en el Cauca es grave. La población ha sufrido confinamientos, ataques indiscriminados, desplazamientos, heridas y muertes. Las Farc han buscado presionar a los civiles, indígenas en su mayoría, o tratar de conquistarlos para que tomen parte en el conflicto.
 
Por esta razón, el alcalde de Corinto (una de las poblaciones afectadas) indicó que la medida podría ser contraproducente. Según informó la agencia EFE, Feliciano Valencia, presidente de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin), rechazó la propuesta del Gobierno e imploró “que no nos metan en esa guerra”.
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