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| 8/21/2016 7:01:00 PM

La deuda del Gobierno con la comunidad LGBTI en las cárceles

El Ministerio de Justicia anunció que publicará un nuevo reglamento penitenciario con enfoque diferencial. La Corte Constitucional había dado esta orden desde 2011.

Para la comunidad LGBTI de Colombia la cárcel es el lugar donde “nos quisieron enviar por muchos años cuando la homosexualidad era un delito” y donde “nos siguen queriendo enviar en más de 74 países donde consideran que nuestro crimen es existir”, como reza un informe de Colombia Diversa. Entre 1936 y 1980 las relaciones de este tipo en el país eran penalizadas.

Hoy la cárcel es el lugar donde 687 lesbianas, homosexuales, bisexuales, intersexuales y transgeneristas permanecen privados de la libertad. Todos ellos tienen algo en común: a diario ven violentados sus derechos a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, a la intimidad y a la dignidad humana, pues el reglamento penitenciario así lo permite.

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Con el fin de darle un vuelco a esta historia, el Ministerio de Justicia anunció que presentará un nuevo manual que replantea las reglas de juego para la comunidad LGBTI de las 136 cárceles del país. El viceministro Carlos Medina aseguró que el nuevo reglamento está en “corrección de forma” y se prevé que se firme esta semana.

Hay seis puntos clave es este documento. Uno: desde el examen médico de ingreso, se garantizará la salud de las personas trans que reciben tratamientos hormonales. Dos: se prohibirá el uso de la orientación sexual como criterio de clasificación de los internos y se dará la oportunidad a las personas trans de decidir dónde ser ubicadas. Tres: no se podrán sancionar disciplinariamente las muestras de afecto. Cuatro: se permitirá el uso de elementos como pelucas, esmaltes y maquillaje, como una expresión de su identidad. Cinco: no será requisito en las visitas íntimas demostrar que la pareja es cónyuge o compañero permanente (exigencia que no tienen las parejas heterosexuales). Y seis: se garantizará su dignidad y su integridad en el momento de las requisas.

Aunque se trata de una buena noticia, hay que decir que desde el 2011 el Gobierno tenía la obligación de realizar estas modificaciones. Ese año la Corte Constitucional le ordenó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ajustar el reglamento, para permitir el ingreso a las cárceles de “elementos de uso personal” que garanticen el "ejercicio de la identidad” de la comunidad LGBTI. Además, exigió garantizarles el derecho a la visita íntima “en iguales condiciones que las personas reclusas heterosexuales”.

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La Corte impartió estas órdenes en respuesta a una acción de tutela que interpuso Erick Yosimar Lastra Ortiz, un interno de la cárcel de Mediana Seguridad de Yopal. Según Lastra, su condición de “gay transexual” lo hizo objeto de malos tratos y burlas por parte del personal de custodia.

En su testimonio, Lastra afirmó que uno de los vigilantes del centro penitenciario le ordenó cortarse el pelo al ras, como el resto de los reclusos, pero él se negó. “No se me cortó el cabello, pero el sargento Laguado me dijo que en cualquier momento daba la orden para hacerlo, y me decomisó aretes, kit de maquillaje y moñas para recoger el cabello”.

Después de recorrer varios juzgados su tutela llegó a la Corte Constitucional. El alto tribunal concluyó que las personas privadas de la libertad “tienen derecho a expresar su individualidad y sexualidad, a un nombre, a la intimidad, y a una forma de vestir acorde con su identidad cultural”. Además le dio un plazo de “cuatro meses calendario” al Inpec para que modificara el reglamento penitenciario en ese sentido. Tuvieron que pasar cinco años para que su decisión fuera adoptada.

Se supone que el nuevo reglamento que anunció el Ministerio de Justicia recogerá todas estas indicaciones. Y además, resolverá el lamentable panorama de la población LGBTI en las cárceles del país. Una problemática que Colombia Diversa documentó el año pasado, en un informe titulado “De amor y otras condenas”.

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Se encontró, por ejemplo, que el 31 % de las cárceles reconocen que no han censado a la población LGBTI, es decir, que los 687 reclusos que estima el Ministerio de Justicia podrían ser muchos más.

El informe concluyó que en 20 cárceles del país existen patios exclusivos para esta comunidad “para evitar que se mezclen con el resto de personas”, lo que abiertamente es un acto discriminatorio. “Dicha segregación, además, tiene como estereotipo el hecho de que en algunas se asigna un mismo lugar para las personas LGBT y para las personas que viven con VIH”.  

Colombia Diversa también encontró que en muchos reclusorios las manifestaciones de afecto como los abrazos, tomarse de las manos o cualquier contacto corporal entre personas LGBTI son catalogados como “actos obscenos” y en algunos casos son sancionados con el asilamiento o el calabozo. “Se debe tener en cuenta que el aislamiento o calabozo es un lugar en donde se producen torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes”, señala el informe.

César Ceballos, director de la cárcel La Modelo de Bogotá, aseguró que en los últimos años “la evolución ha sido muy grande. A pesar de que el reglamento no ha sido ajustado, fuimos haciendo cambios por las órdenes de la Corte y por la evolución de uno mismo”.

Explica que prácticas como obligarlos a cortarse el pelo o prohibirles tinturarse, maquillarse, ponerse ropa ajustada e, incluso, utilizar medias para simular los senos ya hacen parte del pasado. Sin embargo, las normas con las visitas conyugales son muy estrictas “porque no se puede permitir la promiscuidad”.

Quienes conocen de cerca la historia de la población LGBTI en Colombia aseguran que las medidas anunciadas hasta ahora son un avance pero no son suficientes. El Ministerio de Justicia no se manifestó, por ejemplo, sobre el seguimiento a las denuncias de violencia y discriminación hacia esta población en las cárceles. Tampoco sobre capacitaciones al personal carcelario para que reconozcan sus derechos. Pero ya se está dando un paso importante. 

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