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| 1/14/2015 4:30:00 AM

La diputada con casa por cárcel que va a trabajar a la Asamblea

Con autorización de un juez, la antioqueña Ángela María Cano, afectada con medida de aseguramiento por una presunta estafa, se presentó a laborar. La duda jurídica es si podría votar los acuerdos.

Vestida de blusa blanca y pantalón rojo, el color que la distingue como miembro del Partido Liberal, llegó al recinto de la Asamblea de Antioquia la diputada Ángela María Cano Vargas.

Era el día en que se inauguraban las sesiones extraordinarias que tienen como objeto debatir temas tan sensibles como la venta del 19,8 % de las acciones que la Gobernación de Antioquia tiene en la empresa de telecomunicaciones Edatel.

La presencia de Cano por los pasillos de la corporación, rodeada por un grupo de asesores y colaboradores, hubsría pasado inadvertida si no fuera por la medida de aseguramiento que el juez 27 penal municipal de Medellín dictó en su contra en diciembre pasado, luego de la que la Fiscalía le imputó cargos por concierto para delinquir, estafa agravada, gestión indebida de recursos y urbanización ilegal, denuncias que fueron publicadas con anterioridad por la revista SEMANA (Ver primer informe) (Ver segundo informe).  

En audiencias que se desarrollaron a puerta cerrada en diciembre pasado, el juez Hernán Ospina Rodríguez impartió legalidad a la captura de la diputada, pese a que sus abogados pidieron que se declarara nulo el procedimiento, argumentando que la Policía había filtrado indebidamente el video del momento en el que fue allanado el apartamento de Cano.

El juez entonces desestimó la petición de la defensa y avaló la detención preventiva, pero con el beneficio de casa por cárcel, para lo cual puso de presente los numerales 1 y 5 del artículo 314 del Código de Procedimiento Penal.

Pero aquí es donde viene la polémica. La diputada Cano solicitó poder seguir trabajando en la Asamblea, pues de allí es donde, según ella, se deriva todo su sustento. También declaró ser madre cabeza de hogar. El juez le concedió dicha petición, pero hizo la salvedad de que no tenía cómo verificar que Cano realmente hiciera las veces de padre y madre en el seno de su hogar.


 Foto: Cortesía Gobernación

“Debo advertir que no son padres cabezas de familia”, dijo, refiriéndose también a Carlos Andrés Moreno Roldán, el yerno de la diputada que, tras ser capturado, también arguyó ser el único responsable de su hogar.

El juez aseguró que no estaba claro que Cano estuviera separada de Gabriel Jaime Velásquez Rodríguez, dueño de la constructora DC Total, firma que está ligada a la investigación por la presunta estafa. “Dicen que es el excompañero. Eso no está acreditado. No sé si tendrá hijos con el señor. La madre cabeza de familia es la mujer abandonada por el esposo, la viuda o la separada que tiene que hacer las veces de mamá y papá. Pero existe el principio de la buena fe y yo no puedo ir a hacer una inspección judicial a ver si la ropa del señor está allá o si su no presencia en la casa es sólo por esta captura”, dijo el juez.

La presidenta de la Asamblea de Antioquia, Orfa Nelly Henao, quien a finales de año emitió un comunicado oficial solidarizándose con su colega por el momento personal que enfrentaba, le dijo a Semana.com este miércoles que la Asamblea acata la decisión del juez de permitirle a Cano laborar.

Ante la pregunta de por qué la corporación no se ha solidarizado con las 72 familias de bajos recursos que denunciaron a Cano por estafa, Henao respondió: “Si yo llego y les digo a las familias que me solidarizo con ellas, estaría diciendo que Ángela María Cano es culpable y que Ángela María Cano las estafó. Hoy no podemos condenarla”.

En la inauguración de las sesiones extraordinarias, la gobernadora encargada de Antioquia, Clara Luz Mejía Vélez, dijo que esperaba de todo corazón que tanto Cano como el también capturado diputado Jorge Hernández Quiñonez presentaran sus argumentos ante la justicia y que se les respetara la presunción de inocencia. “Reitero lo ya mencionado por nuestro gobernador (Sergio Fajardo), el no tener queja alguna de los señores diputados en cuanto al ejercicio de sus deberes”.

Pero la autorización con la que Cano seguirá asistiendo a Asamblea no está exenta de preguntas. El articulo 6 del acto legislativo 01 de 2009, por medio de la cual se modificó la Constitución Nacional, dice que los miembros de las corporaciones públicas de elección popular podrán ser reemplazados “en caso de condena penal o medida de aseguramiento”, entre otras eventualidades.

Mientras se zanja esa discusión, que es netamente jurídica, hay preocupación sobre si Cano puede votar los proyectos de ordenanza en las sesiones sin riesgo de que en el futuro alguien las demande. El diputado del Partido Verde Saúl Antonio Úsuga Giraldo dijo que el tema es más de índole ética y que en consecuencia Cano debería apartarse del ejercicio de su cargo. “Esto puede afectar la integridad de la corporación. Si la doctora Cano hoy toma una posición frente a una decisión, en el futuro ésta podría quedar nula”.

Cabe recordar que Ángela María Cano es diputada liberal. Adolfo León Palacio, su compañero de partido, reconoce que se trata de una situación compleja y que sería ingenuo no aceptar que el tema ha lesionado la imagen de la Asamblea. Palacio dice no conocer de investigaciones que se hayan adelantado desde la comisión ética del Partido Liberal, si se tiene en cuenta que las denuncias en contra de Cano no son nuevas. “El momento pertinente para haber hecho ese análisis fue cuando se otorgaron los avales, y eso no se hizo”, respondió.
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