LA DISTANCIA ENTRE LOS DOS...

COMO EN LA CANCION ranchera, la distancia entre Ernesto Samper y Humberto de la Calle es cada día más grande. Esto quedó totalmente claro en una carta algo desconcertante que el Vicepresidente y hoy embajador en España le envió al Presidente de la República la semana pasada. La misiva tenía por objeto expresar el apoyo de Humberto de la Calle a la interpretación jurídica según la cual el período del Fiscal debería tener una duración de cuatro 4 años. Pero tácitamente estaba denunciando un doble juego del gobierno en materia de apoyo a la permanencia de Alfonso Valdivieso en su cargo después de marzo. Y como el relevo o no relevo del Fiscal es el punto más neurálgico de la política colombiana en la actualidad, que el Vicepresidente de Colombia acuse al Presidente de una actitud ambivalente es un episodio político de la mayor trascendencia.
La carta desde Madrid sorprendió porque la posición del gobierno siempre ha sido la de respaldar a Valdivieso y la de evitar que le recorten su período. La Corte Suprema de Justicia lo eligió, puntualizando que la duración de éste debería limitarse al tiempo que le faltó a Gustavo de Greiff, quien tuvo que retirarse por cumplir 65 años. Esto significaría que Valdivieso tendría que ser reemplazado en marzo de 1996 por un nuevo fiscal ya que no podría ser reelegido.
Dentro de las múltiples demandas que se han presentado con motivo de la salida forzada de De Greiff, el Consejo de Estado ha dejado unas cosas claras. En primer lugar que De Greiff ha debido permanecer en su cargo por cuatro años y no haber sido retirado por razones de edad. En segundo lugar, que la elección de Valdivieso es legal aun cuando no fuera legal la salida de su antecesor, pues se actuó con base en el principio de la legalidad vigente.
Ahora sin embargo cursa un tercer pleito sobre la duración del período de Valdivieso que está por resolverse en estos días. El período recortado ha sido demandado y en los pleitos contra la Nación el gobierno es el representante de ésta. La posición oficial del Ministerio de Justicia ha sido la siguiente: "A nuestro juicio, el período por el cual fue elegido Alfonso Valdivieso como Fiscal General de la Nación debe ser por un término de cuatro años, de acuerdo con la interpretación sistemática, armónica y coherente de los artículos pertinentes de la Constitución Política". Más claro no canta un gallo, alega el gobierno. No tan claro, alega el Vicepresidente, quien considera que después de ese planteamiento oficial no se ha visto la presencia del Ministerio de Justicia en las diferentes etapas del proceso donde todos los interesados van a defender sus puntos de vista. En otras palabras, De la Calle le reprocha al gobierno una pasividad no accidental frente al caso.
Y este reclamo no se limita a la demanda ante el Consejo de Estado sino también a la denominada Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. Esta es una iniciativa del gobierno que fue aprovechada por el Congreso para introducirle el siguiente artículo: "En caso de falta absoluta del Fiscal antes de la terminación del período, quien sea designado en su reemplazo lo será para terminar el período". Para el bando de De la Calle lo anterior no es tanto un artículo como un mico de claro sabor antivaldiviesista. Para el Vicepresidente la indiferencia del gobierno frente a este artículo no es un hecho neutral. Al respecto afirma en su carta al jefe del Estado: "Me parece de la mayor importancia que el gobierno haga sentir su voz para que se declare la inconstitucionalidad del artículo que recorta el período del Fiscal".
El Presidente de la República ni siquiera le respondió personalmente a su subalterno. El Ministro de Justicia le contestó señalando que lo que él solicitaba era lo que el gobierno estaba haciendo desde el principio y en tono irónico manifestó que "Muchó me complace ilustrarlo en torno a la opinión y a las acciones que el Ministerio a mi cargo ha desarrollado alrededor de este asunto, con la seguridad que sus preocupaciones se disiparán por carecer de válido fundamento". La cosa no paró ahí. Un grupo numeroso de parlamentarios liberales solicitó la renuncia del Vicepresidente por irrespeto a su superior. Y como si todo esto fuera poco, la Procuraduría notificó que con base en una demanda se veía obligada a abrir una investigación por participación en política.
La verdad es que en este episodio todos los protagonistas tienen parte de razón. El gobierno sostiene que su posición siempre ha sido la de apoyar a la Fiscalía. Pero no menos razón tiene De la Calle al insinuar que el apoyo ha sido de dientes para afuera sin ningún interés real. Lo cierto es que la vida polìtica en la práctica requiere a veces de una cierta dosis de hipocresía. Y las dos relaciones más hipócritas en la política actual han sido las del Presidente con el Fiscal y las del Presidente con el Vicepresidente. Samper y Valdivieso se abrazan en público pero cada uno sabe en qué está el otro. La Fiscalía considera tan conspirador al gobierno como el gobierno a ésta. Pero como corresponde a caballeros, todo se ha manejado con mucha altura.
Lo mismo sucedía hasta la semana pasada entre Samper y De la Calle. Pero este último aparentemente decidió acabar con la comedia y prefirió el destape. Es absolutamente evidente que nadie puede dirigirse al Presidente en los términos que lo hizo su embajador en España sin anticipar las consecuencias. El verdadero propósito detrás de la carta de Humberto de la Calle no era tanto apoyar al Fiscal como distanciarse del gobierno. Con la diferencia que todos los que han hecho esto, se han sentido en la obligación de renunciar para recuperar su libertad de crítica. De la Calle como embajador ha sido nombrado y como Vicepresidente ha sido elegido, por lo tanto sabe que de este segundo cargo no es destituible, su cálculo es que es más fácil llegar a la Presidencia si no está asociado a la rosca de Ernesto Samper. Y ahora que todo el mundo está jugando póker político alrededor de lo que pueda suceder, el Vicepresidente decidió poner sus cartas sobre la mesa. El riesgo de su jugada es que tampoco está probado que en Colombia alguien pueda llegar a la presidencia convirtiéndose en el enemigo del primer mandatario de turno.