La disyuntiva de eliminar la Ley de Garantías

La semana de pascua será todo menos tranquila en el Capitolio. El anuncio del presidente Juan Manuel Santos sobre la derogación de la Ley de Garantías es lo primero en la agenda de los congresistas cuando aterricen de los días santos. El gobierno envió el proyecto con mensaje de urgencia porque quiere tumbarla antes de junio, cuando entraría en vigencia. Aunque la Casa de Nariño goza de mayorías cómodas para impulsar la iniciativa, el debate podría convertirse en un verdadero ‘viacrucis’ ante la opinión.

La Ley de Garantías Electorales se aprobó en 2005 en el contexto de la reelección del expresidente Álvaro Uribe, con el propósito de blindar las elecciones y garantizarle juego limpio a la oposición. Para compensar las inmensas ventajas que de entrada tenía el mandatario en ejercicio como candidato, se fijaron topes en los gastos de campaña, en el acceso a medios y se acordó, además, que cuatro meses antes de las elecciones quedaba prohibida la contratación directa y los convenios interadministrativos por parte de todos los entes del Estado. En ese entonces, en medio de un ambiente de opinión favorable al presidente Uribe, la legislación buscó mitigar un poco el desequilibrio en contra de los opositores.

Pero ahora que la figura de la reelección estaría a punto de desaparecer dentro del articulado de la reforma de reequilibrio de poderes, el gobierno cree que esas prohibiciones ya no son necesarias porque lo único que hace es congelar la gestión de alcaldes y gobernadores en su último año. “Si la reelección presidencial ya no es un tema de la agenda política, no tiene sentido mantener esas restricciones. Antes de Uribe los alcaldes y gobernadores celebraban sus convenios y nadie decía que eso afectaría los intereses electorales”, dijo el ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez. Eso fue lo que se discutió durante la cumbre de alcaldes en Cartagena hace unos días. Ante la reducción del 30 por ciento en las regalías, los mandatarios regionales le pidieron al presidente que al menos les diera más tiempo para ejecutar sus recursos.

Y el argumento principal del gobierno para hacerlo no es ni electoral, ni político: es económico. Con la caída en el precio del petróleo, la economía entró en desaceleración y las expectativas de este año están puestas en el gasto público. Si la Ley de Garantías entra en vigencia, las administraciones tendrían apenas dos meses para ejecutar sus recursos. Una maratón en donde los dirigentes aprueban contratos de afán porque el país entra en coma de junio a octubre, lo que acentuaría aún más la recesión. “El país no puede detenerse por cuenta de las elecciones y los colombianos deben confiar en sus organismos de control”, señaló la ministra consejera de Comunicaciones, Pilar Calderón. Para alcaldes como Carlos Eduardo Correa, de Montería, la propuesta del gobierno es viable y bienvenida. “Con o sin Ley de Garantías las irregularidades se presentan y es mejor tener más tiempo que tomar decisiones improvisadas”, le dijo a la revista. En su caso, recursos de la Nación para la inversión educativa terminaron llegándole tarde y, según él, dos meses es muy poco tiempo para alcanzar a ejecutar. Por eso aplaude la propuesta del presidente.

Sin embargo, el hecho de que el anuncio se diera justo dos meses antes de que se activara la ley para los comicios locales de octubre fue visto por los opositores como una movida oportunista del gobierno. Santos buscaría liberar las riendas del gasto de los actuales alcaldes y gobernadores con el fin de asegurar la victoria a los candidatos de la Unidad Nacional. “El argumento de la reelección es una baratija teórica porque estas normas son anteriores. Buena parte de lo que quieren los alcaldes y gobernadores es perpetuar a su combo”, dijo el senador del Polo Jorge Enrique Robledo. Otros vieron el anuncio como un plan B. “Como el presidente no les pudo cumplir a los alcaldes y gobernadores con la reelección inmediata, ahora les promete levantar la ley para que hagan campaña y pongan gente de su bolsillo con recursos públicos”, señaló la representante de Alianza Verde Angélica Lozano.

A la tarima de los críticos del anuncio presidencial también se subió el procurador, Alejandro Ordóñez quien, además de cuestionar la decisión, señaló que la razón de ser de esa ley es precisamente evitar el uso de recursos públicos para desequilibrar las garantías electorales. Incluso dijo que las fuerzas políticas no podían caer en esa trampa a la democracia y que la Procuraduría se irá hasta el Congreso si es necesario, para ‘encender las alarmas’ sobre lo que significa esa derogatoria.

De hecho, hasta el propio presidente del Congreso y copresidente del Partido de la U, José David Name, dijo que no es bueno tumbarla ni cambiar las reglas de juego a pocos meses de las urnas. Que la cabeza del Congreso le diga no a la propuesta ya es un mensaje negativo para el gobierno. Y lo es, entre otras cosas, porque significa que no toda La U está con el presidente y que la propuesta no tendrá la prioridad que se espera. Esta reacción no implica que el Ejecutivo enfrente una ‘rebelión’ de sus mayorías sino la confirmación de que, para los políticos que no controlan gobiernos locales, la caída de la Ley de Garantías favorece a quienes hoy detentan alcaldías y gobernaciones.

Además, en teoría, la reelección sigue vigente y no se puede dar por hecho que termine aprobada en el Congreso. Si bien tumbarla es una de las pocas medidas del reequilibrio de poderes que genera un amplio consenso, al proyecto todavía le quedan cuatro debates por delante y se podría embolatar. Pero más allá de la discusión entre si conviene o no eliminar la ley, la pregunta es cómo blindar las elecciones y proveer las garantías a los candidatos opositores en los niveles locales. Si no es con una ley ¿cómo garantizar el equilibrio e impedir el abuso del poder?

La verdad es que nadie puede dar completa garantía de que los recursos públicos se usen para lo que son en época electoral. Lo que no se puede negar, y esa ha sido la lectura de varios juristas, es que la ley fue expedida por algo. Por eso el gobierno solo busca eliminar una parte del artículo 38 –que habla sobre los convenios interadministrativos– y no todo el articulado. Puntos como los topes de campaña, la financiación estatal y el acceso a los medios –que mitigan el desequilibrio entre los candidatos de los mandatarios y los demás– se mantendrían intactos.

Y en todo caso existen otros mecanismos para blindar las elecciones. Confiar en los organismos de control, como propone el gobierno, es una salida insuficiente. Por algo la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, dijo en una entrevista que contratar más de 5 billones de pesos en más de 1.000 municipios y 32 gobernaciones genera suspicacias y desequilibrios que se les pueden salir de las manos a los entes de vigilancia.

Por más ojos abiertos, la transparencia electoral no se puede asegurar y por eso para la oposición tanto de izquierda como de derecha, sin ley no hay garantías. Mientras que para los alcaldes y gobernadores vigentes sería un alivio tener más tiempo para ejecutar en vez de gastar por gastar. De todas maneras, el Congreso tiene la última palabra y luego deberá pasar a control constitucional. Un proceso demorado en el que por más afán que tenga el presidente, primero tendrá que pasar por un largo camino de espinas.