La dura situación de los carreteros que no fueron censados

El pasado primero de enero entró en vigencia el decreto distrital 595 de 2013, el cual generó una crítica situación para 900 familias cuyo sustento depende de su labor como recicladores.

La administración Distrital creó un programa que consiste en la sustitución de los vehículos de tracción animal por automotores y el traspaso de los animales a entidades capacitadas para su buen cuidado.

Según el censo realizado por la Secretaría de Movilidad en convenio con la Universidad Distrital en 2010 –y actualizado en 2012- el número de carreteros en la ciudad era de 2890.

La realización del censo presentó varias dificultades. Una de ellas se refiere a la realización del censo como tal. Hubo problemas técnicos, de metodología y legales que finalmente fueron solucionados

Otra dificultad se encuentra en los resultados. Para Rosalba Rodriguez, vocera de un grupo de carreteros, estos datos no son correctos. “Hubo muchos compañeros que se quedaron por fuera del censo”.

Precisamente esta es parte de la información que la concejal María Clara Name puso a disposición de la Corte Constitucional. Name solicitó a los magistrados revisaran las cerca de 100 tutelas interpuestas por estas familias a quienes el Distrito no les ha dado solución alguna y pidió les den una nueva oportunidad para vincularse al programa de sustitución.

“Actualmente la situación de los carreteros es lamentable. Quienes no fueron incluidos en el último censo no tienen posibilidad de trabajar, por lo que no pueden sostenerse a si mismos ni a sus familias”, señala.

Para la cabildante, la Administración debe responsabilizarse por esta situación y debe tomar una decisión frente a la inclusión de las personas que no entraron en el censo. Se espera que la próxima semana la Corte falle acerca de la situación.

Crisis económica

Han pasado dos meses y medio desde que entró en vigencia el decreto que prohíbe la circulación de vehículos de tracción animal, tiempo durante el cual estas familias han estado completamente paralizadas, sin poder generar los recursos que necesitan para subsistir.

La solución a un problema de movilidad en la ciudad no solo creó un complejo problema para un sector de las familias que debían haberse beneficiado, también creó un problema de salud pública y de maltrato animal. “Desde la expedición del decreto varios animales se han enfermado. Ya llevamos cuatro caballos muertos recientemente”, dice la concejal Name.

A la crítica situación de estas familias se suma las multas a las que podrían verse expuestos. Quienes incumplan con la norma –conductores que sean sorprendidos circulando por la ciudad- serán multados con cuatro (4) salarios mínimos legales diarios vigentes.

Y no solo esto. Al ser dueños de los animales estas familias son responsables de su bienestar y manutención. Si por “falta de medios para la subsistencia los animales mueren, sufren inanición o enfermedad grave el propietario tenedor o poseedor culpable será castigado con arresto de seis (6) a doce (12) meses y multa igual a cinco veces el valor comercial de los animales.”

A pesar de la crítica situación de estas familias el gobierno distrital no se ha pronunciado al respecto. Tanto personas como animales se encuentran en un limbo jurídico que los deja en una posición vulnerable. Este es un grupo de ciudadanos que tiene una historia de alienación social evidente. Esta es tan solo una más de las múltiples ocasiones en donde los derechos de los carreteros han sido vulnerados.