Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

×

| 1/29/2011 12:00:00 AM

La emergencia según Santos

Los 37 decretos que expidió el gobierno de Juan Manuel Santos por el invierno introducen cambios significativos en la organización del Estado. ¿El Congreso estará de acuerdo? ¿La Corte Constitucional los avalará?

Un magistrado auxiliar que revisaba los decretos de emergencia firmados por el gobierno estaba impresionado por el alcance del paquete de reformas y por la tarea que se echó encima de los hombros el llamado zar de la reconstrucción, el banquero Jorge Londoño. "¿Viene a ser como el supermán del gobierno?", le preguntó un colega. "Sí. O la Juana de Arco -respondió él-. Juana al final terminó quemada".
 
Y es que el país no se ha dado cuenta de la importancia que pueden llegar a tener los decretos con fuerza de ley que firmó el presidente Juan Manuel Santos en poco más de un mes (entre el 17 de diciembre y el 21 de enero) para atender la tragedia provocada por el invierno. En la historia reciente no se tiene memoria de un gobierno que haya utilizado una declaración de emergencia para hacer cambios de tan hondo calado como este.
 
Hasta hace poco, las figuras de excepción no eran bien recordadas en Colombia. El país vivió por mucho tiempo en lo que se conocía como estado de sitio, que consistía en que el presidente de turno tomaba para sí el poder y podía pasar, incluso, por encima de la Constitución. Entre 1970 y 1991, por ejemplo, Colombia vivió 17 de esos 21 años bajo esa figura. Y por eso la Carta Política les puso tatequieto a los estados de excepción, que ahora solo se pueden invocar en muy contadas ocasiones para que el Presidente profiera leyes urgentes sin pasar por el Congreso.
 
El presidente Uribe, por ejemplo, la invocó para crisis como las de la justicia, la salud, y la pirámide de DMG, así como al principio de su gobierno, cuando aprovechó para hacer el estatuto antiterrorista, y al final del mismo, por la crisis en la frontera. Varios de estos estados de excepción se cayeron en la Corte Constitucional.

Pero esta vez las cosas son diferentes. El sábado de la semana pasada, Santos anunció que su gobierno ya había completado el paquete de decretos de emergencia. Y al hacer una lectura juiciosa de ellos es claro que no se trata de una aventura dictatorial, como los de antes, ni tampoco pretende resolver un asunto puntual, como los más recientes.

A diferencia de otros estados de excepción, el presidente Juan Manuel Santos y su gabinete están convencidos de que con este se puede cambiar la historia. En la entrevista que dio a Patricia Lara a comienzos de año en El Espectador, el mandatario dejó entrever cuál es su referente: "¿Sabe que, coincidencialmente, durante el gobierno de Roosevelt también hubo una gran inundación en Mississippi? -decía Santos-. Este libro cuenta cómo él vio en ella una oportunidad para reconstruir el país… Creó el Tennessee Valley Authority y con eso hizo maravillas…".

Ese, precisamente, es el corazón de los decretos: crear una agencia con el nombre de Fondo de Adaptación, que en teoría depende del Ministerio de Hacienda, pero en la práctica tiene más plata y más dientes que casi todos los demás ministerios. Se calcula que tendrá un presupuesto de entre quince y dieciocho billones de pesos, un monto que a duras penas iguala uno de los ministerios más poderosos del país como es el de Defensa.

Como si fuera poca esa novedad, el fondo se rige por las normas del derecho privado, es decir, no tiene que hacer licitaciones, ni concursos de méritos, y va a administrar los recursos a través de patrimonio autónomo. Y depende enteramente del Ejecutivo -es dirigido por Jorge Londoño y en la junta directiva están el Presidente, cinco ministros y cuatro dirigentes de la empresa privada-.

Darle tanto poder a una agencia como esta en la que participa el sector privado y no tiene ninguna injerencia el Congreso, por lo menos suscitaría una polémica académica. Pero en este momento, cuando el país está feliz con el gobierno y el Congreso aún no logra salir de su crisis de legitimidad, muchos consideran que esa es la única manera de lograr que la locomotora avance con la eficiencia que exige la emergencia.

Las funciones del Fondo son también de gran envergadura. Una de ellas es "construcción de todo tipo de infraestructura, de telecomunicaciones, de medio ambiente, de servicios públicos, de vivienda, de educación, de salud, de acueductos". Obviamente, el decreto hace énfasis en que el Fondo operará en todo lo que se requiera con ocasión del fenómeno de La Niña, sin embargo, bajo ese paraguas queda con licencia para reconstruir medio país, pues en los considerandos de los decretos son 711 municipios los afectados y 737 vías averiadas.

Y ese, el del Fondo, es apenas uno de los 37 decretos. En los demás hay todo tipo de reformas igualmente ambiciosas. Está, por ejemplo, la creación de proyectos integrales de desarrollo para construir megasoluciones de vivienda, para los cuales se puede modificar incluso el uso del suelo. Sin duda, una ley muy útil para llegar a la meta de un millón de viviendas que se fijó el gobierno.

Hay también una reforma laboral, llamada 'empleo de emergencia', por la cual se puede contratar temporales sin el pago de los polémicos parafiscales que, como se recordará, fue tema de la pasada campaña electoral. El entonces vicepresidente electo, Angelino Garzón, llegó a decir que no se iban a tocar.

En otro decreto le meten el diente a la Dirección Nacional de Estupefacientes y el Presidente le da permiso para acabar de un tajo la asignación de depósitos a terceros y para tomarse los bienes y hacer uso de aquellos que están en proceso de extinción de dominio.

Y en materia económica el paquete es jugoso. Podría decirse que durante los ocho años del gobierno de Álvaro Uribe no se alcanzaron a recoger tantos recursos como los que ordenan estos decretos: se vende el 10 por ciento de Ecopetrol, se cobra un nuevo impuesto al patrimonio aumentando la base y subiendo la tarifa, se extiende el impuesto a las transacciones bancarias, se redistribuyen los recursos del fondo de regalías, se toman otras medidas tributarias y alivios en las zonas francas.

Uno de los decretos que más han sonado es el que reduce la cantidad de las desprestigiadas corporaciones autónomas regionales (CAR), que han quedado en deuda en su tarea de ser autoridad ambiental, pero lo que se ha dicho menos es que en ellas tendrá ahora más poder el gobierno nacional, pues será el Presidente el encargado de nombrar directamente a sus directores.

En los decretos, además, aparecen figuras poco habituales como la expropiación de predios con indemnización, la suspensión de concesiones de obras viales que se vean afectadas por el invierno, el control en terreno de los contratos por parte de la Contraloría y la exención de pago de servicios públicos para los más afectados.

"¿Hasta qué punto se utilizan las medidas de emergencia para hacer otro Plan de Desarrollo?", se pregunta un constitucionalista experto. Y desde la Casa de Nariño responden: "Sí, eso suma para las metas del plan de desarrollo. Pero francamente no es el espíritu con que se diseñaron las normas".

A nadie le cabe duda de la necesidad de haber decretado la emergencia. Y nadie tampoco se puede quejar de que el gobierno sea ambicioso en su propuesta para hacer de la tragedia del invierno una gran oportunidad para dar un salto al desarrollo. En las próximas semanas los decretos serán objeto de estudio en el Congreso, en donde eventualmente convoquen a debates para discutir algunos temas puntuales, y en la Corte Constitucional. El alto tribunal analizará si las medidas que se están tomando con estos decretos están dirigidas específicamente a amortiguar los efectos de la crisis invernal o si van más allá de ella.
¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 1839

PORTADA

Odebrecht: ¡Crecen los tentáculos!

Las nuevas revelaciones del escándalo sacuden al Congreso y al director de la ANI. Con la nueva situación cambia el ajedrez político al comenzar la campaña electoral.