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| 11/27/2010 12:00:00 AM

La encrucijada de su vida

La crisis del asilo de la ex directora del DAS les salió mal a Panamá, a Colombia y, sobre todo, al ex presidente Uribe.

Tenía razón el ex presidente Álvaro Uribe cuando creía que un tercer periodo lo protegería de posibles enredos políticos y jurídicos. No hay duda de que el costo de haber perdido la segunda reelección ha sido enorme para él. Paradójicamente, fue justamente por todas las piruetas que su gobierno tuvo que hacer en el intento de esa segunda reelección que se encuentra en la incómoda encrucijada en que está hoy: con el mundo entero cayéndole encima.

La polémica que se ha desatado alrededor del asilo de la ex directora del DAS María del Pilar Hurtado ha tenido consecuencias más allá de lo que se hubiera podido anticipar. Por cuenta de este quedó mal Panamá, quedó mal Colombia y quedó mal Uribe. El comunicado firmado por el ex mandatario confirmó la sospecha de que la concesión del asilo a la doctora Hurtado contó con su participación. Para la mayoría de los juristas, ese asilo no tiene ni pies ni cabeza. SEMANA pudo averiguar que Uribe habló con el presidente de ese país, Ricardo Martinelli, con quien tiene una estrecha amistad, no solo sobre la protección de Hurtado, sino de otros cinco ex funcionarios de su gobierno, incluidos el ex ministro Sabas Pretelt y el ex asesor José Obdulio Gaviria, sobre los cuales aún no se ha pronunciado la Cancillería panameña.

Se trataría simplemente de un mecanismo para evadir la justicia en un caso que solo le competiría al derecho penal nacional. El episodio se ha convertido en un escándalo internacional con múltiples ramificaciones. En el vecino país, la oposición está indignada y hay manifestaciones estudiantiles en las calles. En Colombia, el presidente Santos tuvo que controvertir a su antecesor para dejar claro que en el país la justicia sí existe. Por su parte, el Procurador, en carta dirigida a Uribe, lo regaña por lo mismo en términos casi irrespetuosos.

Álvaro Uribe seguramente no había tenido una semana tan dura en muchos años. Según una encuesta de CM&, el 65 por ciento de la opinión pública está en contra del asilo de la doctora Hurtado en Panamá, y obviamente esa opinión negativa repercute en él. Fuera del vendaval de críticas de que ha sido objeto, media docena de altos funcionarios de su gobierno están al borde de la cárcel. Para él, se trata de una persecución política en la que no solo no hay garantías de justicia imparcial, sino que está en peligro la vida de los involucrados. Para estos últimos, el escándalo causado por el asilo de María del Pilar Hurtado es un balde de agua fría, porque seguramente ningún país les va a otorgar asilo a los otros funcionarios uribistas que están en la antesala de procesos penales.

¿Cuánta razón tienen Uribe y su gente en sentirse las víctimas de una justicia politizada? La respuesta no es fácil. El argumento de que no existen garantías es debatible y el de que la vida de los acusados está en peligro es absurdo. Afirmar que puede haber un plan para atentar contra María del Pilar Hurtado, Sabas Pretelt, Andrés Peñate, César Mauricio Velásquez o Jorge Mario Eastman suena bastante improbable. Por lo tanto, el verdadero debate gira alrededor de qué tan neutral puede ser la aplicación de la justicia por parte de la rama judicial cuando estos procesos vienen antecedidos de un choque de trenes entre esta y el Poder Ejecutivo.

Guerra entre el ex presidente y la Corte Suprema de Justicia definitivamente sí había y la animadversión era recíproca. Algunos sectores de la Corte odian tanto a Álvaro Uribe como este a ellos. La campaña de espionaje y desprestigio que montó el DAS contra la Corte llevó a los magistrados a tener entre ojos a varios altos funcionarios del gobierno. Y la intención de encontrarle el quiebre a la contraparte era igual en los dos lados. De esta animadversión hay indicios en una de las conversaciones privadas grabadas por 'la Mata Hari', en la que el magistrado Yesid Ramírez les habría dicho a sus compañeros que él estaba seguro de que detrás de las amenazas de muerte en su contra estaba el presidente Uribe. En medio de esa pugnacidad, al anterior gobierno le interesaba demostrar que la Corte era prevaricadora y a la Corte le interesaba demostrar que el gobierno era perseguidor. Es por eso que Uribe y su gente no creen que puedan ser objeto de un juicio justo por parte de esa Corte, sobre todo si se tiene en cuenta que es la única instancia y no hay apelación posible.

La frase de la semana sobre el asilo otorgado por el gobierno panameño corrió por cuenta de Jaime Arrubla, presidente (e) de la Corte Suprema de Justicia. Este manifestó que el asilo político es una figura del derecho internacional "para proteger a los perseguidos por delitos de opinión y no a los perseguidores". A pesar de la agudeza de este comentario, deja entrever que, a su juicio, la Corte se considera víctima y ve a María del Pilar Hurtado como la victimaria. Si eso es lo que siente Arrubla, los uribistas investigados se preguntan si una víctima puede ser el juez de su verdugo.

Para situaciones como esta existe el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, que obliga a cualquier funcionario judicial a retirarse de un proceso en el cual tiene intereses o posiciones predeterminadas. Todos los magistrados que hayan tenido algún rifirrafe con el ex presidente tendrían por lo tanto que declararse impedidos. Pero para ese impedimento existe la instancia de los conjueces, cuya independencia garantizaría un juicio justo. Para Uribe seguramente subsistirá la duda de si los otros serían efectivamente neutrales o tendrían solidaridad de cuerpo con sus colegas.

Aun si en aras de discusión se acepta la hipótesis uribista como válida, se está creando una confusión. Consiste en meter en el mismo costal a la Corte Suprema y a la Fiscalía. De la primera, que es el juez en última instancia, se podría aducir que en el telón de fondo de esta discusión hay un choque de trenes. De la Fiscalía no se puede decir nada parecido. Este organismo no ha tenido problemas con Uribe y es neutral en ese pleito. Su función es investigar y acusar, y los resultados de su trabajo a la fecha enredan en forma muy comprometedora a varios funcionarios del pasado gobierno. Ese es el caso de María del Pilar Hurtado, quien hasta ahora solamente ha sido acusada por la Fiscalía, pero su proceso no ha llegado a la Corte. Por eso es que el asilo de ella en Panamá ha sido considerado por varios analistas como un exabrupto.

El ex presidente siempre ha manifestado que "nadie puede afirmar que él ha dado instrucciones ilegales en público o en privado". Seguramente parte de la base de que cualquier orientación que haya provenido de su despacho no fue expresada de forma ilegal. En otras palabras, él no le diría a Bernardo Moreno o a la directora del DAS "chucen ilegalmente a tal persona". El lenguaje más bien sería "averígüeme en qué anda tal persona". Es por lo tanto en la carpintería de la ejecución de la orden presidencial en la que se cometieron los actos ilegales que hoy investiga la justicia.

En donde el ex presidente puede haber caído en un error es en confundir la oposición ilegal contra el Estado con la oposición legal contra su gobierno. Una cosa es interceptar las comunicaciones del 'Mono Jojoy' para saber qué población piensa atacar y otra es interceptar las de Daniel Coronell para ver qué va a escribir sobre las zonas francas. En teoría, los organismos de inteligencia deben ser utilizados para hacerles seguimientos a los primeros pero no a los segundos. Esa confusión es un síndrome común en los presidentes, quienes frecuentemente llegan a identificar su persona con el Estado. Álvaro Uribe no ha sido el único en ser víctima de este síndrome, pues las 'chuzadas' a la oposición y a los periodistas no fueron inventadas por su gobierno. Pero si bien no fue el primero en recurrir a estos métodos, es indudable que en su aplicación fue mucho más allá que cualquiera de sus antecesores. En la época de Jorge Noguera, el DAS fue puesto al servicio del paramilitarismo. Y en las etapas posteriores, no se limitó a interceptar, sino que llegó a acosar y a fabricar información falsa para desacreditar a la oposición, incluidos magistrados.

Desde el ángulo de los funcionarios acusados, ellos no consideraban que estuvieran haciendo nada ilegal. Para un mando medio, el solo hecho de estar siguiendo instrucciones presidenciales le da un manto de legalidad a cualquier actividad. Por otra parte, parece ser que sentían que no estaban haciendo nada muy diferente de lo que se ha hecho en el pasado. En el caso de Sabas Pretelt, él no solo creía que haber manejado a los Teodolindos para asegurar la reelección era su responsabilidad, sino que pensaba que haber obtenido esa mayoría lo hacía merecedor del guiño de Uribe para ser su sucesor. Ahora Sabas, después de la sanción de la Procuraduría, se encuentra bajo la espada de Damocles de un posible proceso penal que podría desembocar en ocho años de condena carcelaria si se le da un tratamiento simétrico al que se le dio a Teodolindo por el cohecho en que, según la justicia, habrían participado los dos.

El ex ministro Diego Palacio y otros funcionarios estarían involucrados en problemas similares por el otorgamiento de puestos, dádivas y notarías, que, en otras circunstancias, habría sido solamente considerado clientelismo tradicional. Igualmente, los que están acusados de espionaje creen que lo que hicieron encajaba dentro de las funciones de los servicios de inteligencia de cualquier país y no entienden la dimensión del escándalo ni la situación jurídica en que se encuentran.

Teniendo en cuenta que todos esos raciocinios tienen alguna lógica, ¿cómo se explica la dimensión del escándalo que se ha armado? Hay dos elementos que diferencian lo que sucedió en el gobierno de Álvaro Uribe de lo que sucedía en el pasado. En primer lugar, todos esos puestos, esas notarías y esas otras dádivas, que históricamente han sido rutinarios para aceitar el Congreso y obtener la aprobación de leyes, dejan de ser rutinarios cuando se trata de una reforma constitucional con nombre propio para asegurar la reelección del Presidente en ejercicio. Y en segundo lugar, porque entre los blancos de la persecución política no se encontraban los periodistas y la oposición política, sino la Corte Suprema de Justicia, lo cual significó meter el mundo de la inteligencia en terrenos vedados y sagrados.

El ex presidente Uribe y sus subalternos acusados justifican lo anterior con el argumento de que el espionaje a la Corte obedecía a la sospecha de que esta estaba infiltrada por el narcotráfico por el caso de Ascencio Reyes. Esta coartada puede ser presentable, pero la verdad es que el desarrollo de la investigación que de ahí se derivó fue mucho más allá. Magistrados que no tenían nada que ver con el caso fueron igualmente husmeados y hubo seguimiento y acoso que no podían tener ninguna relación con una posible infiltración del narcotráfico. También se buscó por todo lado información comprometedora contra la Corte y se hicieron montajes y campañas de desprestigio.

Todo lo anterior genera un problema de marca mayor para el ex presidente y para el establecimiento político colombiano. Para Álvaro Uribe, porque las personas que van a ser condenadas a penas de cárcel por cuenta de actividades llevadas a cabo durante su gobierno van a poder recibir beneficios si colaboran con la justicia. Y colaborar con la justicia cuando uno es Sabas Pretelt, Bernardo Moreno, Diego Palacio y otros es simplemente decir que el ex presidente estaba enterado de lo que estaban haciendo.

Esa declaración no es fácil para esos funcionarios, pues todos adoran al ex presidente y seguramente creen que siempre actuó de buena fe y protegiendo lo que él mismo denominaba "los superiores intereses de la patria". Sin embargo, cuando alguien se expone a una condena de 10 o más años y la puede reducir a la mitad aclarando que simplemente estaba cumpliendo directrices de la Casa de Nariño, es difícil quedarse callado. Sobre todo si lo que se afirma corresponde a una realidad y no a una mentira. Un ejemplo de esto ya se vio en los casos de los jefes de inteligencia y contrainteligencia del DAS Fernando Tabares y Jorge Lagos, quienes redujeron sus condenas de 16 años a ocho por colaborar con la justicia, al manifestar que habían llegado a la conclusión de que el espionaje que se estaba llevando a cabo contra la Corte tenía como objetivo desacreditarla. Cuando alguien se acerca a los 60 años, 16 de cárcel suenan como cadena perpetua. Así como todos los involucrados en las 'chuzadas' señalaron a María del Pilar Hurtado como la coordinadora de esa estrategia, todos los de rango más alto que van a ser juzgados de ahora en adelante tendrán el dilema de vincular o no a Uribe para rebajar sus penas.

Si los subalternos del ex presidente llegan a señalarlo, podrían dejarlo a él y al país en la inmanejable situación de un popularísimo jefe de Estado acusado de haber quebrantado la legalidad durante su gobierno. Los presidentes solo pueden ser juzgados por el Congreso, y a nadie se le ha pasado por la imaginación que Álvaro Uribe vaya a ser condenado por las actividades del DAS o por el otorgamiento de una notaría.

Igualmente, suena exótico pensar que personas decentes que creían estar prestándole un servicio a la patria, como Sabas Pretelt, Diego Palacio y Andrés Peñate, puedan acabar efectivamente detrás de las rejas. Pero como van las cosas, ninguno de estos desenlaces es imposible, y teniendo en cuenta que ya están en la cárcel personas como Mario Aranguren, Fernando Tabares, Jorge Lagos y algunos detectives de menor rango que simplemente operaban las máquinas, no se ve cómo puedan desligarse sus acciones de las de sus superiores. Pocas veces el establecimiento colombiano se había encontrado en una encrucijada tan sin salida.
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