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| 3/7/2013 2:00:00 PM

La esposa de Iván Moreno

La Fiscalía le imputará el delito de concusión. Nueva pieza en el carrusel de la contratación de Bogotá.

El carrusel de la contratación de Bogotá sigue dando vueltas a gran velocidad. La semana pasada un juez tomó una de las decisiones más trascendentales: aceptó el principio de oportunidad que la Fiscalía le dio al contratista Emilio Tapia por el delito de peculado. Y con ese aval en la mano, ya en el búnker pueden comenzar a utilizar, para fines jurídicos, toda la información que Tapia les ha dado sobre los protagonistas del desfalco de la capital.

De hecho, el primer interrogatorio oficial que dio Tapia duró nueve horas y se dedicó al tema del contrato de las ambulancias, que dio una estrambótica utilidad de 20.000 millones de pesos a los implicados. De allí, la Fiscalía recogió las pruebas para imputar cargos al primer concejal enredado formalmente en el carrusel, Hipólito Moreno, y al exsecretario de Salud Héctor Zambrano.

Se espera, entonces, que en la medida en que el contratista siga rindiendo interrogatorio oficial se produzcan en los próximos días más imputaciones.

Esta semana el turno de pasar al estrado en el escándalo del cartel de la contratación es para Lucy Luna, la esposa del exsenador Iván Moreno Rojas. El caso por el cual la Fiscalía le imputa cargos es relativamente conocido: el de las dos áreas que Iván Moreno habría exigido a los primos Nule que le dieran a su esposa en la autopista Bogotá-Girardot para instalar unas estaciones de servicio de combustibles o tiendas. Una de ellas era en Chinauta y otra en Melgar.

El caso se había hecho público hace dos años y no tiene que ver con las revelaciones de Tapia sino con el juicio que le sigue la Corte Suprema al senador Moreno. 

Hasta ahora, la esposa del congresista no había sido llamada por la justicia. La Fiscalía le va a imputar el delito de concusión. Es decir, porque habrían amenazado a los Nule para que les dieran esas áreas o de otra manera se afectarían las relaciones de estos con el Distrito de Bogotá, que para ese momento les había dado los dos contratos de mantenimiento de malla vial por 187.000 millones de pesos.

Entre las pruebas que trasladó la Corte Suprema a la Fiscalía están tres reuniones que sostuvo Iván Moreno con uno de los primos Nule en las que se habló del tema (una en el apartamento de Álvaro Dávila, otra en la casa paterna de Iván Moreno y una más en Miami). Entre los testigos están los Nule; Francisco Gnecco, gerente general de la concesión, quien contó los detalles de la reunión con el senador y de dos visitas de Lucy de Moreno a las oficinas de la concesión. Hasta el conductor de Miguel Nule, José Darío Simancas, sirvió de testigo de una de las visitas de la señora a la concesión.

Asimismo, la Corte también le concedió validez a un correo electrónico enviado por Álvaro Dávila a Miguel Nule el 15 de marzo de 2009, con el asunto de K estaciones de servicio, y en el cual le envió un modelo de contrato para usufructuar esas áreas de libre disposición. Ese contrato luego sería rellenado con los nombres en los cuales estaba interesado Iván Moreno.

Algunas de las pruebas fueron ratificadas por distintas personas, como la asistente de Miguel Nule, Lorena Suárez, que dijo haber recibido en tres ocasiones a Lucy de Moreno entre abril y agosto de 2009 y el representante legal de una de las firmas del consorcio, que confirmó que Miguel Nule le solicitó ceder esas dos áreas por esas fechas. Incluso uno de los socios de la concesión de la autopista Bogotá-Girardot, Carlos Guillermo Collins, le dijo a la Corte Suprema que escuchó a Miguel Nule pedir en reunión de Junta Directiva la entrega de las áreas a Iván Moreno para instalar estaciones de servicio, aduciendo la relación que él tenía en los contratos de la calle 26 y otros de la Alcaldía de Bogotá. Otros tres socios, sin embargo, no recuerdan ese detalle.

Las dos áreas, finalmente, nunca se las entregaron a la señora de Moreno porque, pese a las peticiones que hizo Miguel Nule, la Junta Directiva se negó porque no reportaban ningún beneficio económico para la firma. 

Con Lucy Luna ya son tres los miembros de la familia Moreno Rojas que están en el banquillo de los acusados por el carrusel de la contratación. Si la Fiscalía logra convencer a un juez con las pruebas que la Corte Suprema recolectó, el delito puede darle mínimo seis años de cárcel.
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