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| 6/16/2012 12:00:00 AM

¿La estocada del alcalde Petro?

La decisión de Gustavo Petro de no prestar la Santamaría para espectáculos taurinos en los que muera el toro generará demandas y debates que terminarán en los más altos tribunales y en el Congreso de la República.

Apenas habían transcurrido dos semanas de su posesión como alcalde de Bogotá, cuando en enero pasado Gustavo Petro decidió no hacer uso del palco que la Alcaldía tiene en la Santamaría. Ese gesto constituyó el punto de partida de una de sus principales banderas de gobierno. El tema, secundario para la mayoría de los habitantes de la ciudad, es un asunto de honor para él: "Petro quiere pasar a la historia como el primer alcalde en Colombia en no permitir que el toro muera en el ruedo", le dijo a SEMANA un asesor del alcalde.

Petro ha ido paso a paso en su propósito. Primero, suspendió el patrocinio de la ETB a la temporada. Luego, determinó que la Santamaría solo albergaría espectáculos que giren "en torno a la vida y no alrededor de la muerte". Y finalmente, el pasado viernes, se acogió al Código Civil para revocar el contrato de arrendamiento que tenía el IDRD con la Corporación Taurina de Bogotá hasta 2015. "Es un contrato entre el mandante, que es el Distrito, y un mandatario (la Corporación), para hacer un mandato (dar corridas). Como el mandante dijo que las corridas dejarán de tener actos de crueldad, incluida la muerte del toro, y el mandatario no hizo caso, pues habrá un cambio", explicó.

Esta decisión significa que en la plaza de toros de Santamaría no podrá haber corridas de toros en las que se hiera o se mate al toro de lidia, pese a que dos leyes de la república y una reciente sentencia de la Corte Constitucional (la C-666 de 2010) las permite en su integridad (o sea, con la práctica de la pica, las banderillas y la utilización del estoque) al señalar que los toros (al igual que el coleo, las corralejas y las riñas de gallos) "son expresiones humanas culturales", las cuales condiciona a que en el futuro (la Corte no señala término para ello) "se eliminen o morigeren las conductas especialmente crueles contra los animales".

La sentencia enfrenta dos deberes constitucionales. De un lado, la protección de la fauna, y por el otro, el respeto a la diversidad cultural. La Corte decidió armonizarlos al permitir las corridas, pero al mismo tiempo desestimular su práctica de diversas formas, entre ellas solicitar a las autoridades municipales "no fomentarlas".

La interpretación de Petro a esta sentencia es que si en la Santamaría se matan los toros significaría que él, como autoridad, estaría fomentando el maltrato animal. Por eso le advirtió a la Corporación Taurina de Bogotá que mantendría el contrato si en las corridas no se sacrificaba a los toros.

Felipe Negret, gerente de la Corporación, dice que el alcalde "pidió un imposible", porque la Ley 916 de 2004 que, entre otras, Petro votó a favor cuando era representante a la Cámara, reglamenta el espectáculo y señala que la muerte del toro "es parte integrante del ritual del espectáculo". La misma ley señala que es el alcalde el obligado a velar por su cumplimiento.

En consecuencia, solo el Congreso puede reformar esa ley, o, más exactamente, la muerte del toro en las corridas. Así lo afirma el expresidente de la Corte Constitucional Manuel José Cepeda: "No es posible afirmar que en virtud de la Sentencia C-666 de 2010 esté prohibido dar muerte al toro. Tampoco es posible sostener que las autoridades administrativas pueden prohibir lo que el legislador ha permitido".

En los ocho países del mundo donde existe la tradición taurina no hay casos recientes en que una autoridad, a título individual, haya suprimido la muerte del animal en el ruedo como lo intenta Petro. Cuando esto ha sucedido (Barcelona y Quito), la decisión ha sido tomada después de amplios debates en los parlamentos o a través de consultas populares. Petro quiere pasar a la historia y su decisión, antes que una estocada, es apenas el primer tercio de la que promete ser una larga y apasionante faena.
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