La eterna lucha contra las drogas

Resulta difícil encontrar un año en que la lucha contra el narcotráfico haya sido más contundente en todos los eslabones del negocio. La Policía fumigó sin tregua miles y miles de hectáreas; los militares han destruido decenas de laboratorios clandestinos de pasta de coca en las selvas más recónditas y han hecho historia por la cantidad de cocaína que ha incautado en alta mar. Si antes los decomisos de cocaína eran en kilos, hoy son en toneladas. Y cayeron miles de delincuentes enredados en el tráfico de alcaloides. Peces chicos y peces grandes como Arcángel Henao y Hernando Gómez Bustamante, alias 'Rasguño'. Dijin y Fiscalía allanaron y ocuparon cientos de propiedades de narcotraficantes y realizaron 'jornadas masivas de extradiciones'. No hubo intocables. Y el lavado tuvo su castigo: además de las operaciones Conquista y Resplandor, entre otras, los estadounidenses pusieron multas ejemplarizantes a los colombianos que hicieron transacciones comerciales legales con dólares negros.

No es extraño que el presidente George W. Bush elogiara al gobierno colombiano en su más reciente visita. "Uribe es amigo de Estados Unidos", dijo el mandatario norteamericano y sostuvo que va a pedir el respaldo del Congreso para extender la ayuda económica más allá de 2005, que es cuando termina el Plan Colombia.

Son los 3.300 millones de dólares de ayuda norteamericana al país los que en gran parte han financiado y empujado la ofensiva contra las drogas. Por presión estadounidense se reformó el sistema de justicia, se construyeron más cárceles y se utilizó, como nunca antes, el arma de la extradición: fueron enviadas a responder ante la justicia de Estados Unidos 80 personas acusadas de narcotráfico y lavado de activos. Entre ellas, la del más grande capo jamás extraditado, Gilberto Rodríguez Orejuela.

No existe 'tratado de extradición'

La extradición del ex jefe del cartel de Cali ha dado mucho de qué hablar. Primero, porque el manejo de las relaciones con Estados Unidos en la coyuntura actual, exigía su envío para ser juzgado bajo las leyes norteamericanas. El único lujo que no se podía permitir el presidente Álvaro Uribe era negar la extradición de una figura clave para el gobierno estadounidense como la de Rodríguez Orejuela.

Y segundo, por el incidente suscitado por el fiscal del Distrito Sur de la Florida, Marco Daniel Jiménez, quien declaró que Rodríguez Orejuela sería juzgado por hechos ocurridos antes de diciembre de 1997 y que de ser encontrado culpable, sería condenado a cadena perpetua. Lo único que demuestra esta afirmación es la falta de claridad en el manejo de la extradición por la justicia norteamericana o hasta dónde están presionando con este instrumento. "Si el Estado que requiere no cumple las condiciones que la propia Corte diga y el gobierno colombiano no las hace respetar, se estaría incumpliendo un compromiso desde el punto de vista jurídico y político", sostuvo Herman Galán, presidente de la sala penal del máximo Tribunal.

Pero no sólo hay confusión sobre la extradición en Estados Unidos; en Colombia muchos desconocen la legislación vigente en la materia. Desde que este mecanismo se restableció en Colombia, hace siete años, no existe ningún tratado bilateral con Estados Unidos. Los 300 colombianos que han sido extraditados desde 1997 hasta hoy para ser juzgados en cortes norteamericanas fueron entregados con base en las normas del Código de Procedimiento Penal y la Constitución Nacional. Es decir, lo que existe son unas condiciones jurídicas y un compromiso de la justicia norteamericana de acatarlas.

Por eso, las declaraciones del fiscal norteamericano sorprendieron al gobierno colombiano, que envió una nota diplomática al secretario de Estado, Colin Powell, en la que puntualiza que "la extradición se hizo bajo el entendido que la persona solicitada no sería juzgada por un hecho anterior diverso del que motivó la extradición, ni sometida a sanciones distintas de las que se le hubieren impuesto en la condena".

En palabras sencillas esto quiere decir que el gobierno colombiano le pidió al de Estados Unidos que cumpla las condiciones que fueron aceptadas cuando autorizaron la extradición de Gilberto Rodríguez Orejuela: no puede ser condenado a pena de muerte o cadena perpetua y no se puede juzgar sobre penas anteriores a 1997, año en que Colombia restableció la extradición.

Según conoció SEMANA, la polémica no para ahí. Los magistrados de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia estarán pendientes del inicio del juicio contra Gilberto Rodríguez el próximo 27 de diciembre, cuando se sabrá si la justicia norteamericana va a cumplir con las normas que rigen la extradición con Colombia y los delitos por los cuales será juzgado. Si esto no se cumple, la Corte podría pensarlo dos veces antes de aprobar las próximas extradiciones, incluida la de Miguel Rodríguez Orejuela, la cual quedó pendiente hasta enero próximo.

Pero no sólo fue la entrega del ex jefe del cartel de Cali a la justicia estadounidense lo que puso de nuevo el tema de la extradición sobre el tapete. La Corte dio luz verde a la extradición de Salvatore Mancuso y Simón Trinidad. El primero está protegido, por ahora, por un proceso de desmovilización que adelanta el gobierno con los paramilitares. El Ministerio del Interior expidió una resolución en la que le advierte a Mancuso que, si quiere evitar ser extraditado, debe abandonar todas las actividades ilícitas y cumplir con los requerimientos del proceso de paz. El futuro de Trinidad, por el contrario, parece estar más claro. El presidente Álvaro Uribe firmó una resolución que autoriza la extradición de Simón Trinidad a Estados Unidos. La decisión sería revocada si las Farc liberan a los secuestrados que tienen en su poder antes del 31 de diciembre. Algo poco probable.

Con el paso de los años y la experiencia de los colombianos que han sido juzgados bajo las leyes norteamericanas, la extradición ha perdido mucha de su fuerza intimidatoria. Así suene contradictorio, la mayoría de los 130 extraditables que esperan en la cárcel de Combita en Boyacá quieren que se les juzgue en Estados Unidos. "Los colombianos logran, en la mayoría de los casos, una rebaja de pena mayor que la pudieran haber obtenido en Colombia, le dijo a SEMANA Horacio Luna, abogado colombiano defensor de algunos extraditables en la Florida. Ahora hacen todo lo que esté a su alcance para acelerar el proceso y ser enviados lo más rápidamente para acogerse a las normas de sometimiento y llegar a un acuerdo con la fiscalía norteamericana".

Con la justicia estadounidense un arreglo favorable ya no es la excepción sino la norma, sólo hay que ver lo que sucedió con los implicados en la Operación Milenio. Todos, menos Fabio Ochoa, negociaron y están hoy libres.

Con el ex jefe del cartel de Cali suman 80 los colombianos extraditados en 2004. Por ser el año en que se extraditó el mayor número de colombianos, las autoridades optaron por enviarlos en grupos que calificaron como "jornadas masivas de extradiciones". En febrero fueron entregadas 13 personas. Entre abril y junio, 14. En agosto y septiembre, 21 y en octubre y noviembre, 31. En diciembre, Gilberto Rodríguez Orejuela.

A estas alturas no es aventurado decir que la extradición es un mecanismo del que se ha abusado y no necesariamente es más efectivo para impartir justicia. En Estados Unidos ha terminado en arreglos beneficiosos para muchos narcos, al crear distorsiones tales que una mula termina pagando más años de cárcel que un capo que ha exportando toneladas de cocaína. En Colombia, si bien su fantasma sigue asustando a muchos delincuentes, la utilización excesiva de este mecanismo con la disculpa de que la justicia no funciona, ha terminado paradójicamente debilitándola, pues muchos funcionarios en lugar de colaborar con ésta entregan las pruebas directamente a la justicia norteamericana para que se inicie un proceso en Estados Unidos. Además aquí también se da una gran distorsión y delincuentes como Simón Trinidad o Salvatore Mancuso terminan siendo solicitados en extradición por delitos mucho menos graves que los cometidos en el país. Al final, no termina resolviendo el problema del negocio de las drogas ni su violencia. Los resultados de las operaciones policiales y militares así lo demuestran.

Una lucha frontal

Y es que los éxitos son muchos. Durante la presentación del informe mundial de lucha contra las drogas, revelado en Washington a mediados del año, el jefe del Servicio de Análisis e Investigación de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen -Undcp-,

Sandeep Chawla, afirmó que "la producción mundial de cocaína cayó a su nivel más bajo desde los años 80", lo que a su juicio significa que "los esfuerzos que se han venido realizando en los últimos años, especialmente en Colombia, están dando resultados muy favorables" . De acuerdo con el documento de la ONU, "el descenso en el cultivo de coca registrado se atribuye a la intensa campaña de aspersión aérea, que alcanzó las 133.000 hectáreas en 2003, lo que equivale a un aumento del 2 por ciento en comparación con 2002" . Durante 2004 las labores de fumigación y erradicación, que de acuerdo con Undcp han sido uno de los pilares en la lucha contra el narcotráfico, superaron las 134.000 hectáreas fumigadas. Pero si bien la fumigación y sustitución de cultivos registró un aumento del 5 por ciento comparado con el año pasado, la lucha contra los otros eslabones que conforman la cadena del negocio del narcotráfico alcanzó durante este año cifras históricas.

Entre enero y el primero de diciembre de este año tan sólo la Policía decomisó 58 toneladas de cocaína en todo el país, lo que representó un aumento del 93 por ciento comparado con las 28 toneladas incautadas durante 2003. "La incautaciones fueron el resultado tangible de un cambio en las estrategias operacionales, que incluyó una cobertura en todo el país y el incremento sustancial en las labores de inteligencia", explicó a SEMANA el director de la Policía Nacional, general Jorge Daniel Castro. A las incautaciones de la Policía se suman otras 60 toneladas de droga que fueron decomisadas por la Armada Nacional en alta mar. Los decomisos de coca durante 2004 llegaron a la impresionante cifra de 141 toneladas, 36 por ciento más que el consolidado de 2003.

De acuerdo con Castro, parte de las razones que explican esos récords históricos de incautaciones radican en que tanto los carteles tradicionales como el del norte del Valle del Cauca, así como las Farc y los paramilitares, se vieron obligados a sacar la droga que tenían almacenada. Eso, sumado a los intensos operativos de la Fuerza Pública y la presión del despliegue del Plan Patriota en todas las regiones del país, terminó por cerrarles varias de las rutas habituales de exportación de la droga y varios cargamentos terminaron en poder de las autoridades.

Por otro lado, las autoridades lograron además llegar hasta regiones apartadas del país que se habían convertido en santuarios de las mafias. El resultado de esa ofensiva permitió la destrucción de 1.824 laboratorios para el procesamiento de drogas en todo el país, 31 por ciento más que las 'cocinas' destruidas el año anterior.

La lucha antinarcóticos no sólo arrojó resultados alentadores en el ataque a la cadena productiva. En 2004, como nunca, las autoridades lanzaron una ofensiva sin precedentes contra uno de los puntos más neurálgicos del negocio de la droga: las fortunas de los capos. Como resultado de esa estrategia, la Dijin y la Fiscalía ocuparon con fines de extinción de dominio cerca de 1.200 propiedades de narcotraficantes en todo el país. Tan sólo uno de estos operativos permitió que le fueran incautados a uno de los jefes del cartel del norte del Valle, Hernando Gómez Bustamante, alias 'Rasguño' , propiedades avaluadas en 100 millones de dólares. La cifra de bienes ocupados a la mafia durante el año superó en 710 por ciento la de los bienes que fueron confiscados durante 2003.

Mas allá de las estadísticas, que por sí solas revelan sin ninguna duda lo que ha sido el éxito de la lucha contra el narcotráfico, la persecución en contra de los grandes capos también tuvo resultados bastante significativos. Gracias, en gran parte, a la reactivación del Bloque de Búsqueda se logró golpear los brazos armados de dos de los principales jefes del cartel del Norte del Valle. Fue así como este año la Policía capturó a la mayoría de los miembros de los 'Yiyos', la principal banda de sicarios al servicio de Diego Montoya, alias 'Don Diego', y a casi todos los integrantes de los 'Machos', quienes conformaban el ejército privado de Wilber Varela, alias 'Jabón'. Las autoridades también consiguieron por primera vez penetrar y desarticular muchas de las temidas oficinas de cobro al servicio del narcotráfico. En uno de los últimos operativos contra esas estructuras fueron arrestadas a finales de noviembre 56 personas que hacían parte de una red que trabajaba simultáneamente para los narcos y los paramilitares en el sur del país. Aparte de labores sicariales, esa banda era una de las más grandes y activas en el lavado de activos al servicio de las autodefensas y los mafiosos.

Sin duda, la lucha ha tenido éxitos sin precedentes en Colombia en 2004. No obstante, las cantidades de droga que salen del país siguen siendo enormes, y prueba de ello es que los precios en los mercados de consumidores no suben.

Hace menos de un mes un informe de la Oficina en Washington para América Latina -Wola-, sorprendió al afirmar que la lucha contra las drogas en los últimos 25 años era un "fracaso". Su tesis se fundamentó en que el precio de la droga en las calles de Estados Unidos había caído a su nivel más bajo en la historia. Irónicamente, al menos en lo que corresponde a Colombia, existe una gran contradicción. Los enormes golpes a la producción de drogas deberían disminuir la cantidad que llega a los mercados internacionales y por tanto, su precio debería subir.

Habrá que ver si, como sostienen las autoridades, los golpes al narcotráfico han obligado a las mafias a salir de la cocaína que tenían guardada, y el año entrante ya no podrán seguir abasteciendo el mercado internacional como si nada. Entonces sí los consumidores verán escasear la droga. Otros analistas más escépticos creen que mientras el margen de utilidad siga siendo tan rentable, difícilmente se podrá acabar con el narcotráfico, y que aun si en Colombia se ganara la guerra, el negocio prosperaría en otras partes.

* Editora judicial y editor de Orden Público en SEMANA