Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 2001/08/27 00:00

La excomunión y la cárcel

Aunque la Corte tumbe el artículo que permite el aborto en ciertos casos, esta práctica seguirá siendo la segunda causa de muerte materna en el país.

La excomunión y la cárcel

El martes de la semana pasada hubo fuego en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Las llamas de una gran fogata, organizada por el cardenal Pedro Rubiano en representación de los máximos jerarcas de la Iglesia Católica colombiana para manifestarse en contra del nuevo Código Penal que flexibiliza en ciertos casos la penalización del aborto, iluminaron y calentaron durante dos horas la fría noche capitalina. Alrededor del fuego se reunieron unos 2.500 manifestantes, algunos de los cuales portaban cruces blancas o veladoras, mientras los Caballeros de la Virgen, cuyas ropas tienen cierto aire medieval, entonaban cánticos religiosos. Luego resonaron en la Plaza los testimonios de mujeres que habían decidido no abortar en diferentes situaciones.

La manifestación fue un hecho simbólico para apoyar la demanda que había interpuesto la Conferencia Episcopal ante la Corte Constitucional el lunes para tratar de tumbar el parágrafo del Código que tanto la mortifica. Unas cuantas líneas que autorizan a los jueces a no castigar o disminuir la pena en casos de aborto cuando esta práctica se realice para interrumpir un embarazo producto de una violación o de una fecundación no consentida por la mujer. Este punto le parece intolerable a la Iglesia, como lo demuestran las palabras de monseñor Fernando Sabogal, secretario general de la Conferencia, en la columna que escribió para Semana.com: “Lamentablemente nuestra cultura actual ha ido perdiendo conciencia sobre la gravedad del aborto, que debe producir horror por ser el asesinato del ser humano más inocente e indefenso, que a nadie ha ofendido ni puede ofender, que ni siquiera puede pedir auxilio con su llanto”.

La vigilia del martes fue diciente en relación con lo que ha sido el debate sobre el aborto en Colombia. La Iglesia estaba en la obligación de hacerla para recordarles a sus fieles la verticalidad de su posición doctrinal respecto a la defensa de la vida que la llevó a amenazar con la excomunión a quienes aborten, lo consientan o lleven a cabo este procedimiento. Sin embargo la poca asistencia de católicos al evento, en un país donde son mayoría, dejó en claro la posición pragmática que asumen los creyentes colombianos frente a estos temas. Las estadísticas demuestran que no condenan el aborto o lo hacen de dientes para afuera porque saben que llegado el momento nada los detendría, ni la amenaza de anatema de los sacerdotes o la de pagar con cárcel si están decididos a abortar.

Por eso es que muchas personas piensan que el debate de las últimas semanas, recurrente cada cierto tiempo en Colombia cuando se intenta hacer menos rígida la legislación que penaliza esta práctica, no conducirá a nada. Un médico gineco-obstetra, que realiza abortos desde hace 15 años, cree que la norma del Código sólo va a producir un gran impacto emocional en las mujeres y que lo que decida la Corte luego, bien sea que tumbe la norma o la mantenga, no va a cambiar la realidad nacional sobre esta materia. El médico, criado en un ambiente católico de pueblo y en consecuencia muy influido por la cuestión religiosa, está convencido de que “el aborto siempre ha estado despenalizado en Colombia. Vivimos de mentiras, de la doble moral. Para la Iglesia es más importante lo que está escrito en el papel que lo que pasa en la vida real de las mujeres. Me alegro muchísimo por ellas, por mí no. Yo seguiré siendo católico toda la vida y no me importa que me excomulguen unas personas que deben más cosas que yo”.



Realidad inequitativa

Las palabras de este médico son menos desafiantes de lo que parecen. Lo que dice es más producto de conocer muy de cerca la tragedia de los abortos mal hechos en Colombia, la segunda causa de mortalidad materna en el país. Porque si bien esta práctica siempre ha sido ilegal, eso no ha impedido que a diario se lleve a cabo en por lo menos 1.000 ocasiones. Es decir, que 365.000 colombianas abortan al año. Estas cifras son conservadoras e inexactas porque la clandestinidad en la que se llevan a cabo estos procedimientos impide llevar un registro preciso de lo que sucede en el país. Lo cierto es, según un completo informe sobre esta materia realizado por el Centro de investigaciones sobre dinámica social de la Universidad Externado, que el aborto es una costumbre usual en el país, que las jóvenes son el grupo que corre el mayor riesgo de acudir a ella y que en la base y en la cúspide de la pirámide social se encuentran la mayoría de las mujeres que abortan. Sin embargo las circunstancias a las que se ven enfrentadas unas y otras son totalmente inequitativas.

Una mujer de estrato alto que quiere abortar puede acudir a su ginecólogo de confianza, quien si no realiza el procedimiento puede remitirla a una costosa clínica especializada donde lo hacen con discreción, higiene y seguridad garantizadas. También puede viajar a Miami, sostiene el gineco-obstetra mencionado, que conoce muchos de estos casos, donde docenas de clínicas de aborto legales lo realizan cobrando entre 500 y 1.000 dólares, es decir, entre uno y dos millones de pesos. Una mujer de estrato bajo, en cambio, ante la falta de recursos económicos, tiene que ponerse en manos de cualquier tegua que le diga que puede hacerla abortar o acudir a centros de dudosa calidad e higiene, como los que allanó a comienzos de este mes la Policía en desarrollo de la denominada Operación Dignidad.

Los miembros del Grupo Humanitas que hicieron las investigaciones encontraron, por ejemplo, una ex enfermera de 80 años que practicaba abortos en su casa, sobre la cama en la que dormía, a cambio de 20.000 pesos. Una joven que la visitó para que le realizara el procedimiento murió después en el hospital como consecuencia de este hecho. El Ministerio de Salud dice que una mujer muere cada tres días por esta causa, razón de sobra para calificar este asunto como un problema de salud pública. La mayoría de las mujeres que mueren son pobres, al igual que las que son capturadas en flagrancia y castigadas por este delito. El año pasado una fue condenada a 12 meses por abortar y otra a seis meses por intentar hacerlo.

Hoy, con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, las cosas no han cambiado mucho pues éste no abolió la pena del aborto ni lo legalizó, pues todavía está consignado que la mujer que se lo haga y quien se lo practique pueden ser sentenciados con penas de uno a tres años de cárcel. Por eso la postura de la Iglesia puede ser muy válida en términos de su propia doctrina y el mensaje concordante que ésta les quiere enviar a sus feligreses. Pero las políticas de Estado siguen sin responder a una trágica realidad social de inequidad y muerte materna. Después del debate las cosas seguirán como siempre y los problemas de conciencia que el asunto puede provocar cada quién los solucionará como pueda. El gineco-obstetra tiene eso muy claro: “Creo en Dios y creo que está muy satisfecho con lo que estamos haciendo. Siento que soy un instrumento de Dios para ayudar a las mujeres”.

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