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| 4/21/2007 12:00:00 AM

La fibra íntima

Gustavo Petro hizo cuatro denuncias muy graves contra el Presidente y su familia. ¿Qué tan sólidas son?

En términos generales, la rueda de prensa del Presidente de la República el jueves pasado fue un gran éxito. Para los observadores políticos, el día anterior el triunfo había sido de Gustavo Petro. Su debate sobre el paramilitarismo en Antioquia estuvo bien documentado y sus denuncias le dieron la vuelta al mundo. Aunque el tono que el senador utilizó en el debate fue relativamente moderado, las conclusiones eran devastadoras: ejecuciones en las fincas del Presidente, hermano paramilitar, nombramientos paramilitares en las Convivir, helicópteros de la Gobernación de Antioquia en las masacres.

La defensa por parte de los ministros del Interior, Carlos Holguín, y de Transporte, Andrés Uriel Gallego, fue poco convincente. Unánimemente fueron criticados por no refutar puntualmente ninguno de los cargos, limitándose a elogiar la figura del Presidente y enlodar la de Petro con el trillado argumento de su pasado guerrillero. Para ser justos, era prácticamente imposible para los ministros hacer algo mejor. Para Carlos Holguín, a quien le tocó el primer turno, era muy difícil desmentir episodios macabros sobre los cuales no tenía ningún conocimiento.

Como sucede con frecuencia, la forma primó sobre el fondo. El debate de Petro fue extenso y repleto de detalles que pocos televidentes entendieron en su totalidad. Sin embargo, esa noche quedó el sabor de que en el pasado, en el entorno del Presidente sucedieron algunas cosas oscuras. A los dos días, con la rueda de prensa del primer mandatario, el efecto teflón volvió a relucir. Uribe quedó bien no sólo por frentear en vivo y en directo acusaciones tan graves, sino por la indignación que reflejaba, la convicción de lo que decía y la precisión de sus palabras. Su principal resbalón fue una referencia a los servicios de inteligencia militar y al director del DAS, Andrés Peñate, cuando afirmó que tenía evidencias de las acciones y conversaciones de sus opositores. Esto dejó la impresión de que el gobierno estaba recurriendo al espionaje de Estado, cargo que tuvo que desvirtuar Peñate al día siguiente, sin poder explicar a qué se refería el Presidente.

Las acusaciones graves contra el Presidente fueron básicamente cuatro. La más delicada giraba alrededor de dos fincas propiedad de su familia -La Carolina y Guacharacas-, las cuales supuestamente funcionaban como bases paramilitares desde donde se organizaban operativos de las Convivir y las autodefensas. También presentó Petro testimonios según los cuales allá tuvieron lugar ejecuciones de supuestos guerrilleros y se fraguó la desaparición de dos estudiantes. Uribe se defendió con el argumento de que los muertos en esas fincas fueron su padre y los mayordomos, quienes fueron asesinados por la guerrilla. Puntualizó que él y su familia llegaron a soluciones generosas para resolver problemas de tierras con un grupo de colonos. Dejó claro que hace casi dos décadas no tenía nada que ver con esas fincas y que se retiró de ellas definitivamente a mediados de los 90.

La impresión general entre la opinión calificada es que si bien lo que afirmó el Presidente es verdad, también es cierto que las fincas estaban ubicadas en el escenario del conflicto y que sin el consentimiento del Presidente pudieron tener lugar actividades irregulares propias de la guerra que se libraba en ese momento.

Las Convivir

El segundo cargo está relacionado con las Convivir. Petro denunció cómo varias Convivir habían acabado en manos de paramilitares y demostró cómo a algunas de ellas Uribe les había dado, como gobernador de Antioquia, la personería jurídica. Tres de los grandes jefes paramilitares, 'Chepe' Barrera, 'Monoleche' y 'Julián Bolívar', hicieron parte de estas cooperativas.

Uribe aclaró que el mito según el cual él se inventó las Convivir no es cierto. Simplemente las impulsó y registró la convicción con la cual lo hizo. Precisó que no toda la responsabilidad en la conformación de la Convivir estaba en el gobernador. Las Brigadas IV y II chequeaban los antecedentes de los integrantes y la Superintendencia de Vigilancia daba la autorización para las armas y ejercía control sobre las mismas.

Teniendo en cuenta que las Convivir desembocaron en el paramilitarismo cuando las metieron en cintura, no debería sorprender que varios de los pioneros de ellas sean hoy veteranos de las autodefensas. Al fin y al cabo, quien solicita entrar a una Convivir es una persona que decidió cargar un arma para enfrentar a la guerrilla. No se trata exactamente de pacifistas. Por lo tanto, es injusto juzgar retroactivamente, después de 13 años, situaciones que nadie podía anticipar.

Mientras al Presidente no se le demuestre que las personas a las cuales él les dio su bendición tenían para ese momento antecedentes judiciales es difícil achacarle cualquier responsabilidad. Más aun cuando en su defensa él demostró que cuando no había claridad sobre lo que sucedía, cerró algunas de ellas.

Lazos familiares

Lo que más afectó las fibras íntimas del Presidente fueron las acusaciones contra su hermano. Estas no son nuevas. Santiago ha sido asociado con un grupo de paramilitares conocido como Los Doce Apóstoles y otro denominado los R-15. Además de esto, está la famosa foto donde aparece con un grupo de caballistas que incluía a Fabio Ochoa, hoy condenado en Estados Unidos a 30 años de cárcel por narcotráfico.

Alrededor de la foto no hay que hacer demasiado escándalo. No sólo porque en Antioquia todo el mundo sabe que los Ochoa y los Uribe son dos dinastías caballistas que llevan medio siglo compartiendo ferias sino porque toda persona que se deja fotografiar en un sitio público siente que no tiene nada que ocultar. En 1985 los Ochoa eran considerados más narcos nuevos ricos que asesinos. Y había una ingenuidad y una tolerancia de la sociedad frente a lo que eso significaba.

Las otras denuncias son más complejas. Se refieren a los nexos de Santiago con organizaciones paramilitares que está demostrado que cometieron crímenes. Sobre esto, lo único que se puede decir es que la mayoría de los finqueros de Antioquia para la época simpatizaba con la idea de la autodefensa para contener a la guerrilla. El nivel de participación individual es difícil de establecer. En todo caso, Santiago fue investigado por la justicia y ésta hasta ahora no ha encontrado méritos para acusarlo.

El helicóptero

La cuarta denuncia grave de Petro se basa en un testimonio de Salvatore Mancuso según el cual en la masacre de El Aro, en Ituango, estaba presente un helicóptero de la Gobernación de Antioquia. Esta afirmación suena inverosímil. Aun si la Gobernación tuviera conocimiento de que se estaba llevando a cabo una masacre, y no quisiera evitarla, sería demasiado torpe ponerse en evidencia como testigo pasivo en un helicóptero amarillo reconocido por todos como el de la Gobernación.

Aunque el Presidente pasó un mal rato por cuenta del debate de Petro, es previsible que nada de lo mencionado anteriormente tenga consecuencias judiciales. Ninguno de los hechos lo incrimina directamente y las pruebas aportadas por Petro desde el punto de vista probatorio son insuficientes, pues se basan exclusivamente en testimonios. En estos casos con frecuencia se trata de la palabra de una persona contra otra, hasta que se consigan pruebas técnicas. Pero si bien judicialmente salió ileso, políticamente no lo hizo. El sólo hecho de tener que defenderse de acusaciones tan graves lo deja en una posición incómoda.
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