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1: Gustavo Villegas, exsecretario de seguridad de Medellín, a quién recientemente le imputaron los supuestos delitos de concierto para delinquir agravado y utilización indebida de información. Villegas no aceptó cargos. 2. Julio Perdomo, alias 'El Viejo', capturado en marzo pasado y señalado de ser cabecilla de La Oficina de Envigado y de la Odín Caicedo. Perdomo es desmovilizado de las Auc. 3. Edwin Tapias, desmovilizado de las Auc. Fue capturado en 2010 por los delitos de concierto para delinquir y otros. Actualmente no tiene orden de captura.

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La reunión entre el secretario de Seguridad de Medellín y un "vocero" de La Oficina

SEMANA conoció en exclusiva la foto de una reunión en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad de Medellín, en la que participaron los desmovilizados Julio Perdomo, Edwin Tapias y Mara Toro. Esta es la historia.

14 de julio de 2017

¿Cuándo empezaron las relaciones de Gustavo Villegas, siendo secretario de Seguridad de Medellín, con los desmovilizados Julio Perdomo y Edwin Tapias? Una respuesta puede ser esta fotografía tomada en las oficinas de la Secretaría de Seguridad —uno de los edificios más vigilados de la ciudad— y en la que aparecen en una reunión Villegas, Perdomo, Tapias, Mara Toro y dos integrantes de la corporación Sinergia.

1: Gustavo Villegas, exsecretario de seguridad de Medellín, a quién recientemente le imputaron los supuestos delitos de concierto para delinquir agravado y utilización indebida de información. Villegas no aceptó cargos.

2. Julio Perdomo, alias ‘El Viejo‘, capturado en marzo pasado y señalado de ser cabecilla de La Oficina de Envigado y de la Odín Caicedo. Perdomo es desmovilizado de las Auc.

3. Edwin Tapias, desmovilizado de las Auc. Fue capturado en 2010 por los delitos de concierto para delinquir y otros. Actualmente no tiene orden de captura.

Esta reunión, según conoció SEMANA, se concretó para empezar un proceso de sensibilización con jóvenes de los barrios periféricos, desvincularlos de los combos y así, abrirle pista a un proceso de acogimiento a la justicia a La Oficina de Envigado. Para entonces Perdomo y Toro no tenían orden de captura, era agosto de 2016.

Las relaciones entre los desmovilizados y el secretario empezaron en marzo de 2016 después de que la fiscal de Vida Alexandra Vélez, que había empezado un proceso de colaboración con la justicia por parte de Julián Andrey Gonzálaez, alias Barny, y Edison Rodolfo Rojas, alias Pichi, fuera removida de su cargo en circunstancias extrañas, entonces quien quedó con los contactos fue el mismo Villegas y en el escenario apareció Julio Perdomo, una especie de bisagra que articulaba el mundo legal y el ilegal, como ha argumentado la Fiscalía en las acusaciones al Secretario.

¿Pero quiénes son Perdomo y Tapias? Eran dos combatientes del bloque Cacique Nutibara de las AUC que se desmovilizaron bajo la ley de Justicia y Paz y sobre quienes en 2005 pesaban denuncias por parte de organismos de control, que señalaban que los dos, aprovechando su rol de reinsertados y miembros de la Corporación Democracia, se estaban apropiando de dineros públicos a través del presupuesto participativo para fortalecer sus estructuras criminales en la comuna 8, por entonces varias organizaciones los acusaron de amenazas y de desplazar a varios líderes comunitarios.

Fue así como en febrero de 2010 fueron capturados por los cargos de concierto para delinquir, desplazamiento forzado intraurbano, homicidio, constreñimiento y extorsión, cargos que aceptaron ante el Juez 16 Penal del Circuito con funciones de Garantías. Así terminaron en la cárcel, pagaron su condena y se convirtieron en gestores de paz, aunque en el mundo criminal de Medellín siempre se habló del poder que Perdomo seguía ostentando en un sector de la comuna 8.

Fue así como empezó la relación entre Perdomo y Villegas que según la Fiscalía llevó a una mutua colaboración: Perdomo ayudaba a que no extorsionaran las camionetas distribuidoras de la empresa de la familia de Villegas, ayudaba a que delincuentes se entregaran para aumentar los positivos en seguridad de la Alcaldía, daba información con fotografías sobre homicidas que se habían salido de la autoridad de los combos, y hasta ayudó a recuperar un carro que pertenecía a la Alcaldía y que fue hurtado en la comuna 6; a su vez, Villegas, a través del también acusado Mariano Zea, contratista de la Secretaría, puso en aviso a Perdomo sobre el cartel de los más buscados y sobre operativos dirigidos por la Policía y la Fiscalía desde Bogotá contra él.

Después de todo esto vinieron las capturas.  Julio Perdomo fue capturado el 15 de marzo por los delitos de concierto para delinquir y desplazamiento forzado, que realizó, según la Fiscalía, como jefe de la Odín Caicedo, estructura delincuencia de la comuna 8. Mara Toro fue capturada el 26 abril por, supuestamente, mover dinero de la banda La Terraza a través de la Corporación Guadalupe, según el informe policial, “contaba con una cédula y una tarjeta profesional de abogado falsas, y a quien según el informe de la Policía, se le encontró una cédula y una tarjeta profesional de abogado falsa, la cual  usaba para entrar a la cárcel y dar cuentas a sus jefes: Pichi, Barny, el Saya y Kener”.

Como comprueba esta foto conocida en exclusiva por SEMANA, las relaciones de Perdomo con Gustavo Villegas llegaban hasta las mismas oficinas de la Secretaría de Seguridad. Pero lo que queda en el aire de la foto es Sinergia, que es una organización de base ciudadana que nació en 2011, aunque en 2015 empezó a tomar fuerza y se ligó con la Comisión Interurbana de Reconciliación y Convivencia (CIURC) de la Arquidiócesis de Cali, finalmente en 2016 se constituyo legalmente. Según sus propios estatutos, el proyecto “se enmarca jurídicamente en torno a una agremiación de profesionales, líderes y organizaciones no gubernamentales, con experiencia y trayectoria en la generación y desarrollo de procesos para la defensa y promoción de los Derechos Humanos, que aportan a la reconciliación y la convivencia ciudadana para la seguridad integral y el desarrollo humano en el territorio nacional e internacional”.

Sus proyectos de reincorporación social han llegado hasta algunas cárceles de Perú, pero empezaron en la década de los 90 en la cárcel Bellavista de Medellín a manos del ahora coordinador General de Sinergia, Henry Holguín —que aparece en la foto al lado de Julio Perdomo—, quien hace más de veinte años perteneció a una de las bandas que Pablo Escobar quiso reclutar en la ciudad, sin lograrlo. Holguín estuvo en la cárcel y allí empezó el proceso de paz y convivencia de la Cárcel Bellavista, una propuesta que presentaron los internos y que fue aprobada por el gobierno de Ernesto Samper en diciembre de 1997 a través de la ministra de Justicia Almabeatriz Renjifo López, de la Comisión Penitenciria del Congreso, presidida por Benjamín Higuita. La propuesta terminó bajando la tasa de homicidios en la capital paisa.  

Así, con muchos años de trabajo en los barrios y en cárceles del extranjero, Henry Holguín empujó la creación de Sinergia, a la que terminó llegando Julio Perdomo buscando alianzas para empujar sus propios arreglos de paz. Sin embargo, después de la reunión que esta foto muestra, y que fue gestada por el mismo Perdomo, el panorama se oscureció para Sinergia, pues desde allí los mandaron a una reunión con Jorge Gaviria, quien dirigía el programa Paz y Reconciliación que depende de la Secretaría de Seguridad, y después de firmar un primer proyecto para trabajar con los jóvenes de los barrios periféricos, y que fue radicado, todo se perdió, nunca más los volvieron a consultar. Los de Sinergia, pese a que habían hecho un lanzamiento de su proyecto en el Concejo de Medellín, fueron dejados a un lado y el futuro proceso fue dirigido entre Villegas y Jorge Gaviria con ayuda de Julio Perdomo.

Jorge Fernando Gaviria tenía hasta hace dos días un contrato (al que renunció) con la Secretaría, a través del Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM) de una duración de 10 meses y 14 días por un valor de 81.085.267 pesos, cuyo objetivo, entre otras cosas, era “promover planes y propuestas de intervención a la población desmovilizada en proceso de reintegración social y económica que incluya a sus familias y comunidades receptoras” y “promover y coordinar la participación de las secretarías y entidades comprometidas con la prevención de la utilización y reclutamiento de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en grupos armados al margen de la ley”.

Este contrato hace parte del contrato administrativo número 4600069163 que se suscribió en enero con el ITM por 4.228.717.723 pesos con el objeto de “garantizar la continuidad de los procesos de reintegración social, económica y educativa para la convivencia, la paz y la reconciliación”. En estos contratos estaba una de las bases para el proceso de “reintegración” del que el ente acusador acusó a Villegas de fomentar sin la autorización del Gobierno Nacional y de la Fiscalía. En algunos de los supuestos chats citados en la imputación de cargos, Villegas le reiteraba a Perdomo de los beneficios que se obtendrían en este proceso.