La fuga de Morelli

El viernes 29 de agosto fue el último día de Sandra Morelli como contralora general de la Nación. En la mañana acudió a su despacho y fue despedida con flores y regalos por algunos funcionarios de esa entidad. Mientras en el interior del edificio había lágrimas y besos, en la calle miembros del sindicato y unos cuantos funcionarios celebraban el fin de su mandato con papayeras y pancartas que decían “cesó la horrible noche”.

Ese día no fue muy diferente a las últimas semanas en las que la funcionaria intentó infructuosamente presentar el balance de su gestión ante los medios de comunicación. Sin embargo, los periodistas, más que interesarse por sus resultados, insistían en preguntarle si acudiría el jueves a la audiencia citada por la Fiscalía en su contra. Visiblemente molesta por esos cuestionamientos, Morelli respondió que asistiría sin falta a las citaciones, pues no tenía la intención de eludir la Justicia saliendo del país.

Las preguntas de los periodistas no eran infundadas. Desde hacía varios meses existía el rumor de que la contralora usaría su ciudadanía italiana para irse a ese país ante el riesgo de que la Fiscalía le dictara medida de aseguramiento. El rumor tomó cada vez más fuerza por el enfrentamiento personal que ella sostenía con el fiscal general, Eduardo Montealegre.

Tocata y fuga

Pocos se atrevieron a pensar que Morelli, quien se convirtió en los últimos cuatro años en una especie de Juana de Arco para sus admiradores y de Juana la Loca para sus detractores, fuera a salir corriendo del país de la noche a la mañana. Juana de Arco porque había librado una batalla sin cuartel contra la corrupción en el caso de las grandes mineras, SaludCoop, el grupo Nule y muchas otras. Juana la Loca porque era un personaje pintoresco, con una lengua desbocada, muy pasional y cuya prioridad fuera de combatir la corrupción eran sus gatos.

Sin embargo, las especulaciones sobre su posible salida del país aumentaron cuando estaba sobre el tapete el tema de que Andrés Felipe Arias, Luis Carlos Restrepo y María del Pilar Hurtado habían pedido asilo en otros países argumentando excesos de la Justicia colombiana o incluso persecución política.

La contralora siempre negó que acudiría a esa estrategia. De hecho en no menos de tres oportunidades en las últimas dos semanas ratificó que se presentaría ante la Justicia y asumiría las consecuencias. Sin embargo, para ella las circunstancias cambiaron por lo cual cambió también su decisión.

Al filo de la medianoche de su último día como contralora, Morelli llegó a su casa en el norte de Bogotá acompañada de un nutrido grupo de escoltas, conformado por militares y miembros de la Policía. El jefe de su esquema era un oficial del Ejército que comandaba un grupo de soldados encargados de velar por la seguridad. Al llegar a su vivienda ese día, les dijo a sus escoltas que los esperaba a las 11 de la mañana del día siguiente. Misteriosamente a las cinco de la mañana el grupo de militares que la custodiaba fue retirado. Una hora más tarde Morelli salió del lugar en una camioneta particular acompañada de su único hijo, rumbo al aeropuerto Eldorado, donde abordó un vuelo hacia Estados Unidos y de allí otro hasta Roma (Italia).

Los escoltas de la Policía llegaron a la casa de Morelli a la hora que los había citado y estuvieron fuera de esta todo el día. Hacia las cinco de la tarde un suboficial del Ejército, que estaba en el interior de la residencia y era el encargado de la seguridad del sitio, salió y les dijo a los policías que la exfuncionaria había partido del lugar a las seis de la mañana. El desconcierto fue mayor pues hasta ese momento nadie daba razón de su paradero. El misterio y las especulaciones por su ubicación finalizaron el martes pasado.

Cartas desde Roma

Ese día, por medio de un extenso comunicado firmado desde Roma, Morelli justificó su huida con el argumento de que las investigaciones en su contra estaban viciadas por la falta de imparcialidad del fiscal, la cual no le permitió el derecho a la defensa y aprovechó una vez más para irse lanza en ristre contra Montealegre. “Es de conocimiento que, en su propia casa, el señor fiscal general, en alto grado de alicoramiento, brindaba por la forma magistral en que venía aniquilando y opacando a la contralora general… y que a la señora contralora general, se le montaría un carrusel de delitos, entre los que se contarían la celebración indebida de contratos, el enriquecimiento ilícito en favor de terceros, prevaricato, extralimitación de funciones y otros, que justificarán la prisión intramural y la consecuente entrega de su hijo menor al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.”, afirmó en la comunicación.

Pero lo que más la impulsó a dejar el país, según sus argumentos, fue el hecho de que “semanas atrás, se me advirtió el alto riesgo que corría de detención intramural pese a mi condición de madre cabeza de familia, que de darse una medida de seguridad se retirarían las medidas de protección existentes a mi señora madre y familia en general, por lo que quedaría por cuenta del Inpec, motivo por el que consideré conveniente salir del país, a lo sumo hasta tanto considere que realmente se está dando respeto a mis garantías procesales y a mis derechos fundamentales y a los de mi hijo menor de edad”, afirmó Morelli agregando que no era su intención evadir la Justicia.

Aunque sus apreciaciones sonaban algo exageradas, su partida generó una polémica nacional, pues se trataba de una de las funcionarias más importantes del país. El magistrado Fernando Bolaños, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, desvirtuó el jueves pasado sus argumentos para no comparecer a la diligencia de imputación de cargos: “Desde ningún punto de vista es admisible la excusa de la supuesta falta de garantías por presuntos enfrentamientos institucionales de la Contraloría con la Fiscalía, presuntos choques personales entre ella y el fiscal general de la Nación… Su rebeldía a comparecer ante las autoridades no se excusa cuando se antepone un supuesto miedo a la prisión, tema que bien puede ser solicitado por el fiscal general de la Nación si hubiere méritos, pero que en todo caso resuelve autónomamente un juez de control de garantías”, dijo el magistrado al cuestionar a Morelli y al declarar la contumacia, es decir que el proceso seguirá su curso normal y la ex contralora será juzgada como persona ausente.

Ese mismo día, desde Roma, Morelli envió al noticiero CMI una nueva comunicación en la que atacó una vez más al fiscal y cuestionó también al gobierno al afirmar que veía “con profunda desilusión el apoyo irrestricto del gobierno Santos, su más admirado gobernante, al fiscal general, hombre oscuro, corrupto y vengativo”. En esa nueva declaración la excontralora señaló también que el ministro de Justicia, Yesid Reyes, conoce “las actuaciones abusivas del fiscal y su mujer en materia de recobros en la Nueva EPS y por tal motivo debe declararse impedido”. Ese ataque al recién posesionado ministro puede tener que ver con las declaraciones que este dio en el sentido que la excontralora contaba con todas las garantías judiciales existentes.

La andanada de Morelli contra el fiscal no sorprendió a muchos. Desde hace más de un año es de público conocimiento el enfrentamiento que mantenían los dos altos funcionarios por cuenta de las investigaciones que Morelli adelantó contra Saludcoop y los cuestionamientos que ella hizo a Montealegre por haber asesorado jurídicamente a esa empresa antes de asumir su cargo como fiscal general y haber recibidos millonarios honorarios de la cuestionada EPS y sus directivos. Montealegre siempre ha negado con pruebas esa acusación que se basaba en asociar obligaciones contraídas anteriores a su posesión con pagos recibidos por su oficina después de su retiro.

Los violentos ataques de la excontralora contra Montealegre, como los de la semana pasada, se convirtieron en algo recurrente especialmente en los últimos 12 meses cuando comenzaron a consolidarse la media docena de investigaciones que adelantaba la Fiscalía contra ella.

Collar de perlas

Y es que el escenario judicial de la exfuncionaria no es nada fácil. La lista de investigaciones de la Fiscalía en su contra es larga y compleja, aunque algunos casos van más adelantados que otros. Uno de esos procesos es justamente por el que estaba citada el jueves de la semana pasada al Tribunal de Cundinamarca. Se trataba de presuntos delitos de peculado por apropiación y celebración indebida de contrato.

Ese caso tiene que ver básicamente con cuatro contratos que ella firmó, entre 2012 y 2014, para arrendar seis pisos de oficinas en el sector de Ciudad Salitre en Bogotá como sede de la Contraloría. La acusación señala que no se cumplió con los requisitos establecidos y que hubo sobrecostos al alquilar esas oficinas por un valor cercano a los 2.600 millones de pesos mensuales. Un informe de la Auditoría General determinó que esa decisión causó un detrimento patrimonial de 76.000 millones de pesos. Una segunda parte de ese proceso señala que para cambiar la sede Morelli habría autorizado vender el antiguo edificio de la Contraloría, en el centro de la capital, por 26.000 millones de pesos, un valor supuestamente inferior al del mercado. En cuestión de avalúos, las cosas nunca son blanco o negro, pero en todo caso esas diferencias se convirtieron en el eje de las acusaciones en su contra.

Morelli tiene otro proceso por violación ilícita de comunicaciones ya que, según la investigación, habría ordenado interceptar ilegalmente desde la Contraloría a un grupo de personas, entre los que se encontraban la periodista Cecilia Orozco y el abogado y columnista Ramiro Bejarano. Este cargo, sin embargo, nunca ha podido ser probado.

Un tercer proceso tiene que ver con una investigación por falsedad documental en procesos en los que por descuido se habría violado la cadena de custodia. Para que esto no se descubriera se habrían falsificado rótulos.

El cuarto caso en su contra es por el presunto delito de celebración indebida de contratos ya que, según las pesquisas iniciales, la Contraloría habría adjudicado directamente, sin licitación, una serie de contratos de consultoría. Por ese mismo delito tiene una quinta investigación ya que, según las denuncias, Morelli habría contratado a una serie de personas adscritas a su despacho, como secretarias, conductores, entre otros, adjudicándoles salarios con cifras muy superiores a las de otros funcionarios que cumplían esas mismas labores en la entidad.

Curiosamente de todos los cargos que se le imputan, el único que se ha probado y que ella ha reconocido es bastante insignificante, pero es delito. La contralora autorizó tanquear con gasolina oficial un carro particular que estaba al servicio de su hijo, con el argumento de que el menor no disponía de carros oficiales para su seguridad en ese momento. Este caso, junto con el del edificio arrendado para la nueva sede de la Contraloría, son los procesos que van más avanzados en la Fiscalía.

Varios de los demás procesos aún están en etapas preliminares o en plena investigación. De ser encontrada culpable de alguno de esos delitos las penas podrían oscilar entre los ocho y 15 años de prisión. La contralora, consciente de esa posibilidad, había afirmado que estaba dispuesta a aceptar la condena siempre y cuando fuera en detención domiciliaria por ser madre cabeza de familia. Y que al enterarse de que no podía obtener ese beneficio decidió salir del país. Ese argumento no es del todo cierto. Un juez de garantías escogido por reparto en una etapa posterior del proceso es quien decide en definitiva las condiciones de retención. Por lo tanto, como éste no estaba ni siquiera nombrado era imposible saber cuál habría sido su decisión.

Lo cierto del caso es que más allá del complicado panorama judicial que tiene por delante, el hecho de haber huido del país con el argumento de “una enemistad manifiesta” por parte del fiscal, le hace daño a su causa. Con su determinación de refugiarse en Roma quedó ante la opinión pública prácticamente en el mismo grupo de funcionarios prófugos en el que están Luis Carlos Restrepo, María del Pilar Hurtado y Andrés Felipe Arias.

Independientemente de toda su argumentación, la decisión de Morelli de eludir a la Justicia deja un mal sabor. Su denuncia de que el fiscal no puede ser imparcial en su caso por animadversión personal puede tener cierto fundamento aun si este se declaró impedido y el caso lo asumió el vicefiscal. Sin embargo, al estar su caso bajo la lupa de la opinión pública, era prácticamente imposible que sus temores se volvieran realidad. Al ser ella cabeza de familia con un hijo menor, era muy poco probable que terminara tras la rejas o que su hijo fuera enviado al Bienestar Familiar. Si eso llegara a suceder habría una indignación nacional que podría costarle el puesto a los que hubieran participado en esa decisión.

Por otra parte, es indudable que en el manejo que la contralora le dio a decisiones administrativas incurrió en descuidos, irregularidades o negligencias que pueden tener implicaciones penales. Tal vez no tantas como las que se le imputan, pero algunas. Sea como sea, su caso se suma al de otros personajes de la vida nacional que sin robarse un peso acaban en situaciones jurídicas que pueden costarles más años de cárcel de los que pagan los verdaderos hampones. Episodios como este tienen serias consecuencias en tres frentes. 1) Pone en tela de juicio la eficacia y proporcionalidad del sistema penal. 2) Crea un peligroso antecedente de que todo el mundo se puede volar para eludir la Justicia y 3) Hace cada vez más díficil que personas honestas quieran ser funcionarios públicos.