Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 2007/09/29 00:00

La galería de la para-política

Ya son más de 40 los parlamentarios investigados por presuntos vínculos con los paramilitares. Cómo se llegó a este escándalo sin precedentes.

La galería de la para-política

Cuando el martes 17 de enero de 2006 los directores del partido de La U, Juan Manuel Santos, y de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, anunciaron la expulsión de cinco congresistas por presuntos vínculos con paramilitares, parecía una acción algo temeraria: los políticos afectados habían sido fieles aliados del gobierno y aunque había rumores sobre sus relaciones non sanctas, eran apenas eso: puro chisme. Incluso la medida de Santos y Vargas fue calificada por algunos como precipitada. Hoy, tres de ellos -Dieb Maloof, Luis Eduardo Vives, Jorge Castro- están detenidos por la llamada para-política; otro -el representante Jorge Caballero- anda prófugo en Europa, y el quinto -el senador Habib Merheg-, está siendo investigado por lo mismo.

En el momento de la purga, se alcanzó a decir que eran casos aislados. Esos casos aislados hoy suman más de 40 parlamentarios, tras la decisión de la Corte Suprema la semana pasada de llamar a indagatoria a los senadores Mario Uribe (ver siguiente artículo), Vicente Blel y Luis Carlos Torres, y a los representantes a la Cámara Alfredo Cuello Baute y Álvaro Morón Cuello. Ni en el proceso 8000 -hasta ahora el escándalo político por excelencia de las últimas décadas- la justicia se había ocupado de tantos congresistas al mismo tiempo. Y de tantos gobernadores: hay dos detenidos -los de Magdalena y Cesar- y uno ex prófugo, Salvador Arana, de Sucre.

Ni los más fundamentalistas -aquellos que creen que todo el mundo es paramilitar- se imaginaban que en octubre de 2007 la mayoría de la dirigencia política tradicional de cuatro departamentos -Cesar, Magdalena, Sucre y Córdoba- estaría sub-júdice.

Es curioso que todo este escándalo de para-política posiblemente nunca habría llegado a estos niveles si no fuera por dos hechos: el allanamiento a una casa en Santa Marta en marzo de 2006 y la decisión de la Corte Suprema de desempolvar una investigación contra el senador Álvaro García. En el allanamiento se encontró el llamado computador de 'Jorge 40'. Allí había información sobre vínculos de varios políticos con el jefe paramilitar, que, en septiembre de ese mismo año, tuvo su primera consecuencia: fueron detenidos cuatro diputados de Sucre, cuyas voces habían sido grabadas por miembros de las autodefensas durante una reunión que sostuvieron con los políticos.

En octubre, la Corte llamó a indagatoria a García, al senador Jairo Merlano y al congresista Eric Morris. Aunque la investigación de la Corte era por hechos ocurridos muchos años antes, que el más alto tribunal de la justicia penal se 'metiera' con un político todopoderoso como Álvaro García fue como si se hubiera roto el dique de silencio donde se mantenía escondida la verdadera dimensión de la para-política. Al poco tiempo, la Corte y la Fiscalía General fueron inundadas de denuncias, de testimonios y de pruebas de vínculos de políticos y paramilitares. Hasta los mismos implicados no pudieron quedarse callados, como lo demostró con creces el senador Miguel de la Espriella, quien le contó al país de las reuniones clandestinas entre parlamentarios, dirigentes regionales y los comandantes de las autodefensas. Lo dijo con el desparpajo de un hombre convencido de que obró bien y dentro de la ley.

Que el senador De la Espriella esté hoy detenido, que sus justificaciones no hayan tenido eco entre los nueve magistrados de la sala penal de la Corte Suprema, es posiblemente la mayor prueba de que las cosas sí cambiaron en Colombia en este último año: que ya no es aceptable ser visto como amigo de los bandidos, aunque estos se describen a sí mismos como héroes nacionales.

Es diciente que casi todos los políticos aún declaran su inocencia. Alegan que fueron obligados, que no había otra opción que tratar con los jefes feudales armados. Hasta ahora, esa explicación no ha prosperado en la Corte. Tal vez por eso varios de ellos optaron por renunciar a su investidura, pedir a la Fiscalía que los investigue y esperar que un juez les dé la razón.

En Colombia cada vez que hay una denuncia, el afectado reclama: ¡Que me investigue la justicia! A los presuntos para-políticos, se les cumplió ese sueño, o más bien, esa pesadilla. Pero en un Estado de derecho, así debe ser.

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