Miércoles, 7 de diciembre de 2016

| 2003/10/13 00:00

La gota fría

La Contraloría confirma que las tarifas del servicio de agua y alcantarillado son demasiado caras en todo el país. El gobierno le pone freno a las alzas.

El Contralor General de la República, Antonio Hernández Gamarra, alborotó el avispero la semana pasada al divulgar un estudio sobre las tarifas que pagan los colombianos por el servicio de agua y alcantarillado. Y no era para menos, pues su principal conclusión es que, de no cambiarse las normas que regulan el tema, los habitantes de las cuatro principales ciudades del país pagarán sobrecostos por 688.000 millones de pesos entre 2003 y 2007.

La cifra surge de comparar lo que tendrán que gastar en agua y alcantarillado durante los próximos cinco años si sigue vigente el actual esquema de tarifas con lo que deberían pagar si se modificara la regulación. ¿Qué cambios pide el Contralor? Básicamente, que las empresas reduzcan levemente su rentabilidad y, sobre todo, que no puedan reflejar su ineficiencia en las facturas. Si tienen prestaciones sociales excesivas, o si no han hecho las provisiones para el pago de pensiones, ese es un problema de las empresas. Los usuarios no deben pagar en las facturas esos errores del pasado.

La magnitud de los sobrecostos sorprendió a los colombianos, pero no al gobierno. De hecho, los funcionarios a cargo del tema en la Comisión de Regulación de Agua Potable (CRA) están de acuerdo con lo que dice Hernández Gamarra. Así quedó consignado en un documento Conpes que aprobó el presidente Alvaro Uribe el 26 de septiembre pasado, en el que se propone hacer una revisión integral del esquema tarifario, que va incluso más allá de lo que propone la Contraloría. La idea, explican los funcionarios de la CRA, no sólo es impedir que se traslade la ineficiencia a los usuarios sino cerrar todas "las puertas y ventanas" para que las empresas no puedan incluir en las tarifas otros rubros que no tengan que ver directamente con la prestación del servicio.

Ahora muchos se preguntan si la corrección tarifaria traerá una disminución generalizada de las tarifas. Eso depende de la ciudad y del estrato. Lo más probable es que los estratos bajos no tengan disminuciones, pero sí menores aumentos hacia el futuro. Ocurre que en Colombia las empresas todavía subsidian el consumo de sus usuarios. Hasta hace unos años el subsidio era bastante grande, pero se ha ido disminuyendo. Para el estrato 1, por ejemplo, los acueductos del país en 1997 sólo cobraban, en promedio, 25 por ciento de lo que les costaba el servicio. Algo similar ocurría con los estratos 2, 3, y 4, y por eso no era ninguna sorpresa que la mayoría de las empresas enfrentaran dificultades financieras.

La ley de servicios públicos de 1994 les puso un límite a esos subsidios. Al estrato 1, por ejemplo, se le podría subvencionar como máximo 50 por ciento del costo del servicio. Como los subsidios no se podían eliminar de un día para otro empezó un período de transición que termina en 2005. Esto, en todo caso, ha traído un incremento dramático en las tarifas en todo el país, especialmente en los estratos más bajos, que eran los más subsidiados. En Bogotá, por ejemplo, las tarifas del estrato 1 acumularon un incremento de 232 por ciento entre 1997 y 2002, mientras que para Medellín este porcentaje fue de 202 y para Cali de 161 por ciento, según el informe de la Contraloría.

La otra cara de la moneda de este incremento fue que las empresas obtuvieron recursos para ampliar la cobertura del servicio. En la última década, en las 13 principales ciudades se llevó el servicio de agua a 1.200.000 hogares que no lo tenían antes. Las mayores tarifas, de otro lado, llevaron a la gente a racionalizar el consumo, lo que trajo beneficios ambientales.

En todo caso las tarifas ya se acercaron al límite que impone el bolsillo de las familias de menores ingresos, y el gobierno se dio cuenta de ello. En el plan de desarrollo estableció que el consumo básico de los estratos 1 y 2 no debería subir por encima de la inflación mientras haya suficiente plata para subsidiar. El gobierno reglamentará próximamente unos fondos para que, los alcaldes que los sepan aprovechar, puedan subvencionar el consumo de los estratos más bajos con cargo a las transferencias regionales de la Ley 715.

Más allá de lo que pase con los subsidios se avecinan cambios en las tarifas como tales. A fines de este año la CRA publicará un proyecto de regulación con unas nuevas fórmulas para fijar las tarifas, que dejarán por fuera algunas ineficiencias que hoy en día se le cobran al usuario. Estas se empezarán a aplicar el año entrante y le pondrán por fin el freno a las alzas de los últimos años.

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