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| 5/7/2011 12:00:00 AM

La grieta ideológica

El debate sobre si hay o no conflicto interno ubica a Juan Manuel Santos y a Álvaro Uribe en orillas diferentes de pensamiento. ¿Está Uribe librando una batalla inútil?

Entre Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe ha habido matices políticos y cambios de tono que muestran no solo sus diferentes agendas de gobierno, sino sus particulares talantes como líderes. Pero la semana pasada se abrió una verdadera grieta entre ambos, con el debate sobre la existencia o no del conflicto armado. Paradójicamente, los congresistas del Partido de la U impulsaron la idea de que en el texto de la ley de víctimas se incluyera la expresión "conflicto armado" como un marco que limitara el universo de los beneficiarios de la reparación. El interés era sobre todo detener el desangre económico del Estado si es que cualquier persona afectada por la violencia común podía ser incluida.

En principio, la frase no tiene mayores implicaciones jurídicas, puesto que, en el terreno de las normas, el conflicto se ha reconocido desde hace mucho tiempo. Tanto la Corte Constitucional en sus sentencias como las leyes vigentes de desplazados y desmovilizados parten de esta premisa. Y ni qué decir de los tratados y la jurisprudencia internacional, donde Colombia siempre ha sido tratada como una nación afectada por la guerra. Reconocer o no el conflicto no exime al gobierno, por ejemplo, de cumplir con las obligaciones en el campo humanitario.

La frase tampoco buscaba dar ningún mensaje político de legitimidad a las guerrillas, pues los gobiernos que precedieron a Uribe habían reconocido el conflicto armado y eso no significó nunca darles estatus de beligerancia a las guerrillas ni mucho menos dejar de combatirlas. Y la legitimidad que ellas quizá obtuvieron en la negociación del Caguán, en un contexto donde eran reconocidas como contraparte por el gobierno de Pastrana, es comparable con la que recibieron los grupos paramilitares en Ralito, aunque el gobierno de Uribe fue ambiguo sobre el estatus que les concedía a las autodefensas. Es decir, ni el rumbo de la paz ni el de la guerra cambian con la inclusión o la exclusión de la frase.

Pero la inmediata y desproporcionada respuesta del expresidente Álvaro Uribe ha puesto el tema en el terreno de la ideología y las legitimidades políticas. Uribe dedicó muchos esfuerzos en su gobierno a desterrar el término 'conflicto' del lenguaje oficial, y no se trata de un simple embeleco, sino de una visión de la política y de la guerra. Para Uribe no hay rebelión posible en una sociedad democrática como la colombiana, sino crimen y terrorismo. No obstante, casos como el de Gran Bretaña demuestran que aún en democracias sólidas puede haber disidencias violentas, como fue el caso del IRA, y que con reconocimiento retórico o sin él se puede llegar incluso a la negociación sin que ello signifique debilitar al Estado.

La idea de Uribe de que no hay conflicto inspiró su tesis de Estado comunitario y subyace en toda la política de seguridad democrática. En esta última, por ejemplo, se explica la existencia de grupos guerrilleros debido a la debilidad del Estado y no a la fricción de intereses e ideologías. "Uribe es un liberal del siglo XVIII cuya principal preocupación es la construcción de Estado, mientras Santos pertenece a una tradición liberal más contemporánea, que es la que nos ha gobernado", dice Jorge Giraldo, decano de Ciencias Humanas de la Universidad Eafit.

Por eso, este tema puede terminar siendo un primer pulso ideológico entre Uribe y Santos. Para el expresidente, como un asunto de principios por el que dará la batalla entre los más leales de la bancada de La U, buscando que sea el propio Congreso el que modifique el término en la recta final de la ley. Pero no será tan fácil. El próximo martes, el senador ponente Roy Barreras se reunirá con la bancada para discutir el tema antes de que se radique la ponencia, y le pidió al presidente Santos que los acompañe para "socializar" la discusión. La mayoría de juristas del país han respaldado la inclusión del conflicto como categoría; el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, se pronunció para decir que reconocer el conflicto contribuye a la aplicación del Derecho Internacional Humanitario y el embajador de Estados Unidos no le dio trascendencia al tema.

Para Santos, este no es un asunto ideológico, sino político. El presidente es pragmático, y si el término le pone un marco claro al universo de las víctimas y facilita la aplicación de la ley, pues debe quedar incluido. En segundo lugar, sintoniza al gobierno con la comunidad internacional, que había quedado estupefacta cuando el gobierno negó esta realidad, pero al mismo tiempo buscaba apoyo tanto para librar la guerra en el terreno militar como para la consolidación y la crisis humanitaria. En tercer lugar, a Santos le permite volver a usar un lenguaje netamente político, despojado de macartismo, para nombrar una realidad como la guerra interna, que a pesar de haber desaparecido de los documentos oficiales durante ocho años, sigue vigente. Y cuyo final no necesariamente será por vía militar.
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