Mal fin de semana para varios exdirigentes de La Guajira

La semana pasada terminó mal para la dirigencia política de La Guajira. El viernes se conoció una sentencia condenatoria de la Corte Suprema de Justicia contra el exgobernador Hernando Deluque Freyle (2001-2003). Ese mismo día se entregó, en la Fiscalía en Riohacha, la dos veces alcaldesa de Uribia, Cielo Redondo Mindiola, que estaba prófuga desde octubre del 2015.

¿Qué pasó con estos exdirigentes? La condena contra Deluque Freyle se produjo 13 años después de haber dejado el cargo, un periodo que no terminó porque el Consejo de Estado declaró nulas varias mesas de votación que habrían cambiado el resultado de la votación.

Por eso, el exmandatario seccional fue investigado y condenado por los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. Fue así como la Corte Suprema lo inhabilitó para ejercer funciones públicas y le impuso una multa de 140 millones de pesos.

El exgobernador, que sufre quebrantos de salud por problemas respiratorios asociados al tabaquismo, fue trasladado al búnker de la Fiscalía en Bogotá, donde permanecerá mientras lo remiten a un sitio de reclusión para funcionarios públicos.

En su página de Facebook, Deluque escribió una breve declaración en la que protesta por la condena, pero como “respetuoso del estado de derecho” acata el fallo de la Corte Suprema. Se trata del segundo exgobernador guajiro en ir a la cárcel por una condena en firme por parte de ese tribunal.

Actualmente purga una condena en la cárcel de El Bosque de Barranquilla el exgobernador José Luis González Crespo y se encuentra en juicio por los presuntos delitos de homicidio el exgobernador Juan Francisco ‘Kiko‘ Gómez Cerchar.

Se entregó Cielo Redondo

El mismo viernes en horas de la tarde se conoció la entrega en las instalaciones del CTI de la Fiscalía de la exalcaldesa de Uribia (La Guajira), Cielo Redondo Mindiola, que se encontraba prófuga desde los primeros días de octubre pasado.

Fue dos veces alcaldesa de Uribia (2001-2003 y 2007-2011). Luego, impuso a sus dos sucesores, los exalcaldes Marcelino Gómez y Abel Giacometto Fuminaya. Y, como si fuera poco, es la madre del actual alcalde Luis Enrique Solano Redondo.

Redondo, el exsecretario de asuntos indígenas Reinaldo Velásquez y el secretario de asuntos jurídicos Erwin Cotes, así como los excontratistas Camilo Polo González y Dailimet Toro (aún prófuga), son investigados por irregularidades en un contrato de educación por 30.000 millones de pesos.

Ellos tendrán que responder por los presuntos delitos de concierto para delinquir en concurso con peculado y falsedad en documento privado.

Cuando la exalcaldesa Redondo se entregó a las autoridades y le leyeron los delitos, perdió el conocimiento y fue trasladada de inmediato a la Clínica Renacer de Riohacha. Apenas este lunes, tres días después de su entrega, un juez de control de garantías accedió darle el beneficio de casa por cárcel.

Sin embargo, estos no son los únicos pecados de Redondo. Según fuentes de la Fiscalía, la exalcaldesa también es investigada por colaborar con la financiación de paramilitares del bloque Resistencia Wayúu.

Hay más

Pero estos no son los únicos funcionarios de Uribia involucrados en actos contra la administración pública. Meses antes fueron detenidos el exalcalde Marcelino Gómez, el exsecretario de gobierno Elías Deluque; María de los Remedios García Arpushana, la jefa de la mesa de concertación wayúu, donde se deciden los contratos de alimentación, vivienda y educación con recursos que llegan directamente al resguardo indígena.

Además, la exsecretaría de obras durante 14 años y actual contratista Marbelis Suárez, es investigada por el homicidio de Manuel Afanador, hermano del exconcejal Enrique Afanador.

También se encuentran bajo indagación, por presuntos actos de corrupción, el exalcalde de Albania, Jean Keller Hernández, exconductor y exescolta de Oneida Pinto, elegido con el apoyo de la actual gobernadora.

Hernández también estaría involucrado, junto con el exasesor de Salud del municipio Carlos Arturo Gómez Ovalle y media docena de funcionarios más por presuntas irregularidades en un contrato de alimentación escolar por valor de 18.600 millones de pesos en el 2011.

Además, en 2015 habían sido capturados y separados de sus cargos como alcaldes por delitos contra la administración pública, Francisca Freyle Guillén, exacaldesa de Manaure, y Eurípides Pulido, exalcalde de Maicao.